pamplona. Cada año más de 500.000 personas mueren por el disparo de un arma convencional, lo que significa una muerte cada 60 segundos. Así se confirma en un comunicado leído ayer por Marian Martín, de Amnistía Internacional e Iñaki Buldáin, de Intermón Oxfam, con motivo de la Semana por el control en el comercio de las armas, que las tres organizaciones celebran entre los próximos 1 y 3 de marzo.
640 millones de armas circulan por la tierra y cada año se fabrican 8 millones más
Martín señaló que «640 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican 8 millones más». Por ello, y según manifiesta el comunicado, «el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan consideró las armas ligeras como las verdaderas armas de destrucción masiva». Y es que la violencia armada no tiene lugar solamente en las guerras, «sino que se está generalizando en las calles, y en los hogares de miles de familias, de manera que, actualmente, la mitad de las armas convencionales existentes en el mundo se encuentran en manos de civiles», aseguró Martín.
El problema se agrava en tanto que el comercio de este tipo de productos «sigue en un vacío legal y moral», según advierte el comunicado. «El suministro de armas a países donde se violan los derechos humanos es constante y transmite el mensaje de que la comunidad internacional tolera, e incluso respalda este tipo de actos». Martín apuntó que, dado que la Organización Mundial de Comercio no regula ni controla estas transacciones, corresponde a los respectivos gobiernos tomar parte en el asunto, «aunque, por desgracia, éstos no siempre están dispuestos o son capaces de controlar las ventas de armas de forma responsable». Sin ir más lejos, en España, el «secretismo» que rodea a estas operaciones oculta el hecho de que «el país ha doblado el volumen de sus exportaciones en los últimos tres años, y que muchos de los destinos de sus armas no aprueban el examen del Código de Conducta de la Unión Europea», clarifica el comunicado.
bajo control La campaña Armas bajo control, que lleva en marcha desde hace año y medio, propone una serie de soluciones para regular este tipo de transferencias.
En cuanto a las medidas que se deben llevar a cabo en el ámbito local, se encuentra «reducir la demanda de armas en las comunidades más afectadas por la violencia armada mediante el restablecimiento de la confianza en la seguridad no armada». Según Iñaki Buldáin, esto se realizaría, sobre todo, «a través de programas de resolución no violenta de conflictos y de recolección y destrucción de armas, así como controlando los arsenales de los cuerpos públicos para que no sean revendidos a traficantes».
En cuanto al ámbito regional, nacional e internacional, el vacío legal es el problema más urgente, por eso el comunicado insta a que «se refuercen las medidas legales existentes, ya que la mayoría no son obligatorias y están llenas de lagunas», y propone» que todos los países del mundo adopten un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, de tal forma que se obligue a los gobiernos firmantes a controlar sus transferencias de armas».
Las ventas de armas no declaradas
Cuatro de cada diez países a los cuales España exportó armas en 2003 no cumplen con los requisitos que estipula el Código de Conducta de la Unión Europea. Así lo afirma un informe presentado ayer por Amnistía Internacional, Geenpeace e Intermón Oxfam junto con la Escuela de Cultura de Paz de la UAB. Así, durante el último año, España exportó armas a lugares embargados, en conflicto, donde no respetan los estándares de derechos humanos, o con problemas de desarrollo, como son Israel, India, Indonesia o Venezuela». El gobierno presentó los datos de las exportaciones de armas de 2003 (por valor de 321,9 millones de euros) en octubre de 2004, «lo que anula cualquier intento de política preventiva». Sin embargo, existen «cuatro transferencias que no constan en su informe : la venta de aviones de transporte militar a Jordania, Colombia, Polonia, Paraguay, Turquía y Francia ; cañones de segunda mano a Marruecos por 1 euro ; armas ligeras a Sudán, país sometido a embargo por la Onu desde 1994 y la exportación de munición a Costa de Marfil por valor de 80.000 euros». Estas ausencias en el informe se deben a que «hay productos que no son considerados armamento por las autoridades». >e.j.
erika jara
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