El 4 de diciembre de 2017 era la fecha en la que deberían haber desaparecido en España todas las barreras arquitectónicas en todos los espacios púbicos y privados, de acuerdo al decreto 1/2013 que desarrolla la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Un incumplimiento más, que afecta a millones de personas en su tránsito diario: personas con discapacidad, personas con andadores o carritos bebé y a un 10% de la población española que son personas mayores cuya movilidad se ve comprometida por la edad.
Desde el Sector Ferroviario de CGT creemos, que la Ley nos afecta a todos por igual (sector público y privado), pero debería haber sido de obligado y estricto cumplimiento en todo el sector público, especialmente en lo tocante al transporte público, y en los caso de Renfe y Adif, en trenes e instalaciones.
Desde el Sector Ferroviario de CGT creemos, que la Ley nos afecta a todos por igual (sector público y privado), pero debería haber sido de obligado y estricto cumplimiento en todo el sector público, especialmente en lo tocante al transporte público, y en los caso de Renfe y Adif, en trenes e instalaciones.
Desde CGT, denunciamos el incumplimiento sistemático de esta ley que el mismo gobierno del PP creó y al que no le duelen prendas reconocer que al día de hoy en España existen 346 estaciones de tren que no están adaptadas a personas con discapacidad y a la Ley. De igual forma, aún quedan cientos de trenes que por su antigüedad y la falta de inversión para su adaptación siguen sin poder ser utilizados por los viajeros con serios problemas de movilidad y a los que la ley protege.
Debemos reseñar, que la no adaptación de estaciones y trenes obedece simple y llanamente, a la poca conciencia social que se tiene por parte de algunos estamentos públicos y sobre todo, a la falta de inversiones públicas.
Desde CGT llevamos décadas denunciando las ingentes cantidades de dinero público que se invierten y derrochan en las políticas del “Todo AVE”, en las que priman por encima de las necesidades de la población, el impacto mediático y electoralista. Prácticas políticas que acarrean situaciones de incumplimientos de ley, desigualdad y una clara discriminación de los colectivos más sensibles respecto al resto de la población que ostenta una movilidad normal.
En RENFE existe actualmente un servicio de ayuda a los viajeros de Atención y Asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida (ATENDO), una prestación que da cobertura solamente a 135 estaciones de un total de 2500 aproximadamente, que componen el entramado ferroviario español. Sin lugar a dudas, un servicio insuficiente para garantizar los derechos de los usuarios con movilidad reducida.
Desde CGT compartimos la iniciativa de la fiscalía provincial de Valencia que se hizo eco de la demanda de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) por la situación de desamparo y discriminatoria que sufren las personas con discapacidad y movilidad a la hora de utilizar algunos servicios de Cercanías, por el claro incumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a la discriminación de las personas por carencias en la accesibilidad en el transporte.
De igual forma, apoyamos la iniciativa a título individual del viajero J.A.P. que hace unos días, deseaba ir a Cullera en un tren de cercanías y ante la solución dada por RENFE, una espera de varias horas, decidió encadenarse al tren de cercanías en la estación de Valencia Nord.
Han sido muchos los viajeros y asociaciones específicas de estos colectivos las que a lo largo del tiempo han denunciado hechos similares, sin que hasta la fecha se haya apostado seriamente por parte de la Administración en solventar estos graves problemas. Por lo que desde CGT, demandamos el cumplimiento de la Ley de manera urgente, destinando los fondos públicos necesarios para garantizar el derecho de estas personas y su no discriminación.
SFF-CGT
Fuente: SFF-CGT
