El pasado viernes 16 de febrero el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Seguridad Social bajo el eufemístico nombre de “Ley de Medidas en Materia Social” y que desarrolla el acuerdo al que llegaron UGT, CCOO, CEOE, CEPYME y Gobierno firmado el 13 de julio de 2006.
Es esta reforma el segundo eje sobre el que gira la política socio-laboral del Gobierno socialista, siendo el primero la Reforma Laboral aprobada el pasado mes de mayo.
Así, se endurecen las condiciones generales de los trabajadores para acceder a una pensión, además de incentivar la permanencia en el trabajo más allá de los 65 años.
Más específicamente, y respecto al período de cotización mínima para tener derecho a la pensión de jubilación, se pasa de 12,5 años a 15 años completos, “premiando” a aquellos que sigan trabajando a partir de los 65 con una subida de un 2% en su pensión cada año cotizado después de esta edad.
Al mismo tiempo, esta reforma endurece los requisitos para acceder a la jubilación parcial y anticipada, aumentando la edad necesaria y los años de antigüedad en la empresa para poder tener derecho a la prestación.
El hecho puntual de permitir el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y el supuesto avance que ello significa, se desvirtúa al ver el contenido del texto que indica que solo tendrán derecho aquellas que acrediten cinco años de convivencia o tengan hijos comunes. Lo mismo ocurre en caso de Incapacidad Permanente, donde la mínima reducción del periodo de cotización para la prestación no compensa ni devuelve la salud de los trabajadores que quedan incapacitados solo por ir a trabajar.
En general, esta reforma supone un nuevo revés en la aspiración de los trabajadores a trabajar menos para trabajar todos, en aumentar la calidad de vida y la garantía de dignidad económica en los últimos años de la vida de las personas y avanza por los senderos ya conocidos de las recetas neoliberales que propició esta Europa-fortaleza a través de sus acuerdos de Maastricht y Lisboa.
Fuente: SP Comité Confederal CGT
