La plaga de topillos que asola Tierra de Campos, en Palencia, requería medidas drásticas. Los roedores sobrevivieron gracias al cálido invierno y en primavera 300 millones de ejemplares han arruinado cosechas enteras. En marzo, la Junta de Castilla y León declaró oficialmente la guerra a estos roedores : extendió veneno a discreción en 20.000 hectáreas de monte. El resultado es que los topillos siguen allí, aunque diezmados, mientras que han caído palomas, liebres y aves protegidas, según los ecologistas. En la zona envenenada hay también jabalíes y aves protegidas como cernícalos y aguiluchos. Una juez investiga si se ha cometido un delito contra el medio ambiente.
WWF/Adena ha denunciado a la Junta por un delito contra la salud pública, ya que aseguran que el veneno ha afectado a animales de caza menor y palomas.
El fiscal pidió el jueves pasado que declare como testigo el director de Agricultura de Palencia, José Félix de la Cruz, según fuentes del caso. El 27 de marzo pasado, el Boletín Oficial de la Comunidad declaró la existencia de una plaga. Dos semanas antes ya había empezado una lucha basada en un veneno mezclado con el grano de cereal y repartido por los campos que debía acabar con los topillos. El producto elegido fue la clorofacinona, un anticoagulante que causa la muerte al producir daños cardio-pulmonares y síntomas neurológicos. La ficha del producto incluye una advertencia : «No incorporar a suelos ni acuíferos», pero eso no frenó a las autoridades.
El topillo campesino (Microtus arvalis), un pequeño roedor, ha acabado con cosechas enteras de cereal y con el grano de maíz y cebada. La Junta de Castilla y León ha cifrado los daños de los topillos en 15 millones de euros y los agricultores en más del doble. Pero el remedio ha sido otra enfermedad. El problema, como señala el responsable de especies amenazadas de WWF/Adena, Luis Suárez, es que «el veneno es un método indiscriminado y su uso está prohibido, ya que no sólo afecta a los topillos, sino a muchas otras especies».
Así, en esos días de marzo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) comenzó a recibir denuncias de palomas muertas. El acta de levantamiento de cadáveres de las palomas coincide en todos los casos : «Hay granos de cereal tintados de rojo en el buche del animal». No hay duda : es el grano con clorofacinona vertido por la Junta. Preocupados por la incidencia de la clorofacinona, el Seprona pidió un informe al catedrático de Toxicología de la Universidad de León Rafael Balaña Fouce, quien respondió por fax : «Consideramos que estos animales son un riesgo para la salud pública y no deben en ningún caso ser consumidos por la población hasta que cese el uso masivo de este rodenticida», según uno de los atestados del Seprona.
El 21 de marzo aparecieron 118 palomas muertas en un solo palomar de Autillo de Campos (Palencia). La zona tiene tradición de cría de paloma, que a menudo acaban en el plato de sus cuidadores. Pero WWF/Adena denuncia que también han caído liebres y calandrias y que existe el riesgo de que haya animales enfermos que puedan ser cazados y comidos. El problema es que la muerte de palomas son denunciadas porque tienen dueño, pero nadie puede saber lo que está pasando en el campo.
La Guardia Civil comenzó entonces a denunciar los envenenamientos al juzgado. Los ecologistas de la Fundación Global Nature, la Coordinadora para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecologistas en Acción denunciaron a los responsables de la Junta de Castilla y León por delito contra el medio ambiente. Inciden en que donde se ha esparcido el veneno hay cuatro zonas de especial protección para las aves en las que anidan avutardas, aguiluchos, cernícalos, alondras. También hay liebres y jabalíes. Los ecologistas alertan del riesgo de que el veneno pase al hombre y de especie a especie. Tras las protestas, la Junta suspendió el tratamiento y el juzgado de Palencia investiga el caso.
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Palencia, Domiciano Pastor, define de forma gráfica la situación : «El campo parece un colchón. Hay tantos agujeros hechos por los topillos que cuando pisas, te hundes». En septiembre, la UPA ya alertó de la plaga : «Pedimos medidas a la Junta y nos dijeron que con cuatro días de heladas, los topillos se morirían», señala Pastor.
El problema, como reconoce un portavoz de la Junta, es que el invierno fue anormalmente cálido y sin apenas heladas. «Puede que sea por el cambio climático, pero los topillos sobrevivieron y se multiplicaron». El resultado ha sido devastador : la Junta calcula que hay unos 300 millones de ejemplares en las 200.000 hectáreas afectadas por los topillos, repartidas entre Palencia, Valladolid y Zamora, lo que equivale a 1.500 animales por hectáreas. Los agricultores consideran excesiva la denuncia ecologista. «No hubo tantas muertes, pero si el método no es bueno no queremos que se use», afirma Pastor, «pero algo hay que hacer para acabar con los topillos. Ahora no tenemos ni veneno ni cosechas».
La ponzoña acaba con 20.000 rapaces en 15 años
El veneno es el gran problema de la biodiversidad en España. Los cebos emponzoñados para proteger los cotos de caza han acabado desde 1990 con unas 20.000 rapaces, según el estudio El veneno en España de WWF/Adena.
La novedad en el caso de Castilla y León es que, desde que en 1983 cerró la Junta de Extinción de Alimañas, las autoridades habían dejado de usar el veneno para acabar con las plagas. El problema del veneno es que es indiscriminado y afecta a las plagas, pero también a especies protegidas y carroñeras.
Entre 1990 y 2004, Adena ha documentado centenares de especies protegidas envenenadas, como 79 águilas imperiales, 354 buitres negros, 143 alimoches, 435 milanos reales y 20 quebrantahuesos.
En 2003, Gobierno y comunidades pactaron un plan contra el veneno con escaso éxito, a tenor del informe.
Fuente: RAFAEL MÉNDEZ (El País)
