La Confederació General del Treball del País Valencià denuncia que algunas empresas del sector están practicando “dumping” y rompiendo el mercado a la baja incumpliendo la legislación más básica : explotando a inmigrantes ilegales, haciendo trabajar a destajo, manipulando tacógrafos… Los arrestos en el Puerto de Valencia ponen de relieve el enfrentamiento entre asociaciones empresariales que pretenden regularizar el sector y las que compiten deslealmente y prefieren que no haya ningún tipo de control.
El sector del transporte de mercancías por carretera ha sido tradicionalmente uno de los más desregularizados y uno de los más vulnerables a la globalización. Los trabajadores son, en esta situación, quienes cargan con el peso de un mercado que sólo favorece a quienes logran abaratar costes el máximo. Y esto sólo se consigue sobreexplotando a los trabajadores, ya sea como asalariados, ya sea como autónomos.
El conflicto que acaba de salir a la luz en el Puerto de Valencia, es el reflejo de esta situación : al parecer dos sectores enfrentados de los transportistas se están disputando el mercado del puerto valenciano. Transcont defiende más control para que se garantice que quienes operan en el Puerto (como ocurre en Barcelona y Bilbao) compiten lealmente y ATPE pretende romper el mercado imponiendo tarifas tan bajas que se incurre en dumping, según fuentes de los propios trabajadores.
Pero esto sólo es la punta del iceberg : está constatado y denunciado que es una práctica generalizada entre el empresariado manipular tacógrafos, obligar a los trabajadores a exceder la jornada laboral, incumplir los convenios colectivos, no pagar la totalidad del trabajo que se realiza… es decir, abaratar costes.
Y la realidad de los trabajadores es cada vez peor, máxime cuando, como en el caso del conflicto que acaba de estallar, los empresarios menos escrupulosos optan por la contratación ilegal de inmigrantes que ni siquiera cuentan con permisos de conducir y pagándoles según acuerdos trabajador-empresa.
Esta situación, escandalosa e insostenible, sólo puede cambiar asegurando el cumplimiento de lo establecido por la legislación laboral, estableciendo unos estatutos para operar en el Puerto de Valencia y dando papeles a todos los inmigrantes. CGT insta a la administración a tomar cartas en el asunto, a no hacer nunca más la vista gorda y a luchar por que en el transporte de mercancías por carretera se cumpla la legalidad siempre y a rajatabla. En este sentido recordamos que el 23 de marzo entrará en vigor la directiva europea 2002/15 que ordena los tiempos de trabajo.
Para más información, Joan Colera, Secretario acción sindical sindicato Transportes CGT 605 060 288
Gabinete de Prensa CGT-PV
Valencia, 11 marzo de 2005
