CGT apoya la Declaración del Encuentro de Economía de Trabajadoras en Argentina ante la ofensiva del Gobierno de Milei contra las cooperativas

Desde el Encuentro Economía de los Trabajadores y Trabajadoras, formado por empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas de trabajo, organizaciones sindicales y de la economía social, solidaria y popular, rechazamos y repudiamos los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni, plagados de prejuicios ideológicos y mentiras sobre las cooperativas, y anunciando medidas que, de concretarse, representarían un golpe más a la capacidad de subsistencia cotidiana de nuestros trabajadores y trabajadoras cooperativistas y la misma existencia de nuestras organizaciones. Vale recordar (algo que Adorni ignora o prefiere ignorar) que la mayoría de nuestras cooperativas son la respuesta organizada de nuestra clase trabajadora a los abusos y fracasos del “libre mercado” que se viene imponiendo a través de diferentes gobiernos desde la implantación de la dictadura cívico-militar que el presidente y su vice se empeñan en reivindicar, generando desde el cooperativismo y la autogestión decenas de miles de puestos de trabajo donde el empleo formal dejó de existir y donde la precariedad laboral lleva a la hiperexplotación. Nuestras cooperativas y empresas autogestionadas son la expresión de la dignidad del pueblo trabajador que el gobierno de Milei niega con sus medidas día tras día.
Dentro de estas infames declaraciones aparece una gran mentira: que las cooperativas son una “caja” que “financian los argentinos”. Esta declaración muestra que, en primer lugar, Adorni y Milei no saben que una cooperativa es, por definición, una organización económica autónoma, un colectivo asociado de personas para generar una actividad productiva o de servicios y, en el caso de las cooperativas de trabajo, a través de la cooperación entre personas que trabajan. El Estado no financia a las cooperativas, más allá de eventuales subsidios o programas que se canalicen a través de las cooperativas, las cooperativas vivimos de nuestro trabajo. En el caso de los planes Potenciar Trabajo, son subsidios individuales que, en muchos casos, reciben trabajadores cooperativistas y complementan de ese modo sus ingresos y contribuyen a recomponerlos frente a la crítica situación económica que vivimos y que, de ninguna manera, es responsabilidad de ninguna cooperativa ni de ningún trabajador. Milei y Adorni deberían buscar, por fuera de los manuales de la escuela austríaca que consumen y en donde no lo van a encontrar, algún texto que los ilustre acerca del cooperativismo como organizaciones económicas basadas en la asociación y la solidaridad, aunque mucho más sencillo sería aproximarse a cualquiera de nuestras organizaciones para verlo por sí mismo.
Lo notorio del caso es que, una vez más, las declaraciones del vocero presidencial no se condicen con la medida efectivamente tomada por el INAES, que también merece nuestro más enérgico repudio. Las resoluciones 878 y 879/2024, votadas por el Directorio del organismo, suspenden a más de 11000 cooperativas con el pretexto de falta de documentación o incumplimiento de normativas, basando su argumento en un supuesto financiamiento en años posteriores al macrismo de cooperativas que habían sido suspendidas por una disposición similar de, no por casualidad, el entonces presidente del organismo Marcelo Collomb, de nuevo en ese lugar. En vez de investigar si hay irregularidades, cosa que es una de las funciones de la institución, o de procurar la resolución de los problemas de documentación que tengan las cooperativas, el INAES adopta la actitud “motosierra” característica de este gobierno y suspende, sin aviso previo, a miles de cooperativas, en su mayoría de trabajo. Esta medida agresiva deberían explicarla también los representantes del cooperativismo y el mutualismo en el Directorio, empezando por quien a su vez es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco.
A pesar de los dichos de Adorni, esta medida punitiva está aún lejos de sus anuncios de dar de baja todas las cooperativas creadas de 2020 a 2022 (y una revisión “especial” de las creadas en 2023), poniendo un manto de sospecha sobre todas nuestras organizaciones como parte de una “caja” o viviendo a costa del financiamiento público, cuando justamente lo que reclamamos es más y mejores políticas públicas para el desarrollo de nuestra forma de economía que es el mejor aporte que la clase trabajadora puede hacer para el bienestar del conjunto de la sociedad. Adorni miente hasta en el alcance de sus anuncios, o bien esas medidas, totalmente ilegales e ilegítimas, están por venir.
Por todo lo dicho, exigimos la retractación pública del vocero presidencial de las mentiras y falacias vertidas en su conferencia de prensa del día 27 de marzo del corriente, rechazamos cualquier avance de medidas contra el cooperativismo de trabajo, reclamamos la restitución de los programas y medidas de promoción cooperativa y apoyo a los trabajadores y trabajadores de nuestro sector, y exigimos al INAES que cumpla con sus funciones de promoción y fiscalización de las cooperativas y mutuales sin tomar medidas punitivas como las resoluciones citadas, que deben ser derogadas inmediatamente.
Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la autogestión, el cooperativismo y la economía social, solidaria y popular a movilizarse para enfrentar estas medidas. También exigimos a las instituciones del cooperativismo y mutualismo que integran el directorio del INAES que expliquen su posición y no formen parte de la ofensiva antipopular de este gobierno y deroguen la resolución que aprobaron. Llamamos también a la articulación entre la clase trabajadora autogestionada y el resto de los trabajadores, en especial con las organizaciones sindicales y sus centrales, para poner en marcha con urgencia un plan de lucha que derrote a este proyecto.