Esta carta va dirigida a los movimientos sociales del Estado español. A las asambleas, colectivos, grupos, mareas, asociaciones, sindicatos e individuos que quieran responder ante la sentencia del Tribunal Supremo contra la absolución de las encausadas por el caso Parlament.

El pasado martes 17 de marzo nos enteramos por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo había resuelto el recurso contra la absolución que sentenció la Audiencia Nacional.

Dicho recurso lo presentaron la Fiscalía, el Parlament de Cataluña, la Generalitat y Manos Limpias, otra muestra de desvergüenza política, rencor y venganza.

Dicha resolución nos condena a tres años de prisión a ocho de las encausadas.

El pasado martes 17 de marzo nos enteramos por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo había resuelto el recurso contra la absolución que sentenció la Audiencia Nacional.

Dicho recurso lo presentaron la Fiscalía, el Parlament de Cataluña, la Generalitat y Manos Limpias, otra muestra de desvergüenza política, rencor y venganza.

Dicha resolución nos condena a tres años de prisión a ocho de las encausadas.

La sentencia condenatoria es un mazazo a la libertad de expresión y manifestación. Una invitación a la continuidad en las políticas antisociales, represivas y de recortes.

Desde la asamblea de apoyo a los condenados, os convocamos para el día 11 de abril para tomar las calles contra esta decisión que somete más si cabe la dignidad de un pueblo. Manifestaciones, concentraciones o lo que cada cual crea conveniente –de manera inclusiva y masiva- que dejen claro que no pasaremos por este aro. Que esta jurisprudencia que quieren sentar la batallaremos con todas nuestras fuerzas y compañerismos, que no son pocos.

La solidaridad vivida tras la noticia ha sido espectacular; muy emotiva. Pero es más eficaz y tiene más poder si lo demuestran decenas de ciudades del territorio peninsular. La sentencia del Tribunal Supremo nos condenará a todas… y todas debemos hacerle frente.

A las ciudades y pueblos que no puedan ese día 11 de abril, les proponemos una semana de lucha, campaña o visibilización que termine el 17 de abril, día que se cumple un mes de la noticia. De todas formas, remarcamos que preferimos el 11.

Os adjuntamos carteles, comunicados y parte del material necesario para una campaña. Twitter nos ha sido una gran herramienta. Proponemos para ese día el hashtag #3añosXprotestar.

Cartas al director, artículos de opinión, presiones a personalidades, cartas personales, acciones simbólicas, despliegues de pancartas, pegatinas… todo es necesario para demostrar que por aquí no pasamos. Cada cual con sus posibilidades y formas de hacer.

No contamos con mucho tiempo, la orden de entrada en prisión sigue vigente, y es lo que tenemos que evitar. Nuestra solidaridad y protesta conseguirá paralizar este despropósito.

Ánimos, fuerza y fraternidad. Permanezcamos juntas. Gracias

Comunicado

El 15 de junio de 2011 (15J) nos movilizamos ante el Parlamento de Cataluña miles de persones, diversas, de multitud de lugares, edades y tendencias políticas con un grito en común: alzar nuestra voz ante los políticos para aclararles que no nos representan y que no tienen legitimidad alguna cuando toman decisiones en contra de los intereses de la mayoría. Estamos hablando de derechos básicos y de negligencias estatales que atentan contra la dignidad de la gente, limitándole su capacidad de crítica y expresión. La calle es nuestro espacio donde llevar a cabo las luchas, el diálogo, el hermanamiento de clase, las sinergias y la expresión de nuestras reivindicaciones.

El operativo policial del 15J estuvo expresamente diseñado para criminalizar al movimiento 15M debido al desprestigio mundial de la Generalitat que provocó el desalojo de Plaza Cataluña. Felip Puig, Consejero de Interior, consiguió que aquellos parlamentarios atravesaran entre la multitud indignada que protestaba. Centenares de personas interpelaron a los políticos sin que ninguno de ellos sufriera daño alguno. Los Mossos d´Esquadra nos detuvieron aleatoriamente y motivaron a los políticos para que denunciaran. La investigación policial ha sido ridiculizada por la Audiencia Nacional pero la denuncia inicial de falta de garantías en la investigación policial que denunciaron nuestras abogadas –detenciones innecesarias, fotografías y ficheros, informes alevosos…- nunca ha sido reconocida.

La Audiencia Nacional nos juzgó, y en el juicio se evidenció cómo funciona la maquinaria judicial así como la carencia de argumentos en las acusaciones. Pese a las dificultades, la solidaridad y el apoyo mutuo no cedieron en ningún momento y se desplegaron acciones de protesta por todo el Estado.

La sentencia nos absolvió porque entendió que no hicimos nada especial ni más grave que lo que hizo la multitud con arrojo y lucidez. Aquel día se llevó a cabo uno de los mejores señalamientos a los responsables políticos de la desmesura económica y social. Aquel día se cristalizó la dignidad, una mirada crítica y radical ante una clase política vendida a los deseos del sistema capitalista. Y una actuación inteligente como aquella debía atacarse con lágrimas falsas, integridades físicas y un sinfín de mediocridades relatadas. Un encarnizamiento institucional y mediático contra una acción que la sentencia de la Audiencia Nacional calificó como hecho leve.

La sentencia absolutoria lanzó un estacazo a aquellos que se creen superiores y están protegidos por sus altas esferas de Estado. Reconocía ante su acostumbrada impunidad que el derecho penal no puede limitar libertades sociales ni el derecho de la ciudadanía a expresarse, por supuesto más allá de la democracia formal, representativa y parlamentaria. Según esta sentencia absolutoria –y para nuestra sorpresa- la crítica en la calle, su expresión popular, es la base del pluralismo político. Según ella, los movimientos sociales deben contar con un altavoz para sus reivindicaciones y manifestaciones, y esa herramienta autónoma y autogestionada son las plazas y las calles. Desde donde podemos controlar a quienes nos controlan.

Ahora el Supremo, buscando el precedente ejemplarizante que no concedió la Audiencia Nacional, nos condena aleatoriamente a unas cuantas encausadas. Esta nueva sentencia contradice todas las garantías legales y el criterio del Tribunal de Derechos Humanos de “procedimiento justo” y proporcionalidad. Es sencillamente una aberración jurídica.

Se nos condena a tres años, pese a sentenciar que no hemos cometido ninguna agresión, porque participábamos de la voluntad general de parar el Parlament. De evitar a toda costa un paquete de medidas antisociales e inhumanas. El mensaje ideológico que nos transmite es muy claro: tolerancia cero a la implicación popular directa fuera de los cauces representativos, fuera de los canales de adoctrinamiento. Quien ose protestar, será duramente castigado.

El caso Parlament no sólo nos afecta a las condenadas, que tenemos que afrontar el riesgo de entrada en prisión a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo o de Derechos Humanos nos acabe dando la razón y condene al Estado Español una vez más por la vulneración de los derechos fudamentales.

Nos condena a todas porque rebaja los límites de la protesta permitida, junto a las últimas reformas legales como la Ley Mordaza. Todas somos objeto de su represión, todas estamos en el punto de mira de un sistema que esperemos esté dando sus últimas bocanadas de aire: indignadas, sanitarias, maestras, estudiantes, paradas, migrantes, hipotecadas…

Esta condena nos lleva a denunciar y luchar aún más contra el capitalismo, salvaje y catastrófico, la maquinaria represora, la desigualdad social, la corrupción intrínseca… hasta que no quede ni una miga de la estructura que permite estas barbaridades.

Esta condena sienta un precedente que corta de raíz el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. El artículo 498 del código penal, de tintes fascistas, no se ha aplicado nunca en nuestro territorio. Y tenemos el firme propósito de que siga así siempre, guardado en el cajón de las atrocidades hasta que consigamos erradicarlo.

Considerar delito nuestra voz, la de la contracorriente y la dignidad, es declararnos ya la guerra institucional. Los guardianes del orden y la ley contra la voluntad popular y sus esperanzas de un sistema más justo.

Nuestra solidaridad es nuestra mejor arma.

Os necesitamos para detener el ingreso en prisión. Nos necesitamos.

 


Fuente: Encausades Parlament