La nueva revisión efectuada por el Gobierno, este lunes 11 de abril de 2005, con respecto al proceso extraordinario de regularización de la población inmigrante según la cual se crea una nueva figura legal llamada "empadronamiento por omisión", vuelve a reflejar la poca sensibilidad social, la falta de compromiso real, que el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales que comparten sus criterios, mantienen con la población inmigrante. Las demandas que a gritos se pedían desde todos lados eran que se admitieran otro tipo de pruebas alternativas al certificado de empadronamiento.

Pero la respuesta no ha sido escuchar la calle sino crear otra figura legal que vuelva dejar a los inmnigrantes en manos de la arbitrariedad. Según esta figura del empadronamiento por omisión, los trabajadores inmigrantes tendrán que acudir a los Ayuntamientos para mostrarles aquellas pruebas que consideren, siendo ahora los responsables municipales quienes emitan o no ese empadronamiento.

La nueva revisión efectuada por el Gobierno, este lunes 11 de abril de 2005, con respecto al proceso extraordinario de regularización de la población inmigrante según la cual se crea una nueva figura legal llamada «empadronamiento por omisión», vuelve a reflejar la poca sensibilidad social, la falta de compromiso real, que el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales que comparten sus criterios, mantienen con la población inmigrante. Las demandas que a gritos se pedían desde todos lados eran que se admitieran otro tipo de pruebas alternativas al certificado de empadronamiento.

Pero la respuesta no ha sido escuchar la calle sino crear otra figura legal que vuelva dejar a los inmnigrantes en manos de la arbitrariedad. Según esta figura del empadronamiento por omisión, los trabajadores inmigrantes tendrán que acudir a los Ayuntamientos para mostrarles aquellas pruebas que consideren, siendo ahora los responsables municipales quienes emitan o no ese empadronamiento.

Para CGT esto vuelve a representar una nueva dejación de responsabilidades por parte del Gobierno, antes lo hizo ante los empresarios que son quienes deben contratar a los inmigrantes y ahora lo hace ante los Ayuntamientos. CGT sigue rechazando el actual proceso de regularización por ser injusto, excluyente, mercantilista y no dar respuesta a la realidad del millón trescientos mil inmigrantes sin documentación que viven entre nosotros.

El Gobierno había sido forzado a revisar la normativa que regula el proceso extraordinario de regularización, forzado por las numerosas manifestaciones, concentraciones, encierros, denuncias públicas que numerosas organizaciones sociales y sindicales venimos realizando desde que comenzó dicho proceso de regularización el pasado 7 de febrero. Para CGT, el Gobierno ha vuelto a mirar hacia otro lado, vuelve a defraudar a los trabajdores inmigrantes indicándonos que desconoce la auténtica realidad de la inmigración.

Las demandas que se planteaban al gobierno eran : la admisión de otros documentos y pruebas alternativos al empadronamento de seis meses ; la ampliación del plazo para regularizarse más allá del 7 de mayo ; la ampliación del plazo para la presentación del certificado de penales, la supresión del contrato de trabajo como requisito imprescindible al provocar situaciones de sumisión y dependencia al patrón, demandándose una regularización sin condiciones. Para CGT esta nueva reforma es una auténtica chapuza que muestra la improvisación, la inflexibilidad, el no escuchar nada lo que miles de trabajadores estamos pidiendo en la calle. Por consiguiente, CGT continuará llamando y colaborando en la movilización de los trabajadores inmigrantes hasta que ase logre su plena integración y el reconocimiento de sus derechos humanos