La Confederación General del Trabajo considera que la Ley Reguladora del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social es una violación del derecho a pensión suficiente y adecuada, “es un robo a las pensiones públicas de las personas pensionistas actuales y de todas las futuras”. En este sentido, ya en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 se fija la revalorización en el 0,25% y no según el IPC.

La nueva Ley sobre recorte de pensiones, establece medidas como la de retrasar dos años la jubilación (a los 67 años), al tiempo que penaliza las jubilaciones anticipadas. Aumenta los años de cotización reales, hasta los 37 años, para poder tener derecho al 100% de la Base Reguladora y aumenta el período de cálculo de la Base Reguladora, sobre el que se calcula la pensión: de los 15 años a los 25 años.

La nueva Ley sobre recorte de pensiones, establece medidas como la de retrasar dos años la jubilación (a los 67 años), al tiempo que penaliza las jubilaciones anticipadas. Aumenta los años de cotización reales, hasta los 37 años, para poder tener derecho al 100% de la Base Reguladora y aumenta el período de cálculo de la Base Reguladora, sobre el que se calcula la pensión: de los 15 años a los 25 años. No revaloriza anualmente las pensiones según el coste de vida (el llamado Índice de revalorización), al tiempo que disminuye la pensión inicial en función de la esperanza de vida de las personas (el llamado factor de sostenibilidad), con eficacia a partir del 2019.
Todas estas medidas suponen que, de aquí al 2027, el Estado robará a toda la ciudadanía cerca de 33.000 millones de euros. De tal manera que se producirá una bajada automática de todas las pensiones cada año (índice de revalorización anual, desligado del coste de la vida), produciéndose una perdida de entre un 5% y un 20% inicial en la pensión de cada nuevo pensionista a partir del 2019 (Factor de Sostenibilidad).
En este escenario los Bancos y Aseguradoras verán transferidos gran parte de los recursos públicos en pensiones, que actualmente suponen unos 120.000 millones de euros, a sus sistemas privados. Al tiempo que millones de personas de las generaciones que entraron al mercado de trabajo en la década de los 90 del siglo pasado, y soportan tasas de desocupación de hasta el 57%, no van a tener derecho a pensión contributiva por no tener años suficientes de cotización y pasarán a la beneficiencia o pensión asistencial.
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT


Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT