Las protestas de los campesinos en defensa de sus derechos no deja de crecer en China. Alrededor de 2.000 agricultores se enfrentaron la semana pasada a cientos de policías en Qianjin, un pueblo de la región de Mongolia Interior, a unos 700 kilómetros al noreste de Pekín, por una disputa sobre la expropiación de tierras que quieren llevar a cabo las autoridades para construir una autopista.
Decenas de personas resultaron heridas. En junio, seis campesinos murieron al oponerse a la construcción de una central eléctrica en sus tierras. «Nos cogieron por sorpresa. La policía dio puñetazos y pateó a la gente, incluso cuando estaba en el suelo», aseguró un vecino a la agencia Reuters. «Estamos dispuestos a arriesgar lo que sea. Si viene un funcionario del Gobierno, nos enfrentaremos uno a uno. Si llegan varios, lucharemos varios».
Las autoridades afirman que la policía no atacó a los campesinos, y que ésta tenía orden de no responder a los insultos ni a los proyectiles que le fueron lanzados. Han Guowu, jefe del distrito de Ke’erqin, en el cual se encuentra Qianjin, dice que los vecinos arrojaron trozos de arcilla endurecida, rompieron la nariz a un oficial y destrozaron la ventanilla de un coche y una cámara de vídeo de la policía.Han asegura que los habitantes de la zona llevan dos meses bloqueando la construcción de la autopista, pero niega que el Gobierno haya contratado a bandas de matones para aterrorizar y atacar a la gente en sus casas en medio de la noche, una práctica habitual en China.
La expropiación de tierra para construir fábricas, carreteras u otros proyectos se ha convertido en un grave problema social en el gigante asiático, donde cada vez más afectados, tanto en el campo como en la ciudad, acusan a los funcionarios locales de actuar llevando a cabo expropiaciones ilegales en su beneficio.
El suelo es propiedad del Estado, lo que otorga al Gobierno un gran poder sobre los derechos de uso de que disponen los agricultores. Funcionarios del partido y administraciones locales se aprovechan de la ley para incautarse de suelo en nombre del interés público, y deciden a su albedrío qué significa interés público y las compensaciones.
A principios de junio, seis habitantes de un pueblo de Hebei, provincia vecina a Pekín, resultaron muertos y un centenar heridos en el ataque de 300 matones con rifles de caza, cuchillos y tubos que habían sido afilados. Los vecinos se negaban a aceptar las indemnizaciones ofrecidas para que abandonasen sus tierras y dejasen paso a la construcción de una central eléctrica. La semana pasada, las autoridades, en una infrecuente decisión, anunciaron que el proyecto ha sido trasladado a otro lugar.
Fuente: El Pais.
