El sindicato CGT ha denunciado el
incumplimiento de las promesas de recolocación de los ex
trabajadores de la cerrada planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz)
por parte de las empresas que se instalarán en la Bahía de Cádiz, ha
indicado a través de un comunicado.
CGT, parte firmante del acuerdo de cierre de Delphi, ha señalado
la ’incoherencia’ entre la ’retórica’ sustentada por la Junta de
Andalucía y los hechos que a diario los trabajadores de Delphi
’viven y soportan : cursos y más cursos, promesas y más promesas y
ninguna realidad concreta que garantice un futuro cierto y digno
para más de 2.000 familias’.
Según ha asegurado el sindicato, de las garantías que supone la
Junta en los acuerdos y pactos que suscribe con las empresas, una
muestra ’muy significativa’ es el Plan Industrial de Permanencia
hasta 2010, que suscribió conjuntamente con los sindicatos CCOO y
UGT, con Delphi.
En ese acuerdo normativo, Delphi ’se obligaba a permanecer en la
Bahía hasta 2010 y de esta manera seguir recibiendo dineros
públicos’, pero la multinacional se fue de la Bahía el 4 de julio de
2007, ’dejando en la estacada a más de 3.000 trabajadores entre
empleo directo e indirecto y la Junta de Andalucía fue incapaz de
garantizar la obligación legal que tenía de permanencia hasta 2010’.
Según CGT, los empresarios ’comprometidos’ para la recolocación
de los ex trabajadores de Delphi tienen la libertad de
establecimiento y la libertad de contratación de ’quienes ellos
estimen más convenientes’ para ocupar puestos de trabajo que
garanticen sus rentabilidades.
Por ello, han indicado que pensar que la Junta de Andalucía va a
obligar a estos empresarios a la prioridad de recolocación de los ex
trabajadores de Delphi, los cuales fueron ’ninguneados’ y
’estafados’ por una multinacional que también les prometió quedarse,
’es creer que las Administraciones han intervenido las empresas y
han decidido hacer cumplir lo que dice nuestra Constitución :
economía social de mercado’.
CGT ha considerado que las responsabilidades de la Junta son
concretas, ya que al igual que cualquier Administración pública,
tiene la obligación de velar por el bien publico y el interés social
y no entregar dineros públicos para ’garantizar’ las cuentas de
resultados de empresarios mentirosos.
CGT ha añadido que la sociedad, los trabajadores y ciudadanos,
tienen que exigir a administraciones y empresarios, que los derechos
a empleos dignos, no pueden ser una ’transacción fraudulenta’, para
’mayor gloria electoral de unos y engorde de beneficios particulares
de otros’. EFE
Fuente: Fuente : Agencia EFE
