Las consecuencias del “laissez faire” (dejar hacer) a los mercados financieros por parte de las instituciones financieras globales como la BCE, la Reserva Federal o el FMI, nos han llevado al actual escenario de crisis que nos acompaña desde el año 2008. Aquellas pocas manzanas podridas, lejos de separarse de las economías desarrolladas, han extendido su podredumbre.
Los mismos organismos y empresas responsables de esta crisis, son los que determinaron a los gobiernos a adoptar una serie de medidas que, lejos de solucionar la crisis, han servido para debilitar la salud de las finanzas públicas (con un incremento del déficit público en el estado español de un 11,2 % en el periodo 2008-2009), basadas en ayudas públicas a la banca, la construcción de infraestructuras y a las empresas, para posteriormente y en un nuevo estado de la crisis iniciar un proceso de recorte de derechos de la clase trabajadora y de los más desfavorecidos. Mientras ellos, los poderosos, siguen repartiéndose beneficios, exigen austeridad del gasto público.
El Banco Central Europeo y el Gobernador del Banco de España2, al calor de los mercados, han venido defendiendo la desregulación de los mercados financieros, la reducción del gasto público, las privatizaciones y la flexibilización del mercado de trabajo. Medidas que no son nuevas y que no vienen a ser otra cosa que más neoliberalismo. Es decir, echar más leña al fuego de la crisis económica, logrando un incremento de las rentas financieras y empresariales frente a la devaluación salarial y de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras.
El Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010 aprobó el Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, que fijaba como objetivo, de acuerdo con el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto por la Unión Europea, la reducción del déficit de las Administraciones Públicas hasta el 3 por ciento del PIB. A su vez se aprobaron los Planes de Acción Inmediata 2010 y de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, así como el Acuerdo Marco del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, y con las entidades locales en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013.
El Plan de Acción Inmediata 2010 conllevó un acuerdo de no disponibilidad, que afectaba a todos los Ministerios, de 5 mil millones de euros, y una reducción de la oferta pública de empleo que pretendía recuperar solo el 10% de las plazas que vayan quedando vacantes.
Con posterioridad, en el mes de marzo, se aprobó un recorte en el gasto farmacéutico de 1.500 millones de euros y en abril sendos planes de “racionalización” de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial del estado.
Sin embargo estas medidas no han sido suficientes para saciar la voracidad de los mercados financieros que mantienen a la zona euro y, en especial, a los países del sur de Europa en el punto de mira de sus intereses especulativos. Esto, unido a las exigencias de la Unión Europea, particularmente de las grandes economías de la Unión Monetaria de la Eurozona, constituye el marco en el que se elabora y aprueba el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, con un marcado carácter antisocial y además sin una clara justificación lógica, puesto que la deuda española (frente a la que se exige un plan de austeridad y recorte del gasto público centrado en los derechos sociales) sólo representa el 53,2 % del PIB, mientras que en Francia es del 77,6 % y en Alemania, la principal promotora de los planes de austeridad con el objeto de erosionar el valor de los bonos de deuda de los países del sur frente al bono alemán, hasta de un 73,2 % del PIB.
El Real Decreto desde el principio utiliza la “negativa evaluación de la coyuntura económica” como argumento para adoptar las medidas contenidas en él y que más adelante se analizarán con profundidad. El real Decreto fue publicado en el BOE el 24 de mayo y entró en vigor al día siguiente, el 25 de mayo.
Se justifica el Real Decreto en el objetivo de acelerar la reducción del déficit, recogiendo algunas de las medidas ya adoptadas con anterioridad, corrigiendo así el deterioro sufrido en las finanzas públicas y con el objetivo de restablecer la confianza de los mercados en el cumplimiento del objetivo del 3 por ciento del PIB. La realidad es que mientras los responsables directos de la crisis siguen repartiendo dividendos y beneficios, son los trabajadores y trabajadoras, en este caso los del sector público, así como los jubilados y jubiladas, los que deben afrontar el coste de las medidas del Gobierno, eliminando además prestaciones farmacéuticas, de cuidados y por nacimiento que disfrutaba el conjunto de la sociedad.
Gabinete Jurídico Confederal CGT
