Después de dos años dando traslado a la Consejería de Educación y a todas las delegaciones provinciales de Educación de Andalucía de la ilegalidad que supone el autorizar ratios superiores a las establecidas en la Ley Orgánica de Educación, CGT tuvo que recurrir a la denuncia por posible prevaricación de uno de estos Delegados provinciales ante los juzgados, así como interponer reclamación contencioso-administrativa ante el alto tribunal andaluz y trasladar denuncia a la Alta Inspección del Estado en Andalucía.
Dos años de incumplimientos de los que nada ha querido saber el Consejo Escolar Andaluz, que confiesa no tener datos del número de alumnos escolarizados en cada unidad de cada centro educativo en Andalucía y que parece no necesitar para formular sus informes sobre el estado del Sistema Educativo Andaluz año tras año. Igual contestación se recibe de la Alta Inspección del Estado en Andalucía, que tampoco dice tener esos datos. CGT no comprende cómo es posible realizar vigilar el cumplimiento de la legalidad vigente, que afecta a la homologación del Sistema Educativo en todo el estado, sin tener datos para poder comprobar la aplicación de la misma. Es más, en entrevista el pasado mayo con los grupos parlamentarios del PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida, se les solicitaron estos datos que ninguno poseía, comprometiéndose PP e IU a pedirlos a la Consejería de Educación y trasladárselos a CGT.
CGT ha dado trámite a más de 190 denuncias y reclamaciones de padres y madres de centros andaluces sobre ratios superiores a las legalmente establecidas en la Ley Orgánica de Educación, así como de numerosos docentes, a los que en algún caso se les ha enviado a la Inspección de Educación para que desistiesen de las denuncias, aunque se han mantenido. CGT, a fuerza de comprobar la indolencia de quienes deben velar por el cumplimiento de la Ley, incluida la Inspección General de Educación andaluza y sus ocho servicios provinciales a los que se ha dado traslado de estas denuncias e ilegalidades, llega a la conclusión de que es posible “burlar” la ley sin que pase nada.
Cuando a los lideres políticos socialistas, Sr. Zapatero o Sr. Chaves, se les llena la boca con el concepto de “estado de derecho” : ¿A qué se refieren ?. La Ley Orgánica de Educación da un derecho claro a los ciudadanos y establece una obligación clara de los poderes públicos en materia educativa para que el número máximo de alumnos y alumnas en un aula no supere los 25 en infantil-primaria y 30 en secundaria. Ese derecho, a criterio de la Consejera de Educación y de su equipo de gobierno, está supeditado a lo que decidan gastarse en educación, ya que el número de unidades escolares determina la ratio y esta autorización es competencia exclusiva de la Consejería de Educación. Es más, se aplica anticipadamente (desde febrero cuando se planifica) la posibilidad de incremento del 10% de alumnos escolarizados en una unidad por escolarización tardía (solo aplicable a partir de septiembre).
CGT ya ha denunciado por posible prevaricación a un delegado provincial, ha interpuesto demandas en tribunales, ha denunciado el caso a la Inspección General de Educación Andaluza, a la Alta Inspección del Estado en Andalucia y hasta al Defensor del Pueblo, el Consejo Escolar andaluz y grupos parlamentarios andaluces, pero la verdad, la triste verdad, es que este curso también se incumple la ley en Andalucía, nada más y nada menos que desde las instancias políticas responsables de velar por su cumplimiento. El poder legislativo, los diputados y senadores que conforman las Cortes Generales del Estado, donde reside la soberanía popular, dejan al cuidado de los derechos de los ciudadanos, plasmados en las leyes que aprueban, al poder ejecutivo de los gobiernos y en este caso, como “lobos”, acabarán comiéndose “el rebaño”.
El estado de derecho que permite sancionar a la ciudadanía si no cumple con sus “obligaciones” civiles, penales o fiscales, de forma rígida y sin fisuras, creando la “ilusión” de que todos y todas somos iguales ante la ley, quiebra en esta ocasión porque cumplir la ley para la Consejería de Educación le supone un descuadre en sus cuentas. Pero claro, en este caso la ley no es de acero como cuando se aplica a los ciudadanos o ciudadanas, sino un junco que se dobla en función de los vientos.
Nada hay más dañino que no cumplir ni en lo poco siquiera y de forma tan altanera, tan arrogante, de manera que hasta se ocultan los datos o se dan notas de prensa o informaciones claramente falsas. Los medios de comunicación, que se hacen eco de estas declaraciones, podrían pedir, como ha pedido CGT en numerosas ocasiones, datos. Simplemente el número de alumnos y alumnas en cada unidad de cada centro educativo de Andalucía para comprobar la enorme dimensión de este fraude de ley.
CGT seguirá denunciando este atropello de los derechos ciudadanos, aunque la propia Consejería de Educación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía argumente contra la legitimidad de esta Confederación Sindical para pedir el cumplimiento de la ley y la restitución de derechos tanto a la ciudadanía como a los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo andaluz que en unos casos pierden el puesto de trabajo porque no se crea al arracimar alumnos ilegalmente en menos unidades o en otros ven como se incrementa ilegalmente el número de alumnos y alumnas que deben atender educativamente hablando.
CGT se pregunta si la ciudadanía podría ser tan flexible como la Consejería de Educación con respecto a sus obligaciones de todo tipo y de esta forma interpretar lo que debe pagar o no a Hacienda o si paga o no una multa o un impuesto municipal o si puede o no mantener la tasa de alcohol en sangre cuando conduce. Alguna institución del estado incluso argumenta en el sentido de que los propios padres y madres de alumnos podrían votar y aprobar el número de alumnos y alumnas que se escolarizarán. La Consejería de Educación andaluza está jugando a un peligroso juego incumpliendo la ley y de esta forma compromete la hipotética seriedad de todo el Gobierno Socialista.
Rafael Fenoy Rico | Secretario de Jurídica de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza CGT
Fuente: Rafael Fenoy Rico | Secretario de Jurídica de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza CGT
