La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de su Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP), ha anunciado el inicio del proceso de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Administración General del Estado a reservar plazas para personas con discapacidad en procesos de selección. La negativa de la Administración a cumplir con lo dispuesto en la sentencia deja a CGT sin otra opción que actuar en defensa de los derechos de los trabajadores y del colectivo de personas con discapacidad.
Madrid, 7 de octubre de 2024 — La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado públicamente el incumplimiento por parte de la Administración General del Estado de la sentencia núm. 1273/2024 del Tribunal Supremo, emitida el pasado 16 de julio. Esta sentencia declara la nulidad del Real Decreto 408/2022 en lo referente a la ausencia de reserva de plazas para personas con discapacidad en procesos selectivos cuya modalidad es el concurso, lo cual incumple lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público.
La sentencia ordena la corrección de esta discriminación mediante la reserva de un cupo específico para personas con discapacidad y, pese a haber notificado a la Administración su obligación de cumplir con lo dispuesto, la respuesta obtenida ha sido insuficiente y, hasta el momento, la parte demandada no se ha puesto en contacto con la parte social, llevando a la CGT a anunciar que no queda más remedio que iniciar el proceso de ejecución judicial de la sentencia.
“Lamentamos profundamente que la Administración siga ignorando un mandato judicial tan claro y necesario para garantizar la igualdad de oportunidades”, ha declarado un portavoz de la FETAP. “Esta situación nos obliga a actuar con firmeza para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados en el acceso al empleo público”.
La CGT subraya que la reserva de cupo para personas con discapacidad no solo es un mandato legal, sino una cuestión de justicia social. El incumplimiento continuado de la sentencia del Tribunal Supremo supone una violación de derechos fundamentales y una falta de compromiso con la inclusión y la igualdad de acceso al empleo.
La organización sindical, que representa a miles de trabajadores de las Administraciones Públicas, ha reiterado que el proceso de ejecución de la sentencia no es solo una cuestión legal sino un paso imprescindible para acabar con la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Solicita que la administración aumente el número de plazas ofertadas para cumplir con el cupo de discapacidad, y así cumpla con lo ordenado, evitando prolongar una situación injusta y discriminatoria que afecta a un colectivo vulnerable.
FETAP CGT insta a la Administración a cumplir con la legalidad y evitar que se agrave el conflicto judicial, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores públicos y, en particular, de las personas con discapacidad.
Fuente: FETAP-CGT
