El pésimo funcionamiento de la Oficina de Extranjeros de Valencia y el incumplimiento por parte de la Policía Nacional de la legislación sobre el proceso de regularización de inmigrantes están lesionando los derechos legales del colectivo de extranjeros que han recurrido el dictamen sobre regularización y/o que aún no han obtenido respuesta administrativa sobre la resolución del expediente
En el País Valenciano, a pesar de lo que afirma la Delegación de Gobierno, el proceso de regularización de inmigrantes no ha finalizado. Y es que, tal y como ya ha denunciado públicamente la Confederació General del Treball, los problemas en la Oficina de Extranjeros de Valencia tienen como consecuencia que centenares de peticiones de regularización aún estén en trámite y que miles de recursos interpuestos por inmigrantes a quienes se les había dado una respuesta desfavorable a su solicitud no hayan obtenido a estas alturas una respuesta administrativa.
Este hecho, que condena a la indefensión y alegalidad a multitud de trabajadores extranjeros, se agrava aún más cuando, desde hace un par de semanas, la Policía Nacional ha empezado a instruir y ejecutar la ejecución de expulsiones de inmigrantes que, a instancia de la legislación, están esperando aún una respuesta por parte de la Oficina coordinada por la Delegación de Gobierno.
La propia normativa para la regularización especifica que cuando existe un recurso interpuesto y no hay una resolución notificada por parte de delegación quedan paralizados los trámites de expulsión. Lo que la Policía Nacional está haciendo en este momento, probablemente cumpliendo órdenes, es iniciar la expulsión de aquellos inmigrantes que aún no tienen concedida oficialmente la regularización (porque se haya interpuesto un recurso de reposición ante una denegación) y para verificarlo se basan en la información del Ministerio de Administraciones Públicas sobre el estado de resolución del expediente. Lo que la Policía Nacional está contraviniendo así es la disposición según la cual los datos proporcionados en la consulta “tienen mero carácter informativo y no sustituyen a la resolución correspondiente en ninguno de sus efectos administrativos o de cualquier otro tipo”.
Desde CGT se hace un llamamiento para que cesen lo antes posible las órdenes de expulsión, para que se cumpla, al menos, una ley muy insuficiente pero que en este caso limita las expulsiones indiscriminadas y para que la Oficina de Extranjeros de Valencia funcione adecuadamente y garantice un trato no discriminatorio hacia los inmigrantes.
Para más información : 96 313 43 53
Gabinete de Prensa CGT-PV
Fuente: Gabinete de Prensa CGT-PV
