La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo (FASE-CGT) ha presentado una demanda contenciosa-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la imposición de ratios ilegales en los centros educativos de Andalucía

La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo (FASE-CGT) ha presentado una demanda contenciosa-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la imposición de ratios ilegales en los centros educativos de Andalucía

La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la CGT (FASE-CGT) pretende, con esta demanda, impedir que la Consejería de Educación imponga en numerosos centros andaluces -aproximadamente en un 40% de ellos- un número de alumnos por aula que excede en un 10% el máximo fijado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Concretamente, la LOE contempla en su artículo 157, dedicado a los recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado, que las administraciones educativas establecerán un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la Educación Primaria y de 30 para la Educación Secundaria. En cuanto al Bachillerato, el número máximo no podrá superar los 35 alumnos por aula.

Por otra parte, en su artículo 87, que trata del equilibrio en la admisión de alumnos, establece que las administraciones educativas podrán autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización para atender necesidades inmedidatas del alumnado de escolarización tardía (traslados de domicilio, alumnos inmigrantes…).

Pese a la claridad con que la citada Ley Orgánica contempla esta cuestión, la Consejería ha impuesto en aproximadamente el 40% de los centros educativos andaluces un incremento del 10% de la ratio en el periodo normal de escolarización.

La CGT viene denunciando las ratios excesivas desde hace años por considerar que es un factor fundamental en el desarrollo del trabajo docente. El hacinamiento en los centros públicos y concertados dificulta de manera decisiva el proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un excelente caldo de cultivo para alimentar la violencia escolar. En consecuencia, este sindicato no está dispuesto a aceptar que se superen los máximos establecidos por la LOE, ya de por sí elevados. Por ello ha interpuesto la mencionada demanda que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La CGT insta a la Consejería a que abandone su inclinación a invertir en costosas campañas de publicidad para crear una realidad virtual y que dedique de verdad sus esfuerzos a dotar a los centros de todos los recursos necesarios. El profesorado no necesita que nadie le dé las gracias, sino sentirse de verdad apoyado en la labor que viene realizando.

Por el contrario, lo que recibe es la progresiva burocratización de su trabajo ; ver cómo se redoblan los apoyos a la concertada-privada ; una continua desconfianza de quienes le “dan las gracias” pero lo humillan sometiéndolo a tener que estar toda la jornada firmando horarios o dedican demasiado tiempo a elaborar un Decreto de Convivencia que no es más que otro parche. En este sentido, la FASE-CGT considera que el problema de la violencia escolar, siendo un problema que obedece a causas tanto internas como externas a la escuela, ha de ser abordado en ella empezando por respetar las ratios legalmente establecidas y evitar el hacinamiento. En caso contrario, todo lo demás sigue siendo un brindis al sol.

El Secretario General de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la CGT
Joaquín Martinez Alvarez


Par : fase cgt



Fuente: Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la CGT