El Ferrocarril Clandestino, junto con la Asociación de Sin Papeles de Madrid, salió a la calle el 16 de octubre para decir que “creían injusto, desproporcionado y arbitrario” que hombres y mujeres estén siendo perseguidos por las calles de la ciudad, estén sufriendo procedimientos penales y, en muchos casos, se estén viendo condenados a cárcel y expulsión, únicamente por trabajar en la venta callejera de material copiado para ganarse la vida. Fue una manifestación vibrante : más de mil inmigrantes sin papeles gritaron juntos “libertad”. Libertad del encierro y la angustia que supone vivir sin papeles. Libertad para los manteros detenidos y encarcelados. No faltaban motivos para aunarse a ese grito : en el Estado español, más de cincuenta inmigrantes sin papeles están cumpliendo condenas de cárcel por delitos relacionados con lo que se conoce como “top-manta”.
La manifestación del 16 de octubre tuvo como preámbulo el lanzamiento de una campaña por el indulto de cuatro manteros con sentencias firmes de cárcel y multa o multa y expulsión judicial dictadas por la audiencia Provincial de Madrid. Pero su caso es y era el mismo que el de tantos otros inmigrantes que intentan sobrevivir insertándose en el espacio laboral de la “manta”. Así pues, además de aspirar al indulto de estas cuatro personas concretas, con nombres y apellidos, la campaña pretendía visibilizar las condiciones de vida que afrontan muchos inmigrantes en territorio español.
Vulnerabilidad
Gran parte de la gente que trabaja en la venta callejera lo hace condicionada por una situación de vulnerabilidad y denegación de derechos básicos : muchos no cuentan con redes suficientes como para incorporarse en otros espacios laborales, otros cuentan con redes sociales pero la propia ley de extranjería les impide regularizar su situación en España y, por lo tanto, acceder a una forma estable de ingresos. Por si esto fuera poco, el código penal cae sobre ellos con toda su dureza, imponiendo, junto a las condenas de cárcel, el pago de multas y “responsabilidad civil” inasumibles si no es recurriendo nuevamente a la manta y, por lo tanto, acumulando nuevos procedimientos penales.
La manifestación del 16 de octubre tuvo tanta fuerza, las solidaridades que se despertaron fueron tantas, que surgió la pregunta : ¿podemos exigir el indulto para todas las personas con procesos penales abiertos ? ¿Podemos pelear públicamente por la despenalización total de la manta ? ¿Qué solidaridades pueden activarse ?
Así pues, hoy, sobre la mesa, hay una campaña contra la criminalización de la manta, lanzada desde distintos ámbitos de la sociedad. Se han sumado a ella más de cien juristas y asociaciones de diferentes espacios. Todos exigen al Gobierno que otorgue el indulto particular y total de todas las personas que están cumpliendo pena de prisión por mera exposición o venta al por menor de copias pirata. Y piden al Parlamento que mejore la redacción del Código Penal mediante las modificaciones adecuadas para proporcionar la respuesta penal a su desvalor social en delitos contra la propiedad intelectual e industrial y a la objetividad de la situación concreta de los top-manta.
El debate sobre la despenalización de la manta nos coloca ante preguntas sobre el porqué una actividad así recibe condenas más duras que el hurto, por ejemplo : cuáles son los intereses que hay detrás, a quién defienden nuestras leyes, hasta qué punto esta dureza queda silenciada por el hecho de que recae principalmente sobre personas sin papeles.
Fuente: Alcira Padin. Foto : Eduardo León.
