El Gobierno Andaluz constituyó a principios de este año una Comisión Interdepartamental (ocho Consejerías), con características similares a la formada por el Gobierno de España (Comisión Interministerial, formada por expertos y cuatro Ministerios), para actuar en materia de Recuperación de la Memoria Histórica. Pero, en la práctica, parece ser que se le ha atribuido a la Consejería de Justicia y Administración Pública toda la responsabilidad en poner en marcha alguna iniciativa, en la misma dirección que el pasado año.
Es decir, una Orden de Convocatoria para subvencionar actividades, que ahora debería de cumplir con el primer objetivo de dicha Comisión : coordinar las actuaciones que deben ser impulsadas de forma conjunta. Sin embargo de esta convocatoria no participan, pese a su contenido otras Consejerías con responsabilidades en los contenidos que se marcan. Por ejemplo, quedan fuera las Consejerías de Cultura (con todas sus responsabilidades en Archivos), de Educación (y lo que ello conlleva de actuar en Institutos y Universidades), o de Gobernación (con sus responsabilidades de coordinación con otras administraciones, especialmente la local).
Pero lo que más sorprende son algunos de los criterios contenidos en dicha Orden :
§ Fecha de la Convocatoria. Se realiza a finales de Julio con un plazo de presentaciones de iniciativas y proyectos que finaliza en Agosto, a pesar de que el compromiso era publicarla en Marzo. Como es normal, su ejecución será realizada dentro del año natural, o sea, que tendremos un otoño con mucho trabajo.
§ Pocos recursos, mucha burocracia. Es extraordinariamente compleja y prolija, lo que en la práctica equivaldrá a dedicar importantes esfuerzos a la burocracia, siendo el alcance de los proyectos de poca entidad. Los controles -siempre necesarios- en esta ocasión son equiparables a una obra pública de gran envergadura. Algo así como, una financiación mínima, y una máxima burocracia. , sin embargo se echa de menos unas “recomendaciones mínimas” a los que presenten los proyectos y sobre todo a los elegidos para su ejecución.
§ Discriminatorios. Sólo pueden presentar proyectos los Ayuntamientos y las Asociaciones que, en sus estatutos, figure la Recuperación de la Memoria como objetivo, dejando fuera -de hecho- a todos aquellos que vienen trabajando en esta materia desde antes de que existieran esas mismas asociaciones, por ejemplo, la CGT.A.
§ Sin implicación ni compromiso de la Junta. Y en consecuencia, no se aprovechan todas las oportunidades que supone un proceso de este tipo, sino que más bien se podría pensar que lo que interesa es “cumplir” que consolidar una cierta línea de trabajo si, realmente, se quiere cumplir con los objetivos de cualquier manera.
Por ejemplo : A los Ayuntamientos que se les subvenciona la instalación de un “monolito” se les podía pedir un mínimo estudio complementario en el que se contemple :
1. La represión en la localidad.
2. La existencia, o no, de fosas comunes en su termino municipal (en el propio cementerio o fuera de este recinto), y el estado en el que, en su caso, se encuentra (destruida, expoliada, señalizada …)
3. La lista (aunque sea parcial) de los vecinos/as asesinados, ejecutados, exiliados, represaliados, etc..
4. La realización de las gestiones oportunas para la inscripción de aquellos nombres que no figuren en el Registro Civil (que son la mayoría de los fusilados).
§ El asunto pendiente de las fosas comunes. A pesar de que, cuando hablamos de la RMH, en gran medida nos referimos a la existencia de fosas comunes por tapias, cunetas y barrancos (también en cementerios, la situación más frecuente y por cierto la de más fácil resolución), la Junta solo quiere realizar un mapa en el que se localicen las fosas. Pero además, lo quiere hacer financiando la realización de 8 mapas de fosas (uno por provincia), por las Asociaciones que competirán entre ellas. Pero no establece unos mínimos criterios, ni define objetivos claros para una vez que sean elaborados dichos mapas (la señalización de estos lugares, su expropiación o similar de los terrenos privados donde estén ubicadas, la exhumación y traslado de los restos, etc.).
Tampoco hace un mínimo esfuerzo por buscar “otras alternativas” y aliados, dentro del mismo Gobierno Andaluz, para actuar con mayores recursos y eficacia. Por ejemplo, se podría recurrir a la realización de campos de trabajo de arqueología (como está haciendo el Gobierno de Extremadura a través de la Consejería de Cultura), y otro tipo de medios para cancelar de una vez por todas esta vergonzosa situación. Más bien todo lo contrario, se viene utilizando en muchas ocasiones “argumentos falsos” (la modificación de la Ley que regula las exhumaciones, el registro Civil, el precio de ADN, etc.) para eludir la responsabilidad de actuar de oficio en ciertos casos extremos (Órgiva), y disuadiendo las actuaciones de otros (Ayuntamientos, familiares, asociaciones…). En definitiva, aplazando en el tiempo lo que sigue siendo la demanda social mayoritaria, las exhumaciones.
§ Colaboradores por “orden”. La Junta sigue intentando implicar, por Decreto, a las Universidades que han demostrado no tener, salvo excepciones, el más mínimo interés por este asunto (que no sea económico y/o publicitario). El argumento de “aportar el sello de calidad a la investigación” es difícil de creer cuando no han demostrado su capacidad ni dedicación en este campo concreto. Y de paso, ponen en entredicho a los expertos (historiadores, antropólogos, juristas, arqueólogos, etc..) que vienen colaborando con las asociaciones y organizaciones en esta materia desde hace años.
EN DEFINITIVA, LA JUNTA SIGUE MARCANDO LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ORGANIZADOS, EN ESTE CASO DE LA RMH, DICIENDOLES A TRAVES DE ORDENES Y DECRETOS EN QUÉ Y CUANDO TIENEN QUE TRABAJAR SI QUIEREN UNOS EUROS.
Esto solo es un mínimo análisis de la Orden. Esperamos vuestras aportaciones
Cecilio Gordillo, Coordinador grupo de trabajo “Recuperando la memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A.
Fuente: Cecilio Gordillo / CGT Andalucia.
