El pasado viernes, 28 de enero, se celebró en los juzgados de la calle Alta de Santander un juicio contra dos sindicalistas, José Manuel Lorenzo (CC.OO.) y Roberto Mazorra (CGT), por su participación en las movilizaciones que se produjeron en Santander con motivo de la huelga general del 20-J. Según informó hoy CC.OO., se les acusa de desórdenes públicos y atentado a la autoridad por los hechos ocurridos en la calle Castilla y la Fiscalía pide dos años de cárcel.
Ante esta situación, el Sindicato de Oficios Varios de CGT y la Secretaría de Juventud de CC.OO. y aseguran que las detenciones de los dos sindicalistas y este juicio "se ubican en el contexto de la campaña de criminalización de las movilizaciones sociales que se desarrollaron durante el mandado del PP (la LOU, el movimiento antiglobalización, la huelga general, el Prestige, la Guerra de Irak, el 13-M, etc.)".
Afirman que todas estas movilizaciones "sufrieron de forma continuada la violencia y el acoso policial, lo cual resulta muy curioso en el momento actual —añaden—, cuando estamos viviendo las denuncias de este mismo partido por la detención e interrogatorio de varios militantes del PP" como consecuencia del presunto intento de agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la reciente manifestación de las víctimas del terrorismo. "Comparar unos hechos y otros causa sonrojo", apostillan.
El pasado viernes, 28 de enero, se celebró en los juzgados de la calle Alta de Santander un juicio contra dos sindicalistas, José Manuel Lorenzo (CC.OO.) y Roberto Mazorra (CGT), por su participación en las movilizaciones que se produjeron en Santander con motivo de la huelga general del 20-J. Según informó hoy CC.OO., se les acusa de desórdenes públicos y atentado a la autoridad por los hechos ocurridos en la calle Castilla y la Fiscalía pide dos años de cárcel.
Ante esta situación, el Sindicato de Oficios Varios de CGT y la Secretaría de Juventud de CC.OO. y aseguran que las detenciones de los dos sindicalistas y este juicio «se ubican en el contexto de la campaña de criminalización de las movilizaciones sociales que se desarrollaron durante el mandado del PP (la LOU, el movimiento antiglobalización, la huelga general, el Prestige, la Guerra de Irak, el 13-M, etc.)».
Afirman que todas estas movilizaciones «sufrieron de forma continuada la violencia y el acoso policial, lo cual resulta muy curioso en el momento actual —añaden—, cuando estamos viviendo las denuncias de este mismo partido por la detención e interrogatorio de varios militantes del PP» como consecuencia del presunto intento de agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la reciente manifestación de las víctimas del terrorismo. «Comparar unos hechos y otros causa sonrojo», apostillan.
PRUEBAS
Por otro lado, señalan que las únicas pruebas aportadas por la Fiscalía son los testimonios «contradictorios y erráticos» de dos policías nacionales, a uno de los cuales responsabilizan de «la agresión en la cabeza a uno de los compañeros, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y pérdida de conocimiento».
CGT y CC.OO afirman que, sin embargo, para los dos funcionarios «no hubo ningún suceso digno de mención» en el momento de la detención, ni siquiera «hubo una mínima resistencia», a pesar de que existe un parte médico en donde se describe claramente esta circunstancia, puntualizan.
Asimismo, aseguran que estos funcionarios «cambiaron en el juicio su primera declaración para poder acusar prácticamente de todo a los dos compañeros». Según ambos sindicatos, en la primera declaración sólo se decía que los dos detenidos pertenecían al grupo que presuntamente provocó los desórdenes públicos, sin precisar más allá de dichos términos.
Sin embargo, denuncian que en el testimonio ulterior, durante el juicio, uno de los funcionarios «alteró radicalmente los términos de su declaración, haciendo responsables prácticamente de todo a los compañeros».
Según este policía, añaden CGT. y CC.OO, los dos sindicalistas cortaron el tráfico de vehículos, lanzaron piedras y maderas, y a uno de ellos le dio tiempo para romper el espejo retrovisor del coche policial. «La gran capacidad de falsear los hechos por parte de estos funcionarios resulta evidente ante tantas contradicciones», apostillan.
ACTITUD DE LA FISCAL
En tercer lugar, valoran «negativamente» la actitud mantenida por la fiscal tanto durante el juicio, «entrando a hacer interpretaciones ideológicas fuera de lugar sobre la propia huelga», como en sus conclusiones, al pedir un aumento de pena y cambiar la acusación de resistencia por la de atentado contra la autoridad, «algo difícil de entender si tenemos en cuenta que quienes realmente sufrieron un atentado contra su integridad física fueron los dos compañeros imputados, que tuvieron que ser atendidos en el hospital Valdecilla debido a las lesiones producidas por los policías durante la detención», insisten.
Por todo ello, CGT y CC.OO piden la absolución de todos los cargos que se les imputan a sus compañeros, «que sólo hicieron lo mismo que millones de trabajadores de este país : participar en una huelga que simbolizó una de las mayores derrotas para el gobierno del PP», concluyen.
