La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia la manipulación de los lobbies empresariales de las grandes infraestructuras y proyectos destructores del territorio, de los recursos naturales y de las personas, y sale en defensa de los controles públicos de dichos proyectos ejercidos por personal funcionario público, profesional e independiente
La Confederación General del Trabajo (CGT) advierte que la sostenibilidad, concretamente la energética, no se puede conseguir a costa de la destrucción del territorio de todos, y sobre todo, siguiendo por el camino del “crecimiento” sin límites que, por definición, es insostenible.
La CGT denuncia las agresiones al territorio y a las personas y, en definitiva, a la sostenibilidad de los recursos, de los proyectos empresariales financiados con millones de euros de fondos públicos, europeos, estatales, autonómicos y locales, y de proyectos públicos aberrantes, como es el caso de la ZAL y la ampliación del puerto de València.
En concreto, denunciamos la campaña de manipulación de los lobbies empresariales del sector energético, de la automoción eléctrica (léase Wolkswagen y Ford por ejemplo) y otros como el de la construcción y especulación inmobiliaria, que están lanzando continuos ataques y agresiones hacia aquellos colectivos que plantan cara a sus intereses desbocados, especulativos y destructivos.
Recientemente, el sector empresarial de las grandes instalaciones fotovoltaicas ha amenazado con reclamar indemnizaciones millonarias contra el personal funcionario y cargos públicos que, según ellos, “obstaculicen” arbitrariamente la obtención de las autorizaciones administrativas correspondientes (https://www.levante-emv.com/economia/2022/12/02/funcionarios-enfrentan-pagos-millonarios-bloqueo-79393092.html “Los funcionarios se enfrentan a pagos millonarios por el bloqueo de las renovables. El informe de Andersen sobre la posile reclamación de mil millones a la Generalitat focaliza en los trabajadores públicos y sus jefes el cobro del dinero por las decisiones arbitrarias”).
Quieren acabar ”a las bravas” con el control público de sus actividades, función que corresponde a personal funcionario profesional e independiente. La interpretación de las normas corresponde a la Administración competente, y lo de la arbitrariedad es un concepto tan indeterminado que conviene dejarle claro a los empresarios que tendrán que probarlo, lo que no hacen, simplemente porque las decisiones funcionariales están motivadas en una interpretación que no les gusta, y que se basa en la legislación que todavía ampara la protección del territorio, del medio ambiente y de las personas.
La CGT advierte al capital que deje de amenazar y presionar, al más puro estilo mafioso, al personal funcionario profesional, que todavía sigue siendo el único resquicio de independencia dentro de la Administración Pública, que vela por el cumplimiento de la legalidad y el interés general.
Personal que trabaja, además, en la más absoluta precariedad de recursos, precisamente gracias a las tesis ultraliberalizadoras y privatizadoras que están ahogando el funcionamiento administrativo, recortando los recursos humanos de forma constante, con el fin de acabar con los controles públicos independientes, y poniendo en serio riesgo el control del funcionamiento de actividades de riesgo, o actividades que dañan el medio ambiente, que destruyen el territorio, el paisaje y todo lo que se le ponga por delante del capital salvaje e insaciable.
También denunciamos el colaboracionismo con los intereses privados de determinados partidos políticos supuestamente de izquierdas con responsabilidades de «gobierno», y el silencio cómplice de los sindicatos a su servicio que, frente a estas presiones intolerables sobre el ejercicio independiente de su función pública, han decidido abandonar los colectivos funcionariales.
Y denunciamos la manipulación de la mayoría de los medios de comunicación, que difunden las tesis del desarrollismo desmesurado en beneficio de unos pocos, escondiendo conscientemente las voces científicas defensoras de que el único camino posible es poner fin al crecimiento capitalista ilimitado, destructivo e insostenible y comenzar una transición absolutamente urgente hacia un sistema económico y social respetuoso con la naturaleza, el medio ambiente y las personas.
El sector de la construcción y la especulación inmobiliaria es otro sector que ejerce una enorme presión y manipulación sobre el personal de las Administraciones Públicas.
Recientemente, la CGT en el Ayuntamiento de Valencia tuvo que salir al paso de las declaraciones del presidente de la llamada Asociación de afectados por los retrasos de las licencias en València, Aflival (https://valenciaplaza.com/entrevista-alfredo-burgera-aflival. https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/-plataforma-afectados-licencia-valencia-20221108120408-nt.html), y exigió su rectificación inmediata por atentar contra la independencia funcionarial en el ejercicio de sus funciones de velar por el cumplimiento de la legalidad y la satisfacción de los intereses generales.
Sus recientes declaraciones descalificando al personal funcionario, sin aportar ningún dato cierto y concreto que lo justifique, merecieron la más absoluta repulsa por parte del sindicato.
El sindicato advierte que no va a tolerar ninguna injerencia en la independencia funcionarial y va a estudiar el ejercicio de acciones contra la reiterada actitud de intereses corporativos que pretenden presionar de una forma intolerable al personal con tal de conseguir la inaplicación de la normativa de protección ambiental, urbanística y patrimonial, así como la eliminación de los controles administrativos, lo cual redunda en un perjuicio para la ciudadanía.
La mal entendida agilización administrativa para beneficiar unos intereses empresariales desbocados va a ser respondida de forma contundente por nuestro sindicato. No podemos seguir admitiendo la defenestración permanente y la intromisión en la Función Pública, que constituye la garantía del Estado de Derecho para proteger los derechos de la ciudadanía.
La necesaria agilización administrativa se consigue con una mayor dotación de recursos humanos cualificados y profesionalizados, y de recursos materiales, en especial, tecnológicos, y no suprimiendo controles públicos como pretende el poder empresarial corrupto, que está poniendo en peligro la calidad del trabajo de los técnicos profesionales del sector.
La ciudadanía tiene que conocer la realidad de lo que está pasando en la Administración Pública: las medidas privatizadoras, la pérdida constante de empleo público, la relajación o eliminación de los controles públicos, la manipulación informativa denigrando constantemente al personal funcionario, sólo benefician a unos cuantos que persiguen un enriquecimiento desaforado, y perjudican a la gran mayoría social.
Por ello, exigimos una auditoría interna inmediata de los recursos humanos de las Administraciones Públicas con el fin de garantizar la dotación necesaria con personal funcionario público que es el que ofrece las garantías necesarias del cumplimiento de la legislación. Eso es, precisamente, lo que persigue nuestro sistema de Función Pública, ser una garantía de imparcialidad, objetividad e independencia en el ejercicio de las funciones de control del cumplimiento de la normativa ambiental, patrimonial, urbanística y de calidad de la edificación.
València, a 20 de diciembre de 2022.
Fuente: Sindicato de CGT de Administración Pública de Valencia
