Por primera vez empezamos a ser conscientes de que nos han negado el conocimiento de nuestra historia, pero también de las consecuencias política de esta desmemoria. De un interés estrictamente personal (recuperar los restos del abuelo, la obtención de algún certificado necesario para la pensión de la abuela, etc..), y la falta de respuesta organizada a estas demandas, estamos poniendo en cuestión el conocimiento de la historia contemporánea española, pero también la irresponsabilidad política que ha pasado por alto tantos asuntos que no ha hecho sino perpetuar la injusticia sobre quienes perdieron todo, incluso la vida, por defender la legalidad republicana y los valores transformadores hacia una sociedad más igualitaria.
La recuperación de la memoria histórica.
Pese a la difícil pero inevitable interacción de la sociedad civil con las instituciones y estructuras políticas, hay que reafirmar la condición de movimiento social de todo este fenómeno, en la medida que ha sido y sigue siendo en el seno de la propia ciudadanía donde se ha generado esta preocupación y desde donde se han tomado iniciativas y realizado acciones directas. En primer lugar, desde impulsos individuales o restringidos al ámbito familiar o doméstico, y en un segundo momento con la ayuda de organizaciones y colectivos profesionales, que han venido constituyéndose para socializar este tipo de experiencias, y buscar el apoyo mutuo necesario para facilitar los largos procesos que comporta la recuperación de la memoria. En ningún momento se ha debido este movimiento a una actuación política o administrativa ‘de oficio’ por quienes tienen verdaderamente la responsabilidad en los diferentes ámbitos contra los que los interesados se han venido chocando (archivos, registros civiles, cementerios, juzgados, …) a pesar de las reiteradas peticiones.
El interés por la memoria histórica ha puesto de manifiesto, además, la importancia de incorporar “las experiencias vividas, los testimonios” que también construyen el discurso histórico. Llegado a este punto de proliferación de libros, películas, programas de televisión y radio, etc., hay que crear las condiciones adecuadas para traducirlo en un mejor conocimiento (sintético) de la historia, y de su enseñanza y divulgación. Pero hay que hacerlo desde el rigor científico y el adecuado impulso de actuaciones que permitan renovar los planteamientos alicortos que se han manejado con frecuencia para este periodo.
Las instituciones empiezan a reaccionar con algunas declaraciones políticas de cierto relieve, aunque a veces se tiene la sospecha de que con ellas intentan cerrar este capítulo. La demanda social va adquiriendo una dimensión tal que no les quedará más remedio que tomar medidas de carácter jurídico-administrativo para poder ser seriamente satisfecha. Alcanza al terreno de la documentación y archivos, de los diferentes registros públicos que acreditan el paso por este mundo de personas y de sus bienes ; de los derechos profesionales ; al reconocimiento de la nacionalidad de los descendientes del exilio, etc.
En el contexto jurídico-administrativo actual es posible hacer mucho más de lo que se hace, pero también es cierto que se necesita una nueva legalidad para evitar que lleguemos a las más altas instancias judiciales con sentencias que no hacen sino poner de relieve las debilidades jurídicas de la actual situación. Son muchas las paradojas de un sistema que ponen en evidencia las consecuencias de una transición que no ha llegado ni a revisar las cuestiones que afectan a los derechos humanos más elementales. Por ejemplo, seguir considerando que los tribunales que dictaron sentencias de muerte contra gente como Joan Peiró (1940), Francisco Granado y Joaquín Delgado (1963) o Salvador Puig Antich (1973) eran “órganos jurisdiccionales legales”, impide la anulación de dichas sentencias y, por tanto, la rehabilitación jurídica de quienes siguen teniendo la marca de “desafectos al régimen” o “terroristas” (STC contra recurso de amparo nº 1606/1999).
Considerar legal a un tribunal que dictó sentencias de muerte impide la rehabilitación de las víctimas.
En un contexto más cercano, el de Andalucía, se han adoptado algunas resoluciones parlamentarias, y también algunas medidas como son los decretos de indemnizaciones (Decreto 1/2001, de 9 enero y 333/2003 de 2 de diciembre), el Decreto 334/2003 para el fomento de actuaciones propiamente de RMH ; y en Enero de 2005 la creación de una Comisión Interdepartamental (propuesta de este grupo de trabajo al Presidente Chaves en Abril de 2004 y constituida como rebote de la Comisión Interministerial creada por el Gobierno Central) y el nombramiento de un Comisario para la RMH. El escenario puede parecer esperanzador pero se perciben rasgos de “autolimitación”. Lo más significativo es el Decreto 334 citado y su desarrollo (Orden de 30 de marzo de 2004), que contiene en sí mismo una cierta contradicción : admite públicamente que no está por la exhumación como procedimiento, pero compone un Comité Técnico en el que sólo tiene sentido si fuera éste su principal objetivo.
§ Exhumaciones
Existen muchas modalidades represivas (el exilio, la cárcel, o los trabajos forzados, por citar sólo los más directos), pero la situación de las personas desaparecidas (directamente eliminadas, sin juicio que al menos dejara constancia documental) y las fosas comunes que abundan en cunetas, barrancos o tapias, nos lleva a una de las cuestiones claves de este proceso. Y al final de todo, la cuestión es si procede o no la exhumación y la identificación de los restos mediante pruebas como la del ADN. Se invocan razones de todo tipo que dejan entrever que estamos ante la ‘prueba del algodón’, la que permite calibrar el grado de firmeza o de calado de la recuperación de la memoria en el plano institucional o político.
Suele pretextarse la opinión de los familiares (en muchos casos no los hay), lo costoso de la operación, las incertidumbres de unos hechos lejanos en el tiempo, etc. Se está rehuyendo la cuestión, que resulta incómoda y perturba en lo más hondo de nuestro cuerpo individual y social. Pero la exhumación es necesaria e incluso una responsabilidad administrativa de obligado cumplimiento. A nadie se le ocurre enterrar a un familiar donde se le antoje por razones sentimentales o por ser el lugar del fallecimiento. Simplemente está prohibido, y la opinión de los familiares no cuenta. Aunque hayan pasado casi 70 años, no pueden equipararse estos restos a los de otras épocas históricas de las que ya no hay vinculación sentimental directa.
La mentalidad social (la que mantienen los poderes político, judicial, militar e incluso académico) ha establecido un estado de excepción, de suspensión de derechos y obligaciones, cuando se trata, o se presume, que los muertos son de la guerra civil. Entonces se aplican otras reglas, las de la inoportunidad, que para qué remover las viejas rencillas del pasado, etc. Todo esto tiene que ver, seguramente, con el franquismo sociológico, el ‘atado y bien atado’, o las secuelas de la transición (una estrategia política ya esbozada en los años sesenta bajo la forma de ‘gobierno de concentración’). Rige la excepción en lo que debería ser normal y una responsabilidad administrativa que, de oficio, actúe ante una realidad que se va desprendiendo de los miedos. Hay cadáveres, miles, que están fuera de los recintos designados para ello, cuando se conozcan, hay que resolver esta irregularidad. Todo lo demás es eludir la cuestión, hacer concesiones a una determinada forma de entender nuestra historia, aquella que debe dejar las cosas como están, que es lo que se debió de pactar : no abrir viejas heridas para fundamentar la nueva democracia. Pero esto resulta inverosímil 25 años después. Por encima de cualquier otra consideración hay una obligación moral de favorecer que el “duelo” deje de estar interrumpido, y pueda así cerrarse un capítulo de la historia que ha generado mucho dolor.
Existe una obligación moral de favorecer que el duelo deje de estar interrumpido.
Evidentemente, los costes económicos de un proceso generalizado de localización y exhumaciones de las fosas comunes deben de ser importantes, sobre todo si se hace de forma profesional, que es lo que se viene demandando desde la sociedad (no desde las instituciones). Pero podría considerarse una cierta prioridad para que durante unos años se declare una “moratoria” en los programas de actuaciones arqueológicas, que podría concentrar fondos económicos y recursos humanos para zanjar esta cuestión. Al fin y al cabo estas prácticas (exhumaciones y pruebas ADN) se vienen realizando en otros países (Chile, Argentina, Guatemala, Perú, Rusia, etc..) con recursos humanos y económicos españoles.
§ Memoria pública
También en el propio seno de las asociaciones se da este debate, aunque se constata una evolución en favor de la exhumación. Se comprueba una tendencia a salir de la esfera estrictamente privada (muchas fosas se exhumaron así, sin esperar a nada ni a nadie, casi “clandestinamente”) para trascender hacia el acto social con un sentido más o menos reivindicativo, puesto que con ello se expresa la recuperación de una dignidad (el de las personas enterradas) y unos derechos (el de los familiares) durante mucho tiempo pisoteados.
Cualquier acto de recuperación adquiere significado y tiene valor en sí mismo, por el hecho de ejercer un derecho reprimido o silenciado durante mucho tiempo, incluso si sólo responde a una íntima necesidad que así queda satisfecha. Esta ha sido la primera motivación, la de quienes precisamente han tenido que recorrer un camino en soledad, provocado por unas determinadas condiciones sociopolíticas. En sí mismo eso ya es un hecho con dimensión política, aunque no necesariamente tiene que moverse en las coordenadas de quienes deciden qué es político y qué no. Es más, de esta manera se cuestiona y denuncia a los ‘políticos’ que con su pasividad, cuando no complicidad, han contribuido al silencio vergonzoso a que ha estado sometido las familias que perdieron la guerra. ¿Pueden ellos decir, sin avergonzarse, que las familias que no cumplen con determinado ritual no tienen responsabilidad política, cuando precisamente ellos han sido responsables de, al menos, la inacción por superar este déficit democrático que vivimos ?. Ningún partido u organización, salvo honrosas excepciones debido más a impulsos personales, han hecho lo suficiente para no tener que callar ante esta demanda social, sino más bien para tener que reconocer su responsabilidad, y ello a pese a que algunos deben su propia existencia a la memoria histórica colectiva.
Porque, si se reclama dimensión política, debían haber empezado por exigirla a alcaldes, concejales y parlamentarios, para que facilitaran en sus ámbitos de gestión los trabajos necesarios para el esclarecimiento de la verdad histórica y la dignificación de quienes fueron maltratados por la dictadura (convertir los lugares del olvido en lugares de memoria). Pero, sin esta actitud, qué pueden pedir a las asociaciones y familiares, o es que no es suficiente hecho político el haber sensibilizado a los ‘políticos’ de este asunto (¿la política es unidireccional ?) ; o no es un acto político valiente que, pese al olvido, se alce la voz para preguntarse no sólo por la guerra, la república o la dictadura, sino también por la Transición política, aquella que amnistió a quienes cometieron toda clase de delitos durante 40 años pero que nos hicieron creer que sacó de las cárceles a los antifranquistas. Qué paradoja !
Se reivindica lo negado, erigir lugares para la memoria en vez de lugares para el olvido.
§ Patrimonio colectivo
El movimiento por la recuperación de la memoria histórica está demostrando que no está movido por ánimos revanchistas, ni siquiera oponiendo la ‘memoria roja’ frente a la ‘memoria azul’, o cuestionando las bases de la actual convivencia democrática como marco para la resolución de los conflictos sociales.
Esta acción ciudadana reivindica lo negado y desarrolla un pensamiento para que, frente a los lugares para el olvido, se construyan lugares para la memoria. De la memoria que representa valores que hoy suscribimos y que no son los que encarnaron el franquismo, sus personajes y hechos. Éstos fueron durante mucho tiempo los que presidieron calles, plazas y ciudades, que es donde ha estado la verdadera asimetría entre la memoria ‘azul’ y la ‘roja’, por emplear una terminología al uso, aunque desafortunada. Si hay que desterrar estos símbolos no es porque a través de ellos no se reconoce la historia, sino por que no representan los valores de nuestra sociedad, ni la de sus aspiraciones ; de ahí que la alternativa no sea, simplemente, construir un monolito frente a una “cruz de los caídos”. Por mucho que se haga, nada es comparable a la todavía asimétrica relación con los recuerdos de otras concepciones. Se admite como normal la canonización (con presencia de responsables institucionales) como mártires de la fe de varios cientos ya, y no cuando se trata de reconocer a hombres y mujeres de todo el abanico ideológico antifranquista.
Estamos, por el contrario, en una perspectiva más creativa, la que entiende la memoria como patrimonio colectivo y no partidista ; la memoria como recurso para la identidad y dignidad de la sociedad ; el valor de técnicas y métodos como las historias de vida para la comprensión de las trayectorias vitales propias y su contextualización ; la memoria como factor de construcción de la historia social reciente (no sólo de la República, la guerra civil y su larga posquerra, sino también de los procesos de cambios posteriores) ; la dimensión participativa de la memoria a través de los propios protagonistas y su percepción de los procesos.
Cecilio Gordillo Giraldo. Coord. “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A y vocal exhumaciones de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).
Publicado en “Cuadernos para el dialogo”. Octubre 2005. nº 4
Par : Cecilio Gordillo
Fuente: Cecilio Gordillo
