Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciamos el enriquecimiento obtenido por la venta de armas entre los Estados represores así como la represión de las movilizaciones pacíficas con armamento “Made in Spain”. Entre otras acciones, defendemos la Objeción fiscal para dejar de financiar los gastos militares con nuestros impuestos, así como las movilizaciones públicas contra la fabricación y tráfico de armas.
El Estado español, a pesar de haber suscrito el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en abril de 2014, continúa en 2021 vendiendo armas a países que violan de forma sistemáticas los derechos humanos contraviniendo dicho Tratado.
El Estado español, a pesar de haber suscrito el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en abril de 2014, continúa en 2021 vendiendo armas a países que violan de forma sistemáticas los derechos humanos contraviniendo dicho Tratado.
Como muestra, el asesinato de Haykal Rachdi o las graves lesiones en Aymen Mahmoudi, ambos jóvenes tunecinos que participaban en las protestas sociales del mes de enero. Tal y como denuncia Amnistía Internacional en un comunicado, tanto ellos como población civil en sus casas fueron atacados con botes de humo fabricados en el Estado Español con el beneplácito (autorización) de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU).
A pesar de que se le han pedido explicaciones al Gobierno y que éste ha confirmado la venta de los botes de humo al Gobierno de Túnez en 2019, no se ha comprometido a cumplir con el citado Tratado que obliga a exigir unas estrictas garantías de uso final.
Desgraciadamente no es un caso aislado, desde Amnistía Internacional han documentado su uso en una protesta pacífica de solicitantes de asilo ante un centro administrado por el ACNUR, en la localidad de Medenine y en el Instituto de Tecnología Médica de la Universidad El Manar de Túnez capital. Pero el lucro ibérico no se limita a la venta de botes de humo a Túnez, también vende grilletes de doble cierre a empresas privadas de Estados Unidos, al Estado de Chile, o material antidisturbios a Perú o Colombia. Estados denunciados tanto por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el uso inadecuado y desproporcionado de la violencia de Estado.
En este comunicado no nos ocuparemos de quiénes son los “comerciales” de la venta de armas españolas a Arabia Saudi, Emiratos Árabes, Israel u otros “Estados amigos” de la familia Borbón. Aunque sí aprovechamos para manifestar nuestro apoyo a Pablo Hasel, a exigir la derogación de la Ley Mordaza y a reclamar al Estado que garantice la libertad de expresión.
Desde CGT exigimos al Gobierno transparencia, coherencia y responsabilidad en sus acciones. Las muertes producidas por la violencia policial con armas fabricadas y autorizadas a exportar por parte del Gobierno también son responsabilidad del Estado. Si bien no estamos de acuerdo con el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), exigimos al Gobierno que se responsabilice de investigar el uso de las armas que vende y se responsabilice de los asesinatos fruto de la violencia de Estado que genera la venta de armas.
Salud,
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
