Han pasado ya muchos meses desde que la Diputación Provincial de Huesca anunciara a bombo y platillo la creación del servicio provincial de bomberos, como si de una medida de gracia se tratara, cuando tras 34 años de incumplimientos, es el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el que le obliga a ello. Pero tras las noticias de la creación de más de cien plazas nada sabemos todavía de su convocatoria ni de la transferencia de personal de las comarcas, que tan en vilo tienen a decenas de trabajadores de la provincia que continúan realizando su trabajo en una situación de precariedad total, lo que pone en grave riesgo a los ciudadanos de toda la provincia de Huesca y a los trabajadores intervinientes, tanto por los tiempos de respuesta como por el número de efectivos, así lo demuestran los últimos siniestros en Saravillo o Benasque.
Tampoco se conoce todavía el plan director del nuevo servicio, el cual tiene que marcar algo tan importante como el número de parques, sus ubicaciones, las dotaciones y los turnos de trabajo de los bomberos. Esperamos que este retraso no se deba a presiones políticas para la distribución de los parques de bomberos y sean criterios técnicos los que prevalezcan, ya que el ejemplo de fracaso de los sistemas comarcales no puede volver a reeditarse en el nuevo sistema provincial.
Tampoco se conoce todavía el plan director del nuevo servicio, el cual tiene que marcar algo tan importante como el número de parques, sus ubicaciones, las dotaciones y los turnos de trabajo de los bomberos. Esperamos que este retraso no se deba a presiones políticas para la distribución de los parques de bomberos y sean criterios técnicos los que prevalezcan, ya que el ejemplo de fracaso de los sistemas comarcales no puede volver a reeditarse en el nuevo sistema provincial.
Con todas estas incertidumbres, esta semana conocíamos la noticia del acuerdo entre la Asociación de Tropa y Marinería Española, A.T.M.E., y la Diputación Provincial de Huesca para la reserva de ocho plazas de oficial de bomberos, puesto de la escala de mando, para militares de la Unidad Militar de Emergencias, U.M.E. Esta situación nos parece indignante y una falta de respeto a todos los trabajadores de la provincia que llevando años trabajando en una situación de precariedad total ve como la Diputación va “regalando” plazas a personal ajeno a los servicios de bomberos, y como los militares, gozan de unos privilegios que se niegan al resto de trabajadores,
ya que a día de hoy, no existe la movilidad entre administraciones, ni reserva de plazas en los servicios de bomberos de Aragón.
Se da por hecho que la UME acumula gran experiencia en emergencias, cuando entre el personal que trabajamos en los siniestros, sabemos que no hay un servicio menos operativo y más caro, con relación a las intervenciones efectuadas y los millones gastados, y que además sus costosas intervenciones no salen gratis, el ejercito pasa astronómicas facturas a las Comunidades Autónomas donde intervienen. Con la mitad del presupuesto de la UME, 134 millones de euros, se arreglarían los problemas de todos los servicios de emergencias del estado español.
Desde CGT nos preguntamos que si la DPH quiere contar con profesionales formados en incendios, ¿por qué no cuentan con los bomberos forestales que tan maltratados están siendo por el Gobierno de Aragón? ¿Por qué no cuentan con todos los trabajadores de las emergencias de la provincia? ¿Se va a respetar la legalidad para el acceso a los servicios de bomberos como marca la ley del fuego?
En las raíces de nuestro sindicato está el antimilitarismo, por lo que vemos con preocupación e indignación el trasvase de recursos económicos, materiales y humanos de las administraciones aragonesas, y en concreto destinados para bomberos, al ministerio de defensa. El ayuntamiento de Huesca decide renunciar a la reversión de terrenos donde se instala el actual cuartel Sancho Ramírez, al tiempo que cede los terrenos donde se iba a construir el nuevo parque de bomberos, una instalación imprescindible para la ciudad debido al lamentable estado de las actuales dependencias municipales. A su vez, el ejercito le exige al ayuntamiento que adquiera una parcela colindante y se la ceda de forma gratuita, generando una chantaje inaceptable de una administración, como es el ejercito, con un presupuesto de 8.453 millones de euros, a un ayuntamiento con un presupuesto de unos 50 millones de euros y con poco más de 5 millones de euros de inversión anual. Finalmente el desembolso de más de dos millones corre, en su mayoría, por el Gobierno de Aragón, detrayéndolo de otras partidas de dinero de los aragoneses.
Parece que dirigentes políticos como Javier Lamban, Miguel Gracia o Luis Felipe pertenezcan a la legión más que al partido socialista obrero español, ya que les preocupa más su relación con el ejército que la seguridad de los ciudadanos altoaragoneses y de sus bomberos.
Por eso desde CGT solicitamos:
– La puesta en marcha inmediatamente de las convocatorias para cubrir las vacantes del nuevo servicio provincial.
– La finalización del proceso de absorción del personal de las comarcas para el nuevo servicio.
– La publicación del plan rector con criterios técnicos y no políticos.
– La firma del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Huesca y la DPH para posibilitar poder atender dos salidas simultaneas desde el ayuntamiento de Huesca.
– Romper el acuerdo adquirido de reserva de plazas para miembros del ejército.
– Detener el trasvase de dinero, patrimonio y favores de las administraciones aragonesas al ministerio de defensa.
– CREACIÓN DEL SERVICIO ARAGONES DE BOMBEROS
Por todo ello animamos a los trabajadores que no se queden callados y que se unan a CGT para luchar por un futuro justo y necesario para este territorio
PORQUE CON LA UNIÓN Y LA LUCHA TODO ES POSIBLE
Fuente: CGT-Huesca
