Artículo de opinión de Rafael Cid
La democracia representativa configura su particular imago mundi. Con dos patas fundamentales: la política y la mediática. Una escarba en la dominación personal vía delegación electoral. La otra utiliza su panóptico audiovisual como arma de comunicación de masas. Por eso, cuando una estornuda la otra se resfría. Acaba de ocurrir en el rifirrafe del “caso Barberá”, derrochando despropósitos diestra y siniestra.
La democracia representativa configura su particular imago mundi. Con dos patas fundamentales: la política y la mediática. Una escarba en la dominación personal vía delegación electoral. La otra utiliza su panóptico audiovisual como arma de comunicación de masas. Por eso, cuando una estornuda la otra se resfría. Acaba de ocurrir en el rifirrafe del “caso Barberá”, derrochando despropósitos diestra y siniestra.
Al margen del tema “escrache sí, escrache no” de Podemos sobre el polémico legado de la ex alcaldesa, los medios se han sentido interpelados por las acusaciones de los funcionarios del PP sobre la cobertura dada sobre su horizonte procesal. Ante tamaña andanada (Rita Barberá falleció por sí misma, y no a causa de ninguna alevosa persecución), nuestros voceros han optado por reclamar el apoyo la opinión pública aduciendo ser conspicuos notarios de la actualidad.
Y como se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ha bastado monitorizar a esas teles cuando lo noticiaban para demostrar su tongo. Quien tenga criterio lo habrá visto y oído en muchas emisoras privadas, cuando después de descalificar con tintes de honorabilidad ofendida la última chanza de los Rajoy boys (“linchamiento” ha dicho el portavoz Rafael Hernando), pasaron a oficiar su sagrado deber de informar.
Dicho y hecho. Lo que en ese momento tocaba era ofrecer a los espectadores una de esas exclusivas regurgitadas capaces de hacer que la gente clame por restablecer la pena de muerte para los malos. En concreto se trataba de una cinta sobre la reconstrucción judicial del asesinato de Marta del Castillo en 2009. Telecinco y Antena 3 TV, en sus informativos del mediodía y de la noche, se explayaron con las explicaciones de los jóvenes, entonces menores de edad, presuntamente implicados en el horrendo crimen.
Con delectación y alevosía. Con la satisfacción de la misión cumplida y el orgullo de dar todo por la libertad de expresión. Pero había un detalle ante que echaba por tierra las altruistas pretensiones de los directivos de los medios. Uno de los protagonistas del corte de video al que “habían tenido acceso” (sic) los canales, Francisco Javier Delgado, resultó exculpado en el juicio celebrado en su día para esclarecer los hechos. O sea, predicando con la coz y para ganar cuota de mercado, los amos listos de la caja tonta resucitaban siete años después como sospechoso de un brutal asesinato a un ciudadano inocente. A día de hoy, se ignora si el ministerio fiscal ha iniciado actuaciones judiciales contra quienes auspiciaron ese linchamiento en sus programas de máxima audiencia.
Atropellos de esta índole se dan todos los días en el imago mundi mediático sin que nadie se llame a escándalo, aunque en el caso de las televisiones privadas, que son una concesión gobernativa, su uso y disfrute esté oficialmente sometido a la responsabilidad de sus contenidos. Autorregulacion que suele brillar por su ausencia en la cotidiana y creciente trifulca por el competitivo “share”. Tales excesos, cometidos ex ante para satisfacer la hipnótica demanda del público, se blanquean ex post con un puñado de fundaciones pías de los maltratadores para hacer beneficencia reparadora: violencia machista, enfermedades raras, colectas, etc. Actúan así como el señor Juan Robres del epigrama de Iriarte, aquel que “con caridad sin igual hizo este hospital pero antes hizo los pobres”.
El esperpento de nuestros avispados mediadores no tiene límite y alcanza todos los registros imaginables, pudiendo clonarse en algunos diarios digitales de tendencia progresista. Estas últimas semanas, a raíz de la polémica sobre el futuro de las pensiones, uno de eso portales con pedigrí se sumaba a su manera al trending topic del derecho de pernada. Mientras en la cabecera denunciaba la presunta privatización encubierta del sistema (mezclando como de costumbre hechos y opinión), en un banner superior publicitaba a toda página la oferta de planes de pensiones de un gran de banco, con calculador incluido. Por no hablar, cambiando el tercio pero en el mismo bochornoso registro, de las soflamas que algunos representantes de los ayuntamientos del cambio han lanzado contra “la pobreza energética” al mismo tiempo que, con más de un mes de antelación, celebraban la inauguración del flipante alumbrado navideño (público/privado como vasos incomunicantes)
La emergencia y hegemonía de las televisiones privadas en España ha sido hasta la fecha obra del PSOE. Felipe González, en el 1989, dio luz verde a Antena 3 TV, Telecinco y Sogecable, y Rodríguez Zapatero a la Sexta en 2005. También se debe a este último, la autorización para emitir en abierto a Canal + (bajo el indicativo de La Cuatro), así como la prohibición para financiarse con publicidad a las cadenas públicas (progubernamentales), junto con la derogación de la normativa que impedía a las privadas fusionarse y tener más de un 25% de capital extranjero. Por el contrario, el Tercer Sector de la Comunicación, el de los medios comunitarios sin ánimo de lucro, sigue siendo un erial al que ninguna autoridad se digna atender.
Ahora que por fin parece estar de tono criticar la funesta influencia de esas instituciones inelegidas que nos gobiernan (FMI, BM, BCE, etc.), sigue sorprendiendo el prestigio de que aún gozan los media como el ogro filantrópico más refrendado por sus sufridas audiencias.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
