Desde CGT pedimos que se reabra el caso 4F,es uno de los casos de corrupción policial, judicial y gubernamental más grave que ha vivido la ciudad de Barcelona en los últimos años.
También solicitamos la inhabilitación de la magistrada Carmen García Martínez ya que atenta claramente contra libertad de manifestación con sus dictámenes.
La emisión el pasado sábado 17 de enero en el programa Sala 33 del documental «Ciutat Morta» de Xavier Artigas y Xapo Ortega, trabajo de investigación sobre el montaje del 4F, ha provocado una oleada de peticiones para que se reabra el caso.
La emisión el pasado sábado 17 de enero en el programa Sala 33 del documental «Ciutat Morta» de Xavier Artigas y Xapo Ortega, trabajo de investigación sobre el montaje del 4F, ha provocado una oleada de peticiones para que se reabra el caso. La polémica creada por la medida cautelar del juzgado 25 de Barcelona de censurar cinco minutos del documental, al considerar que algunas imágenes y opiniones sobre el exjefe de Información de la Guardia Urbana de Barcelona, Víctor Gibanel, podrían afectar a su derecho al honor, han conseguido que el documental y esos cinco minutos censurados hayan tenido cientos de miles de visualizaciones.
Ver película subtítulos en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=A-Kx8cXrP3Q&list=LLZ8dyFKe0hqvhZuFMjTjthw
El caso 4F es uno de los casos de corrupción policial, judicial y gubernamental más grave que ha vivido la ciudad de Barcelona en los últimos años. Los políticos y la policía fueron cómplices y encubridores de un caso de violencia y tortura policial tras las irregulares detenciones de los cinco acusados. Su posterior encarcelamiento habría podido ser evitado cuando el entonces alcalde Joan Clos relató tener conocimiento de un informe policial que probaría la inocencia de los detenidos. Pero este informe desapareció.
Esta petición tiene como objetivo exigir que se reabra el caso y que se sepa la verdad. Que se depuren responsabilidades políticas, policiales y judiciales. Ingresaron en prisión inocentes, y en un permiso carcelario, incapaz de soportar la situación, Patricia Heras, condenada a tres años de prisión, se suicidó. Desmontemos el 4F.
Reabran el caso #4F y depuren responsabilidades políticas, policiales y judiciales
https://www.change.org/p/reabran-el-caso-4f-que-se-sepa-la-verdad?recruiter=24243847
Inhabilitación de la magistrada Carmen García Martínez
Esta jueza se dedica a dictaminar prisión preventiva para manifestantes sin antecedentes ni pruebas inculpatorias, arrestados aleatoriamente mientras ejercían su derecho a la manifestación pública y probablemente también pacífica, al menos hasta que no se demuestre lo contrario. Decretó prisión sin fianza para tres estudiantes universitarios detenidos que presuntamente habían participado en piquetes, quemado dos contenedores valorados en 4.000 euros e interrumpido el tráfico la mañana del 29 de Marzo, día de la última huelga general.
Recurrido ese fallo, la misma jueza negó la puesta en libertad de dos de los encarcelados preventivamente, Daniel Ayyash e Ismael Benito. Para dictar prisión preventiva a un detenido sin antecedentes, los delitos deben sumar una pena mayor a dos años y debe haber riesgo de fuga, inutilización de pruebas o reiteración delictiva. En su auto la jueza dice textualmente que hay riesgo de fuga y «alto pronóstico de comisión pasada y futura de hechos análogos» durante el 1 de mayo, la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) y el partido Barça-Espanyol. Y de paso, para poder encarcelarlos sin problemas, les ha ampliado los delitos para que sumen cinco años y medio. La última orden de prisión preventiva en estas circunstancias para uno de los manifestantes por el desalojo de Can Vies.
Fuente: CGT Barcelona
