Una vez más el SACyL muestra su errática política sanitaria y carencias en materia de atención sanitaria pública a la hora de prestar una adecuada y pronta atención a los enfermos oncológicos.
Solo razones puramente económicas impiden la igualdad en el tratamiento y calidad asistencial interregional. La libre elección de especialista y centro, proximidad y acercamiento de la Sanidad al enfermo, etc. , pasa a ser una verdadera entelequia. Los enfermos con patologías que requieran de la administración de un tratamiento con terapias de radio o cobalto deben recibirlo sin necesidad de insufribles desplazamientos, en alguno de los Centros Públicos de Valladolid.
La decisión política de no dotar de estos Servicios al nuevo Hospital “Del Río Hortega”, obedece a intereses económicos, si bien estos intereses se han visto implementados con la creación de la necesidad de externalizar enfermos desde los Hospitales Públicos a Centros Privados, que no cumplen además con los requisitos mínimos exigidos que los habiliten para la administración y practica de dichas terapias.
En cuanto al criterio de la “razonable aceptabilidad de la demora”, solo en la cabeza de un irresponsable, de los que tanto van, vienen y pululan por nuestro entorno sanitario público, cabe tal sentencia y opinión, que de ninguna manera puede estar avalada por el criterio u opinión de los profesionales que han de derivar enfermos a estos servicios o por los propios especialistas de estos.
Desde la CGT, pretendemos llegar a la sociedad e imbuir en esta la idea, de que la sanidad bajo ningún concepto puede seguir privatizándose y las áreas ya privatizadas se han de recuperar para ser administradas por las instituciones públicas. Hemos de defender la calidad y los puestos de trabajo mínimos que garanticen esta y eviten la precariedad y la externalización de los servicios. La sanidad ha de dejar de ser un negocio para las CC. AA. y el Estado. Con la salud de las personas no se debe jugar, ni montar, como sucede, “lucrativas fábricas de salud” a costa de la vida y salud de las personas, que son, al fin y al cabo las que financiamos el Sistema Nacional de Salud. Ello atendiendo al Artº 43 de la Constitución, por encima de las Leyes de Ordenación Sanitaria de cualquiera de nuestras Comunidades Autónomas : “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…”
Fuente: Julián González García | Secretario General de la Sección Sindical de la CGT-Sanidad
