Desde la CGT entendemos que el paquete de medidas aprobadas por el gobierno, sigue sin cubrir las necesidades de las personas más empobrecidas de la sociedad. El tan esperado “plan social” frente al COVID 19, supone una ayuda parcial a algunos de los colectivos más vulnerables y expuestos a esta crisis, sin embargo, las medidas propuestas excluyen a otros más precarizados que están asfixiados ante esta situación.
Somos conscientes de la complejidad política que implica este estado de excepción, sin embargo, seguimos viendo la necesidad de poner el foco en aquellas personas más afectadas por la falta de ingresos. Colectivos que ya han cargado con el coste de la crisis más de una década y que ahora, este Gobierno, no puede permitir que sean las mismas personas las que vuelvan a asumir el coste de esta nueva crisis.
Somos conscientes de la complejidad política que implica este estado de excepción, sin embargo, seguimos viendo la necesidad de poner el foco en aquellas personas más afectadas por la falta de ingresos. Colectivos que ya han cargado con el coste de la crisis más de una década y que ahora, este Gobierno, no puede permitir que sean las mismas personas las que vuelvan a asumir el coste de esta nueva crisis. Por ello, CGT defiende que estas medidas no son más que parches que tapan de forma parcial y provisional, en el mejor de los casos, una problemática social de una dimensión enorme y sin precedentes.
En nuestra carta al Gobierno español enviada hace unos días, le exigíamos que de manera urgente se activasen las medidas necesarias para acabar con la discriminación y exclusión injustificable del colectivo de trabajadoras de hogar. Si bien el nuevo RD aborda la problemática de estas personas, lo cierto es que observamos que hay aspectos que o bien han sido omitidos o son insuficientes. Por un lado, las medidas aprobadas no tienen en cuenta a las más de 200.000 empleadas del hogar que trabajan sin ser dadas de alta a la seguridad social. Sabemos que es uno de los sectores más expuestos a la precariedad, a la exclusión y al contagio, y la falta de recursos económicos supone la irremediable exclusión social y empobrecimiento extremo de muchísimas mujeres que realizan uno de los trabajos imprescindibles para sostener el mundo y las vidas. Asimismo, en cuanto a las casi 400.000 mujeres dadas de alta en la seguridad social como empleadas de hogar, podrán cobrar la cuantía de este «subsidio extraordinario» si han visto reducido su trabajo parcial o completamente. Sin embargo, esta prestación será del 70% de su base de cotización y tendrá como tope el salario mínimo interprofesional. Desde CGT defendemos que esta medida es insuficiente ya que debido a que el empleo doméstico no cotiza por sus ingresos sino por tramos salariales que elige el empleador, estos subsidios serán muy inferiores a los ingresos que percibían. Además, el límite de cuantía máxima no utiliza los mismos criterios que en el caso de las personas afectadas por un ERTE, limita la cuantía al salario mínimo y no tiene en cuenta si tienen cargas por hijos o hijas.
En otro de nuestros escritos al Gobierno poníamos el acento en el abandono de los y las trabajadoras temporales y en la necesidad de tomar medidas excepcionales ante su situación de máxima precariedad y abandono. La temporalidad es uno de los rasgos característicos del mercado laboral español. El 90% de los contratos que se firman cada mes son temporales, y aproximadamente el 27% de las personas asalariadas tienen contrato por tiempo limitado. Además, una de las tendencias que se han dado con la crisis ha sido el aumento de contratos de menor duración. Más de 400.000 personas tienen empleos con una duración inferior a 2 meses y cerca de 200.000 personas están cedidos a empresas de trabajo temporal. En este sentido, desde CGT vemos insuficiente la medida tomada por el Gobierno en dos sentidos. Por un lado, esta ayuda va dirigida a todas aquellas personas con contrato temporal que no hayan podido optar al paro u otros subsidios, siendo el requisito principal tener un contrato superior a dos meses. Una exigencia que vemos especialmente injusta cuando uno de las dinámicas a las que están expuestas las personas con contratos temporales es enlazar de forma fraudulenta un contrato temporal tras otro, ya sea para una ETT como para la propia empresa directamente. Este requisito, deja fuera justamente a las personas más vulnerables dentro de este colectivo, por ello exigimos que sean consideradas para acceder al subsidio. Y, por otro lado, nos parece insuficiente la cuantía correspondiente al 80% del IPREM, es decir, 430 € durante un mes (con posibilidad de extenderse temporalmente si el estado de alarma continua), independientemente de sus salarios o sus circunstancias personales y familiares.
Además de las medidas de carácter laboral que afectan a una parte de la clase trabajadora, el gobierno también a aprobado en el mismo RD otras medidas de carácter económico y social que pretenden ser un balón de oxígeno para la clase trabajadores, pero que, sin embargo, nos siguen pareciendo insuficientes dada la dimensión de la problemática.
En relación a los alquileres, otra de las medidas aprobadas en este Plan, cabe resaltar que CGT celebra la paralización de los desahucios por impago de alquiler y la prórroga de los contratos durante 6 meses. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el establecimiento de los microcréditos, aunque sean a interés cero, a las personas afectadas por la crisis del COVID 19, ya que implica que las personas más afectadas carguen con esta crisis en base al endeudamiento. Si bien es importante diferenciar entre los arrendadores que tienen una única vivienda en propiedad y necesiten estos ingresos para cubrir sus gastos básicos y los fondos buitres o la patronal de la vivienda, desde CGT se cree que, con estas medidas, más que proteger a las familias afectadas, se está protegiendo los beneficios y privilegios de los grandes propietarios. Ya que, en caso de aquellos con más de 10 viviendas en propiedad o fondos de inversión, los inquilinos se podrán acoger a una moratoria de cuatro meses y una vez transcurrido el periodo deberá haber acuerdo entre ambas partes. En caso de no llegar a un pacto, dan la opción de acogerse a una quita de la deuda del 50% o bien una reestructuración de dicha deuda en dos/tres años. Ante una situación tan extraordinaria como la actual, no creemos que esta medida sea una solución que ampare a las personas inquilinas más perjudicadas por esta crisis. Por ello, desde la organización pedimos que se proceda a la suspensión de pagos como ayudas determinantes a las personal inquilinas que han visto reducidos sus ingresos y que el Gobierno garantice un derecho básico como la vivienda a las personas más afectadas por esta crisis.
Otra de las medidas aprobadas es la prohibición de cortar el suministro energético y el agua durante estado de alarma, tanto en los hogares, así como en el caso de los autónomos y Pymes, que también podrán acogerse a una “suspensión temporal» en el pago de suministros y adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo, sin ninguna penalización. En el caso, para las personas y hogares vulnerables, se les permite una moratoria en el pago de las facturas y en caso de cumplir con las condiciones para percibir el bono social, éstas podrán sumarse a la posibilidad de que te hagan descuentos en la factura energética. Descuentos que van del 25% al 50% de la misma, pero que en ningún caso permite la suspensión temporal de las facturas al 100% (en caso de no percibir ningún ingreso). CGT considera injusto que las personas que no tienen recursos tengan que acogerse a una moratoria en el pago de sus facturas o a un descuento de las mismas. El hecho de no percibir ingresos en los hogares por la crisis del COVID 19, supone para muchas familias el empobrecimiento y la exclusión social, por ello, consideramos que, el Gobierno debe de garantizar los suministros energéticos y de agua a estas personas y hogares al 100%, sin moratorias en los pagos ni descuentos, hasta que su situación socioeconómica vuelva a recuperarse.
Desde CGT defendemos que, ante este estado de alarma, los costes sociales y económicos que va a suponer para la sociedad no pueden recaer, de nuevo, sobre las mismas personas, las más vulnerables y empobrecidas. La situación de pobreza y exclusión social ya era preocupante antes de la llegada del COVID19. Si no se toman medidas integrales y contundentes que garanticen a las personas más afectadas por la falta de recursos los bienes y servicios básicos para vivir, el futuro después de la crisis del Covid-19 será aún más complicado y difícil de solucionar. Por eso desde CGT le reiteramos al Gobierno la petición que ya le hemos traslado por escrito, es imprescindible establecer de forma inmediata una Renta Básica de las Iguales con carácter inmediato, universal e incondicional.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
