CC.OO. ha formalizado su demanda ante el Tribunal Supremo contra la devolución del patrimonio histórico sindical a UGT, que el Gobierno cifró en 149 millones de euros y que aprobó en Consejo de Ministros en noviembre de 2006.
La demanda interpuesta por el sindicato plantea una cuestión de inconstitucionalidad al entender que el Real Decreto Ley en que se apoya la devolución del patrimonio «vulnera los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad» exigidos por la Constitución.
Según CC.OO., ello hace que los motivos que ha esgrimido el Gobierno para promulgar este decreto sean una «mera coartada», que tiene por fin «encubrir la violación del derecho constitucional a la libertad sindical y la diferencia de trato a favor de uno de los sindicatos más representativos», sobre todo teniendo en cuenta que esto se hizo en plena campaña de elecciones sindicales.
En su recurso, el sindicato analiza y «desmonta» las modificaciones legales producidas por dicha norma, de la que dice que sólo tenía por finalidad «favorecer a una determinada organización sindical», asignándole o compensándole bienes públicos «sin la existencia de título jurídico que los ampare».
En este sentido, CC.OO. hace especial hincapié en los bienes de la Fundación Cesáreo del Cerro, por los que el Gobierno concede a UGT 133,4 millones de euros. La organización de José María Fidalgo asegura en su escrito que se trata de bienes legados a las sociedades obreras en 1914, «sin que en ningún momento le hubieran pertenecido a UGT».
«Aunque la Guerra Civil no se hubiera producido ni se hubieran producido actos de incautación por el franquismo, la Unión General de Trabajadores nunca hubiera podido disponer de los bienes de la Fundación Cesáreo del Cerro», alega la central.
CC.OO. confió en que la Justicia «rectifique» esta situación «claramente arbitraria» y en que el Gobierno «corrija esta gravísima injerencia» en el derecho fundamental de la libertad sindical.
Fuente: MADRID, 29 (EUROPA PRESS).
