La sección sindical de CGT en la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social denuncia que este verano se cerrará de nuevo uno de los centros de acogida de menores protegidos (el Juan de Mairena) y los niños se envían a campamentos, con familias o a centros privados. María José Cantarero, delegada sindical de CGT, señala que "por cuestiones de ahorro, la Administración ha impuesto que los trabajadores tomen vacaciones en julio y agosto, cuando lo que estipula el convenio es que se repartan entre julio, agosto y septiembre". Con esta "imposición", los centros se quedan "bajo mínimos, atendidos por sustitutos, y muchos niños se van".
La sección sindical de CGT en la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social denuncia que este verano se cerrará de nuevo uno de los centros de acogida de menores protegidos (el Juan de Mairena) y los niños se envían a campamentos, con familias o a centros privados. María José Cantarero, delegada sindical de CGT, señala que «por cuestiones de ahorro, la Administración ha impuesto que los trabajadores tomen vacaciones en julio y agosto, cuando lo que estipula el convenio es que se repartan entre julio, agosto y septiembre». Con esta «imposición», los centros se quedan «bajo mínimos, atendidos por sustitutos, y muchos niños se van».
Cantarero destaca que «estos niños están en situaciones muy delicadas, con problemas psicológicos por las situaciones que han vivido, y para ellos su familia son los cuidadores y educadores de los centros, así que llevarlos a otros lugares, con otras familias o con personal distinto, les afecta mucho y algunos no pueden adaptarse y tienen que volver a un centro que está bajo mínimos y sin los educadores habituales». El sindicato también critica que algunos niños vuelvan con sus propias familias, «porque si se les quitó la custodia porque había casos de agresiones o falta de atención no tiene sentido que en verano vuelvan con ellas, sólo les causa problemas a los pequeños».
CGT también destaca que la Junta de Andalucía ha activado un plan de emergencia en sus centros de protección ante la llegada de menores inmigrantes, «y la misma consejera para la Igualdad, Micaela Navarro, señalaba hace unos días en Córdoba que los centros estaban saturados con los menores inmigrantes, así que no se explica que cierren algunos centros o los dejen con poco personal».
JUICIO
Trabajadores de centros de protección de Córdoba han presentado una demanda contra la Junta por la imposición de las vacaciones sin haber negociado con el comité de empresa. La vista oral se celebró ayer en el Juzgado de lo Social y el caso quedó visto para sentencia. La representante de CGT señala que «los trabajadores podrían decir ’muy bien, que se cierren los centros y nos vamos de vacaciones’, pero son grandes profesionales y están muy sensibilizados con los problemas de esos niños, a los que también consideran su familia, y por eso están en contra de las vacaciones impuestas
Fuente: ANA ROMERO / Diario de Córdoba
