La campaña ¿Quién debe a quién ? quiere expresar su más profundo rechazo
al nuevo plan del Ejecutivo central mediante el cual pretende destinar
100 millones de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD),
para financiar proyectos que favorezcan la exportación de
infraestructuras a África.
Este plan, que tiene por objetivo impulsar la internacionalización de
las empresas españolas, endeudará más todavía a los países receptores.
Así es : los créditos FAD son el principal instrumento generador de deuda
externa del Estado español en terceros países. Estos créditos se otorgan
a los países receptores en mejores condiciones financieras que las del
mercado, lo cual los hace más atractivos que los créditos comerciales.
Sin embargo, el estado receptor se endeuda sin disponer de libertad de
contratación para la ejecución de los proyectos, ya que los FAD se
otorgan bajo la condición de compra de bienes y servicios españoles.
Con ello, además de endeudar al país y obligar a que éstos desatiendan
parte de sus necesidades internas (hay países que destinan más del 30%
de su presupuesto interno al pago de esa deuda), se destruye las
capacidades locales de crear un tejido industrial propio. Tratándose de
una empresa española quien ejecuta los proyectos que financian esos
créditos, la mayoría de los beneficios recaen en la economía española y
no en la de los países empobrecidos, una característica inapropiada para
un instrumento cuya finalidad principal debiera ser el desarrollo de los
pueblos empobrecidos.
El Gobierno justifica esta medida para diversificar e incrementar la
actividad exportadora de España, mejorar la imagen y el posicionamiento
del país en los mercados internacionales y hacer del sector «una punta
de lanza en la lucha contra la crisis», lo cual nos parece del todo
irrazonable tratándose de un mecanismo que se contabiliza como Ayuda
Oficial al Desarrollo. Además, no pensamos que endeudar más a los países
africanos sea la fórmula para salir nosotros de una crisis en la que
ellos también están metidos.
Además, la campaña ¿Quién debe a quién ? quiere denunciar la voluntad del
Gobierno de flexibilizar los seguros por cuenta del Estado gestionados
por la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE),
ya que éstos son el segundo mecanismo por el que se genera deuda en los
países empobrecidos.
La campaña considera que antes de seguir promoviendo dichos instrumentos
generadores de deuda el Gobierno central debería de afrontar sin más
dilaciones (llevando ya más de un año de retraso) la reforma legal del
FAD y de CESCE, tal y como está obligado por la Ley 38/2006, del 7 de
diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa en su
disposiciones transitorias primera y tercera, respectivamente.
Exigimos que en dichas reformas se prioricen los derechos humanos,
económicos, sociales, culturales y ecológicos de los pueblos receptores
de estos fondos por delante de los intereses comerciales españoles, así
como que se elimine la utilización de instrumentos crediticios como los
créditos FAD de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De la misma manera,
demandamos que en estas leyes se establezcan los mismos niveles legales
de responsabilidad de las empresas receptoras que aquellos que
actualmente están en rigor en el Estado español.
Por todo ello, exigimos al Gobierno que antes de llevar a cabo los
planes previstos presente de manera inminente un proyecto de reforma del
FAD y CESCE, que pueda ser debatido en profundidad con el conjunto de la
sociedad civil preocupada por la justicia social y el desarrollo
integral y humano de los pueblos empobrecidos del Sur, los cuales han
tenido que sufrir durante 30 años de unos instrumentos tan perjudiciales
e ineficaces para su desarrollo.
Fuente: Campaña ¿Quién debe a quién ?
