«Los sindicatos firmantes, obtienen suculentas asignaciones directas (1.281.090 € solo por negociar, ver BOE del 8 de sep-tiembre), y CCOO y UGT se garantizan nuevos ingresos vía comisiones del plan de pensiones.»
Desde CGT-CAT no podemos considerar el incremento salarial más que como ridículo, tras más de una década de pérdida de poder adquisitivo. No es un incremento, es una congelación. Es curioso observar que la prensa este año anuncia que nos subirán el 0,3%. En años anteriores a la subida general le incluían lo del plan de pensiones, …
Encima, usan a los empleados públicos de ejemplo para el sector privado. Unos sindicatos que se denominan de clase venden al conjunto de los trabajadores.
En la negociación lo único que les interesó a los sindicatos es garantizar el plan de pensiones para los tres años siguientes.
¿Alguien gana ?
Los trabajadores seguro que no. En cambio, los sindicatos firmantes, obtienen suculentas asignaciones directas (1.281.090 € solo por negociar, ver BOE del 8 de sep-tiembre), y CCOO y UGT se garantizan nuevos ingresos vía comisiones del plan de pensiones. El BBVA, socio de CCOO y UGT en la gestora del plan de pensiones, también gana con este acuerdo ; unos beneficios que podrán destinar a jubilar a sus directivos a los 55 años a razón de 3 millones de euros anuales. Mientras tanto, siguen dando largas a la jubilación parcial de los empleados públicos y se olvidan de la jubilación anticipada para los que están al Régimen General.
Aspectos retributivos del acuerdo Administración-sindicatos (CCOO, UGT, CSIF)
El acuerdo incluye una subida salarial del 0,3% para el año 2010. Para los dos años siguientes se establece que se pactaran las subidas en función de la evolución de la economía, sin establecerse ningún porcentaje. Cabe reseñar, aunque no tenga que ver con el acuerdo, que esta exigua subida salarial puede convertirse en disminución con el incremento de los impuestos (IVA e IRPF).
Se establece una cláusula de revisión salarial que no es anual, puesto que la primera revisión se producirá en enero de 2012 (revisando el incremento de 2010 y 2011).
Esta cláusula no está garantizada. No está establecida por ley como la de los pensionistas y depende de la vo-luntad mayoritaria del parlamento que es quien aprueba los presupuestos generales del Estado. Recordemos que pasó con los presupuestos de 1997 que congelaron los sueldos cuando existía un acuerdo que garantizaba un incremento retributivo (primer gobierno Aznar).
Así como nuestra subida salarial depende del devenir de la economía, las aportaciones al plan de pensiones están pactadas para los tres años : 0,3% para el año 2010, 0,5% para el 2011 y 0,7% para el 2012. CGT-CAT entregó más de 13.000 firmas en contra del plan de Pensiones. Desde CGT-CAT seguimos reivindicando que se destine a sala-rio lo establecido como aportaciones.
En un nuevo No Hay Derecho analizaremos todos los aspectos del acuerdo :
Los peligros de generalizar. Administración Pública : Mitos y mentiras.
Desde tiempos inmemoriales, cada centro de poder que se precie ha utilizado un chivo expiatorio con el que ha intentado justificar determinadas situaciones de su entera responsabilidad, para así, en un acto casi mágico, traspasar esa responsabilidad, enmascarar la realidad y eludir críticas directas. En el estado español actual, y en determinadas coyunturas concretas, estamos asistiendo, con la inspiración y la ejecución del gobierno de turno, a una puesta en escena similar en la que los protagonistas involuntarios de la misma son los funcionarios con el beneplácito del ministro del ramo.
En situaciones de crisis económica, aumento del paro, precariedad de empleo, pérdida de poder adquisitivo, escalada de la especulación y un largo etcétera, no falta en ningún medio de comunicación ( o convendría llamarlo de falsificación) noticias relacionadas con el número de funcionarios existentes, sueldo medio, coste presupuestario, calidad del servicio, ventajas y privilegios, etc. Todo ello aderezado en ocasiones con esperpénticas declaraciones del ministro de turno, echándonos como no a los caballos de los usuarios de la administración, y salpimentado con reformas absurdas, planificaciones imposibles y directivas confusas, obtusas y abstrusas. A partir de aquí pueden filtrarse muchas ideas ( mejor sería decir consignas) : como hay tantísimos funcionarios el gobierno gasta demasiado en sus nóminas, estos tíos tienen el sueldo asegura-do y no tienen problemas con el empleo, a ellos la pérdida de poder adquisitivo no les afecta, basta con mirar los sueldos medios, total para lo que hacen, vas a pedir una vida laboral y no te la quieren dar y tienes que pedirla por teléfono, ni los boletines de cotiza-ción me quieren facilitar, si te tienen que devolver algo tardan muchísimo, pero a la que debes algo te embargan enseguida, y así un larguísimo etcétera que todos conocemos. Evidentemente el resultado final de todo este proceso redunda en la imagen, mejor estereotipo base, que se tiene sobre los funcionarios, concretada en la consigna “leña al mono que es de goma”.
¿ Qué hay detrás de todo esto ? : un colectivo de trabajadores por cuenta ajena como muchos otros, que intenta realizar su trabajo con la mayor calidad posible, pero en absoluto responsable del proceso de producción del mismo, ni de los medios, ni de las directrices, ni del producto final. Es como si responsabilizara a los trabajadores de la SEAT de la fealdad del diseño de sus coches, de la calidad de los materiales utilizados o de la deficiencia de las prestaciones de sus motores.
Los funcionarios somos los primeros damnificados de políticas erráticas, errores de planificación, deficiencias organizativas, reformas improvisadas y todo lo que se quiera añadir sobre una mala ADMINISTRACIÓN, por cuanto somos los ejecutores de la misma, como emplea-dos de ella que somos, pero nunca los responsables. La responsabilidad recae en una élite funcionarial que diseña, organiza y estructura. No es visible en la cotidianidad de los usuarios, y por lo tanto permanece ajena a sus críticas, que repercuten en la persona que tramita sus asuntos a diario.
El colectivo de funcionarios no debiera quedar impasible y mudo ante este tipo de campañas y estados de opinión, debería de alguna manera contrarrestar estas campañas inducidas, fijar las responsabilidades, defender su imagen ante la opinión pública y situar a cada uno en su sitio. Algo se está haciendo mal cuando, en épocas de crisis, el “tema” de los funcionarios aparece en los telediarios, figura en las portadas de la prensa y es tema recurrente en tertulias radiofónicas.
Posiblemente la mejor crisis del mundo
Esta es una conversación, por desgracia, demasiado habitual. Todo es justificable con “La Crisis” para no solucionar los problemas que nos afectan, incluso poniendo en peligro nuestra salud, sin el más mínimo remordimiento. Está la Administración muy lejos, y sigue alejándose, de ser un ejemplo y un referente para el resto de la sociedad en prevención de riesgos laborales.
Entiendo que el que toma decisiones no tenga porque saber leer, pero tiene que cumplir con la ley. Ahora se entiende porque pusieron pictogramas en las salidas de emergencias. Siempre había alguno de estos que fastidiaba la sagrada estadística muriendo al más mínimo incendio. Perdón, que los funcionarios no entramos dentro de la estadística general de siniestralidad, quizás eso explique muchas cosas.
Una imagen vale más que mil palabras
Esta foto ilustra la firma del pacto Administración-sindicatos (CCOO, UGT, CSIF) 2010-2012. Se les ve risueños, y no es para menos. La ministra ve como se impone la “paz social” a cambio de migajas, esto tiene que servir de ejemplo para el resto de sectores, han afirmado. Los sindicatos sonríen, también, y con motivo, con mucho motivo. Han conseguido más de un millón doscientos mil euros simplemente por negociar, algo sin parangón. Además, CCOO y UGT se garantizan unos suculentos beneficios (exiguas comisiones, dirán ellos) a cuenta del plan de pensiones. Todo esto sin entrar a valorar la financiación a través de la formación impartida por las organizaciones sindicales. Por si esto fuera poco, este acuerdo ahonda más en un camino ya iniciado, el de la progresiva centralización y burocratización de la negociación colectiva en la Administración General del Estado. Y esto tiene consecuencias negativas para nuestras condiciones de trabajo. El alejamiento de los centros de negociación-decisión del trabajador de a pie generan, por un lado la “profesionalización” de los negociadores sindicales y de otro (y en consecuencia) la desafección de los empleados de la clase sindical, que ven que se negocia y se decide sin tener en cuenta su parecer (ningún acuerdo ha sido sometido a refrendo del colectivo de empleados).
La ordenación electoral que tenemos, con elecciones interministeriales en la periferia, sirve de excusa a veces para la centralización de la legitimidad para negociar. Es decir, que como ellos no quieren que hayan elecciones por ministerios u organismos no se puede demostrar la representatividad que tenemos algunos sindicatos en algunos organismos y ministerios.
¿Qué solución dan a este problema ? Pues que lo de todos solo lo negocien ellos, y encima se presentan a las elecciones con el descaro de decir que solo es útil votarles a ellos no por-que defiendan mejor los intereses de los empleados públicos sinó porque son los únicos que “pueden” negociar las cosas. En resumen, sindicatos que dependen, para seguir vi-viendo al ritmo y con el volumen que lo hacen, de los ingresos que reciben del Estado : subvenciones varias, formación,… (de su estructura actual, ¿qué podrían financiar con las cuotas que pagan sus afiliados ?) ; sindicatos que se otorgan en exclusiva la capacidad de negociar con el beneplácito del Gobierno, sindicatos que garantizan en todo momento la paz social, que lo más reivindicativo que hacen es concentrar un ratito a sus delegados sindicales ; sindicatos que firman acuerdos sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores, …
Todo esto huele a sindicalismo vertical. Ya hemos dicho de qué se rien los protagonistas de la foto. Pero, ¿de quien se ríen ? De aquellos a los que dicen representar, de todos los empleados públicos.
Fuente: CGT-CAT
