A través de un fax que comenzó a enviarse en la tarde de ayer y que todavía se sigue enviando hoy, el fiscal general del Estado ordena que todas las denuncias se pongan en manos de los jueces para que comiencen a investigar qué sucedió.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, está dando instrucciones a los fiscales de todo el país para que las denuncias sobre las concentraciones celebradas en la jornada de reflexión se remitan a los juzgados de instrucción para que se abran procedimientos penales, según ha sabido la Cadena SER.
A través de un fax que comenzó a enviarse en la tarde de ayer y que todavía se sigue enviando hoy, el fiscal general del Estado ordena que todas las denuncias se pongan en manos de los jueces para que comiencen a investigar qué sucedió.
El fax dice que, al tener constancia de la presentación de denuncias relacionadas con “concentraciones de gente frente a las sedes del PP el sábado día 13, el fiscal general del Estado interesa que se proceda a la judialización de esas denuncias”.
Algunas fiscalías, y algunas de ellas muy importantes, ya han asegurado a la Cadena SER que van a desobedecer esta orden de Jesús Cardenal. Puede ser incluso, según dicen, «una orden prevaricadora».
Según explicaron fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid ya ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia por la concentración celebrada en la sede central del PP, en la calle Génova.
CONTRA LA LEY
La petición de Cardenal se formula después de que la Junta Electoral Central (JEC) declarara dichas concentraciones «contrarias a la regulación de la campaña electoral» y acordara trasladar a la Fiscalía las actuaciones por si «pudieran resultar hechos constitutivos de delito».
Para Joaquín López, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y del Consejo Fiscal, la decisión de Cardenal es “sorprendente”. López ha asegurado en Hora 14 que el fiscal general debería “dejar en manos del criterio de cada uno de los fiscales el estudio de las denuncias” y las decisiones posteriores. Para él, lo lógico es “analizar caso por caso”.
De hecho, eso es lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los fiscales deben analizar el contenido concreto de las denuncias para decidir si se archivan o se envían al juez. Sin embargo, en este caso, el fiscal general del Estado se ha saltado el artículo 773 de esta ley y, sin estudiar las denuncias presentadas en todo el país, ha ordenado que se envíen a los jueces y que se abra una investigación.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, aseguraba a la cadena SER que “no hay ninguna denuncia interpuesta por la fiscalía» y que «no hay elementos que aconsejen la actuación de oficio por parte del Ministerio Fiscal”.