Manifestamos nuestra repulsa al proceso de criminalización sufrido por los movimientos sociales en el Rio Grande del Sur. Las acciones de despejos de campamentos de áreas cedidas, de margen de carreteras y, ahora, hasta de áreas de asentamiento ; el cierre de escuelas itinerantes y el uso de violencia en la represión de las manifestaciones populares hieren el ejercicio de la democracia, garantizado por el artículo V de la Constitución Federal.
El más reciente episodio, la acción de despejo del campamento Jair da Costa de dentro de una área de asentamiento, bajo justificación de que está localizada en una área de preservación ambiental es prueba de esta política de criminalización. Una vez que el campamento se encuentra, en la verdad, en área colectiva cedida por los asentados y de que referida área de preservación se encuentra en otro local.
A la vez, cuestionamos el silencio del Ministerio Público Federal (en Rio Grande do Sul, MPF/RS) sobre el Término de Ajuste de Conducta (TAC), propuesto por el propio MPF/RS, y firmado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) hace un año y medio, previendo el asentamiento de 2 mil familias hasta el final de 2008. Desde la firma del TAC, sólo 500 familias fueron asentadas y, sin embargo, el MPF/RS poco o casi nada ha hecho para cobrar su ejecución.
Delante de eso todo, venimos su presencia, protestar contra esa política represiva, y a la vez exigir que se garantice el derecho de manifestación, el derecho de organización, el derecho universal e histórico que la clase trabajadora y los pueblos tiene que luchen siempre por sus derechos y por la mejoría de las condiciones de vida.
Fuente: Fuente : FAG
