Artículo de opinión de Rafael Cid
<<Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen>>
(Honoré de Balzac)
<<Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen>>
(Honoré de Balzac)
Dicen que un panal de rica miel… Los hoy todopoderosos Kennedy se hicieron ricos y honorables saltándose las restricciones de la ley seca. El último pirata del mediterráneo, el mallorquín Juan March, creó un imperio bancario conspirando durante la guerra civil a favor de Franco, y hoy da nombre a una fundación filantrópica que luce con luz propia en el campo de la cultura humanística y científica. La química alemana Bayer se hizo una potencia en el sector vendiendo el gas zyklon con que los nazis asfixiaban a los judíos durante el holocausto, y hoy encarna a uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo, el Bayer Leverkusen. A los triunfadores no se les mira el diente, solo el talonario.
La crisis desatada por el Covid-19 también tiene sus depredadores. Y no solo entre los oportunistas y mercenarios que aprovechan las circunstancias para lucrarse traficando con los EPIs (Equipos de Protección Individual: mascarillas, test, respiradores, batas, guantes) o cualquier otro de material sanitario necesario para combatir la pandemia. Hay otros aprovechados que están entre nosotros, asimilados, al margen de los circuitos opacos en que se mueve la criminalidad organizada con licencia para especular. Son aquellas instituciones dignas de ninguna sospecha que usan la legalidad para sus impresentables fines. A menudo con el visto bueno de las propias autoridades, cuando no precisamente gracias a su dilecta complicidad, por acción u omisión. Altruistas de reconocido prestigio que brillan como agentes sociales <<representativos>>. Es el caso de la actuación de los sindicatos pretendidamente mayoritarios (la afiliación en España es del 13,7% de la población activa, el mínimo histórico) en el caso de las medidas laborales aprobadas por el gobierno de coalición de izquierdas para paliar la crisis social desatada por el coronavirus. Veamos.
Para empezar tenemos dos sindicatos, autodenominados de clase, que en 2010 y 2012 llamaron a la huelga general para revertir las contrarreformas labores perpetradas por el gobierno del PSOE, primero, y por el del Partido Popular, a continuación, para reasignar el impacto de la crisis financiera desatada en 2008. Luego contamos con una ministra en el gobierno de coalición de izquierda PSOE-Unidas Podemos que al tomar posesión de su cargo prometió solemnemente derogar la contrarreforma hecha en la etapa de Mariano Rajoy (la confluencia con Pedro Sánchez en el poder dejó sin respuesta acometer otro tanto con la realizada por José Luis Rodríguez Zapatero). Pasados pocos días de aquella triunfal presentación, la titular de dicha cartera en el Ejecutivo <<rotundamente progresista>>, la dirigente comunista Yolanda Díaz, anuló al punto del artículo 52 del Estatuto de los Trabajados (ET) referido al despido por bajas médicas justificadas, dejando para más hacer otro tanto con las partes <<más lesivas>> de las normas introducidas por el PP.
Y en ello, vino la pandemia, y por consenso entre los máximos responsables de CCOO y UGT y Díaz, el gobierno aprobó <<prohibir los despidos>>, según la expresión literal utilizada por la ministra en la rueda de prensa donde anunció la medida, acaparando los titulares de la prensa y las cabeceras de los informativos de radios y televisiones. En realidad se trataba de una interpretación ideológica sobre algo menos contundente y más doméstico. Lo que se había decretado era que mientras durara la crisis del Covid-19 no se podría usar la modalidad de despido procedente con una indemnización de 22 días/año, como figuraba en el ET, sino que habría que aplicar una tarifa mayor, de 33 días/año, correspondiente a lo que se establece para los improcedentes. En una palabra, se encarecía el coste del desempleo forzoso, ya que el despido seguía siendo libre solo que pagado. Al mismo tiempo, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que desarrollaba la medida, disponía procedimientos para facilitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) mejorando la cobertura de las percepciones económicas para el afectado. Todo ello con la idea de que con dicho sistema (uno de los aspectos incorporados a las contrarreformas anteriormente impugnadas) se evitara que durante la hibernación económica las empresas utilizaran la fórmula expeditiva de extinción de los contratos.
Y así llegamos al nudo de la cuestión. Resulta que en la famosa <<letra pequeña>> de la ley aprobada para mejorar la vida de los afectados por los ERTE y <<que nadie se quede atrás>>, se incluyó una novedad de parte, inquietante por sus efectos perversos y poco democráticos en lo referido al derecho de participación de los trabajadores en las empresas. Se había alterado el orden de prelación de los sujetos legitimados para negociar los expedientes de reducción y reducción de jornada, distintos de la fuerza mayor, en empresas <<sin representación de trabajadores>>. Algo muy frecuente en muchos centros de trabajo que cuentan con menos de 10 empleados. De hecho de las 1.340.415 empresas existentes, 1.015.860 ostentan esa limitación legal, aproximadamente el 75% del total.
Pues bien, en la disposición de marras, y con la nocturnidad y alevosía que conlleva el confinamiento y el shock por la pandemia, la autoridad competente había colado en comandita con las direcciones de CCOO y UGT una suerte de donde <<dije Diego digo digo>> en el ámbito de la normativa laboral aplicable. En concreto, en el apartado donde se decía que para la negociación de medidas colectivas sin representación sindical primaría la voluntad de los trabajadores (una comisión de 3 miembros) y en su defecto la de los sindicatos más representativos en el sector, se dio la vuelta como un calcetín dejando ese privilegio a las centrales y solo en caso contrario a los propios empleados (art.23-1 a) RDL 8/2020, de 17 de marzo). En lo cualitativo, el orden de los factores siempre altera el producto. Así, de una tacada y mientras dure el actual interregno, se promocionara a Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores pasando a tutelar los ERTE de la mayoría de las empresas del país, cuando su representación estadística probada no alcanza al 14%. Como lo de meter de rondón a Pablo Iglesias en la Comisión que controla el CNI aprovechando el decreto del Covid-19.
La cosa no pasaría a mayores si los ERTE, que ya alcanzan a unos 4 millones de trabajadores, fueran coyunturales y cuando escampe todo los que ahora <<lo disfrutan>> recuperaran sus trabajos sin merma de condiciones salariales o laborales. Pero la experiencia de la pasada crisis, y lo que prevén los analistas más rigurosos, es que eso no sea así ni de lejos. Dado el sector del que estamos hablando, autónomos, empresas familiares y negocios mínimos (la mayoría del tejido productivo del país), en un gran número de casos los ERTE se tornaran en ERES y con ellos despidos sin vuelta atrás. Y aquí es donde está la miga. Un sindicalismo de pacto con el gobierno y la patronal, volcado a la subvención pública y el costoso espantajo de sus miles de liberados, con una escasísima representación general que disimula con alguna implantación en las grandes empresas, de la noche a la mañana podría aparecer comisionando por derecho propio ese universo laboral donde CCOO y UGT brillan por su ausencia. En las empresas con menos de 10 trabajadores no es preceptivo la afiliación para formar parte de sus órganos de representación.
Además también se abre ante CCOO y UGT la posibilidad, si se cumplieran los peores augurios, de gestionar los ERE venideros en el sector. Es decir, las extinciones definitivas de contratos por 33 días/año en los improcedentes y su otra variante en los fallados nulos. Este apartado, como es sabido, es una de los filones del que dichas centrales (no otras como CGT, CNT e incluso USO) nutren sus finanzas. Lo llaman <<asesoramiento jurídico y técnico>> y se cobra un promedio de entre el 10% y el 15% sobre la indemnización estipulada. En los momentos de mayor destrucción de empleo supuso cerca de 80 millones al año para las centrales. Durante la crisis del 2008 un total 953.331 personas computaron en un ERE, con una tarifa media para los gestores de 250 euros por cabeza. En esos años, para atender a la ingente demanda, CCOO contrató temporalmente a 400 abogados laboralistas y UGT a 360. No es menos cierto también que en un 98% de los Expedientes de Regulación de Empleo correspondiente a grandes empresas (los que proporcionan mayores ingresos) ambos sindicatos llegaron a un acuerdo con su dirección sin necesidad de ir a los tribunales.
La importancia económica de los ERE en el mundo sindical quedó tristemente de manifiesto en el caso de los ERE en Andalucía que ha llevado a la dimisión indecorosa de los secretarios generales de CCOO y UGT en aquella comunidad, y a la condena de dos ex presidentes de la Junta y presidentes honorarios del PSOE, así como de otros 20 altos cargos de su administración. Por la cuantía del dinero público malversado bajo el paraguas de los ERE, el affaire está considerado como mayor caso de tangentópolis juzgado en España desde la transición.
La ministra de Trabajo Yolanda Díaz manifestó su satisfacción porque Bruselas le había felicitado por la eficaz aplicación del modelo ERTE para luchar contra el desempleo.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
