El pasado 2 de abríl se publicaba en el BOE un paquete de medidas para, entre otras cosas, “mejorar el funcionamiento de los servicios postales y de transportes” y, dentro del mismo, lo que han denominado “la estrategia de participación del estado en el sector público empresarial” que, en un plazo de 3 meses, deberá presentar el ministerio de Economía y Hacienda a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Según se cita textualmente en dicho BOE “el objetivo es evaluar la participación del estado en cada una de las empresas integradas en la cartera de SEPI y Patrimonio, definir una estrategia de futuro y proponer, en su caso, las medidas de privatización que se estimen oportunas con un calendario de actuación”. (Correos es una de las empresas públicas incluidas dentro del Patrimonio)
El pasado 2 de abríl se publicaba en el BOE un paquete de medidas para, entre otras cosas, “mejorar el funcionamiento de los servicios postales y de transportes” y, dentro del mismo, lo que han denominado “la estrategia de participación del estado en el sector público empresarial” que, en un plazo de 3 meses, deberá presentar el ministerio de Economía y Hacienda a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Según se cita textualmente en dicho BOE “el objetivo es evaluar la participación del estado en cada una de las empresas integradas en la cartera de SEPI y Patrimonio, definir una estrategia de futuro y proponer, en su caso, las medidas de privatización que se estimen oportunas con un calendario de actuación”. (Correos es una de las empresas públicas incluidas dentro del Patrimonio)
Todo ello dentro de la locura propiciada por el neoliberalismo europeo y avalada por gobiernos (tanto los de derechas como los que se dicen de izquierdas) y sindicatos mayoritarios ; fomentando, a través de sus directivas y su constitución (refrendada únicamente por 1/3 del electorado del estado español), la lógica irracional de la competitividad, el incremento de la productividad de los trabajadores y el beneficio empresarial.
Precisamente con ese argumento la Subdirección General de Regulación de los Servicios Postales ha encargado a la empresa Deloitte una memoria del sector postal en la que figuran cuales son las líneas de Correos y del resto de operadores privados para su posicionamiento en el mercado y el aumento de la productividad y los beneficios empresariales.
En dicha memoria, y en lo relativo a Correos destacar la mala calidad del servicio, a años luz de la del resto de la U.Europea ; a pesar de lo cual sin ningún pudor señala el alto coste en gastos de personal (aunque la plantilla se haya reducido en más de 1700 trabajadores desde 1995) y la baja productividad (debida sobre todo a la falta de ingresos en materias como marketing, publicidad directa, envios internacional o mensajería). A esto y a lo expuesto en los dos primeros párrafos se uniría la participación privada en los Correos de Alemania, Holanda (mayoritaria) e Irlanda y la previsible venta de acciones en Bélgica e Italia.
En CGT entendemos que el gobierno, en lugar de crear incertidumbre, debería dar las garantías suficientes de que Correos va a seguir siendo un servicio público de titularidad pública y, hasta ahora, cada paso que da no hace más que crear más inseguridad entre el colectivo.
Para muestra un botón y, en ese sentido, el gobierno del PSOE sigue con la política de destrucción de servicios propios y externalización de los mismos poniendo ahora en la picota la RED DE TELECOMUNICACIONES DE CORREOS, estando previsto se licite para los próximos 5 años los servicios de telefonía e internet de Correos y Chronoexprés, por el módico precio de 109,4 millones de euros (unos 18.000 millones de las antiguas pesetas), siendo esta una situación irreversible que acabará con la última red de telecomunicaciones de titularidad pública.
La política continuista del gobierno actual en temas económicos y la nula respuesta sindical a este modelo nos deja en una situación poco clara en cuanto a la estabilidad y los derechos del colectivo.
Desde CGT queremos dejar muy claro que las privatizaciones no responden a exigencias europeas (que permiten pero no obligan), apostamos firmemente por el mantenimiento de los servicios públicos y denunciamos que su desmantelamiento responde únicamente a la aceptación por parte de algunos de la lógica empresarial.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, y GARANTÍAS DE ESTABILIDAD
PARA CORREOS Y SUS TRABAJADORES YA.
CGT -Correos y Telégrafos
