Ante el anuncio de la denuncia por injurias presentada por el Delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, queremos aclarar :
1º – Recordamos que antes de la investigación que hoy se anuncia por injurias sería recomendable que el Delegado del Gobierno, aclare una supuesta investigación anterior ; la que vincula a Casas Viejas con ETA.
El pasado 13 de Diciembre casi un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales solicitaron una reunión formal (sellando la solicitud en registro con fecha 13 de Diciembre de 2007) de la que hasta ahora no ha habido respuesta.
En dicha reunión queríamos exigir al Delegado que informe a la opinión pública de si existe realmente esa investigación y cual es el resultado hasta el momento. Por ejemplo, cual es el contenido de los documentos en vasco, que hay en los ordenadores o que relación hay entre el túnel usado para la resistencia y los zulos que utiliza ETA para esconder armas o secuestrar personas.
Hasta ahora el Delegado “tira la piedra y esconde la mano”. Seguimos esperando la reunión y que este asuma su responsabilidad, de lo contrario, emprenderemos acciones legales que pueden acabar con la evidencia de la falsedad de estas acusaciones, lo que debería acarrear la inmediata dimisión del Delegado en caso de demostrarse que ha utilizado el terrorismo para criminalizar a un movimiento social pacífico.
2º – El Delegado del Gobierno presentó la denuncia por injurias el mismo día (viernes 21 de Diciembre de 2007) en que Casas viejas denunció 3 detenciones ilegales durante el desalojo y un posible delito de lesiones en la manifestación del día 29 por parte de funcionarios policiales.
Cabe señalar que durante la semana del desalojo la Policía ya anunció una demanda por injurias que iba a presentar el lunes, luego próximamente y que al final estaban estudiando.
Pues bien, esta denuncia no se presentó en la fecha anunciada sino que se presenta ahora como respuesta a las denuncias presentadas por Casas Viejas. De hecho, dos de las tres personas denunciadas por injurias son las mismas que han denunciado la detención ilegal.
3º – Casas Viejas mantiene todas las afirmaciones que hemos difundido y desde el colectivo confiamos firmemente en la versión de los compañeros sobre la actuación policial.
Tenemos recursos suficientes para defendernos de estas denuncias. Como dijimos en su momento, utilizaremos el vídeo y la documentación que tenemos para nuestra defensa legal y lo haremos público una vez que haya servido judicialmente para evitar que su difusión antes del juicio le reste valor a la hora de aportarlo como prueba.
4º – Consideramos que la actitud del Delegado del Gobierno no es propia de un cargo público de esa naturaleza. Creemos que el Delegado es consciente de la gravedad de su actuación al vincularnos con ETA sin ninguna prueba y que ahora utiliza los recursos públicos y el poder político que ostenta en virtud de su cargo para defenderse personalmente. Creemos que el Delegado esperaba que nos íbamos a callar o a esconder y que su actuación iba a salirle gratis, pero afrontamos la responsabilidad de que este tipo de ataques desde un cargo público no deben quedar impunes.
5º – Desde Casas Viejas manifestamos nuestra absoluta tranquilidad ante la batalla judicial que se avecina, estamos orgullosos de nuestra lucha no violenta, no nos arrepentimos de nada y tenemos la conciencia tranquila. No tenemos nada que ocultar y no nos escondemos.
Estamos dando en cada momento los pasos que anunciamos y seguiremos trabajando con la esperanza de que nuestra lucha sirva también para evitar que otros colectivos sufran las difamaciones y ataques que se han vertido sobre nosotros por parte de cargos públicos como el Delegado del Gobierno.
Este comunicado responde a la información del Diario de Sevilla de 10 de enero de 2008 que se reproduce a continuación :
La Fiscalía abre una investigación a los ’okupas’ de Casas Viejas por injurias
El delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, denuncia ante la fiscal jefe los perjuicios causados al prestigio y al honor de la Policía por las acusaciones de «torturas» de los activistas tras el desalojo.
La Fiscalía de Sevilla abrió ayer una investigación para tratar de determinar si los okupas desalojados en diciembre pasado del edificio conocido como Casas Viejas incurrieron en delitos de injurias y calumnias cuando acusaron a la Policía Nacional y a los Bomberos de malos tratos y «torturas».
La denuncia, que suscribe personalmente el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, fue enviada el pasado 21 de diciembre a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ha abierto unas diligencias de investigación, según confirmaron ayer a este periódico fuentes del Ministerio Público.
El escrito remitido por el delegado del Gobierno aporta documentos gráficos y audiovisuales de las manifestaciones que realizaron en rueda de prensa al término del encierro tres de los activistas, a los que identifica plenamente. López Garzón solicita a la Fiscalía que investigue los hechos denunciados ante los graves perjuicios al «prestigio de la institución de la Policía Nacional y el honor de los funcionarios que intervinieron en el lanzamiento -desalojo forzoso tras la orden judicial- con riesgo de sus propias vidas, paradójicamente, para salvaguardar las de los desalojados».
La denuncia recuerda, en este sentido, que los túneles construidos de forma rudimentaria por los okupas y los apuntalamientos que colocaron para prevenir posibles derribos representaban una «situación de peligro real debido a su construcción misma y al deficiente estado del inmueble».
La estrechez y las pequeñas dimensiones del zulo donde permanecieron encerrado durante 37 horas dos jóvenes hizo que los policías y los bomberos que intervinieron «asumieran riesgos sobre su integridad física y sus vidas, al ponerlas en peligro en el cumplimiento de su obligación de auxilio a la autoridad judicial para el desalojo del inmueble», precisa la denuncia presentada en la Fiscalía por el delegado del Gobierno.
Las manifestaciones que efectuaron los activistas el pasado 1 de diciembre, un día después de que fueran rescatados, pueden ser constitutivas, según apuntan los denunciantes, de varios delitos de injurias y calumnias graves con publicidad, dado que las mismas tuvieron un «amplio eco y repercusión» en los medios de comunicación. La denuncia recuerda, en concreto, que los activistas atribuyeron a los policías malos tratos consistentes en «patadas, en el costado, brutales manipulaciones de la mano, bofetones, amenazas de agresión con arma blanca, golpes con martillo, arrastrones por el suelo, tirones de pelo, empujones contra la pared, etcétera», así como «torturas físicas y psíquicas» a los dos jóvenes que prolongaron el encierro durante 37 horas.
Los desalojados llegaron a afirmar que les dijeron que «iban a morir sepultados porque había una excavadora trabajando» encima de ellos, que les «inyectarían suero para dormilos» o un «gas» en el tubo de ventilación e incluso que «soltarían ratas» en la galería subterránea.
El delegado del Gobierno defiende la intervención de los agentes que participaron en el rescate. «El comportamiento profesional de todos los policías nacionales y bomberos intervinientes en el desalojo fue correcto, ponderado y respetuoso con los ocupantes, utilizándose los medios proporcionales a la resistencia ofrecida para alcanzar el desalojo». Junto a las identificaciones de los okupas que incurrieron supuestamente en las injurias y calumnias, la denuncia aporta los números profesionales de los dos agentes que directamente se vieron implicados en las tareas para quitar las cadenas y rescatar a los dos jóvenes que se habían encerrado en el zulo.
El jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra, fue quien anunció, el mismo día en que ofrecieron la rueda de prensa, el inicio de acciones legales porque resultaba «inadmisible» que los jóvenes «injuriasen y calumniasen a quienes habían puesto sus vidas en peligro para salvarles».
Fuente: José García
