El delegado provincial de Educación en Sevilla, Bernardo Bueno, abordará mañana con representantes del grupo ’Recuperando la memoria de la historia social de Andalucía’ del sindicato CGT su solicitud de que la Delegación elabore un informe técnico sobre la viabilidad de conservar, restaurar y poner en valor la Tercera Galería de la cárcel Sevilla I, conocida como La Ranilla.
Bueno dijo a Europa Press que mañana se reunirá con este colectivo, que reclama que este espacio no sea demolido después de que el Ayuntamiento hispalense y la Sociedad Estatal de Establecimientos Penitenciarios hayan alcanzado un acuerdo que contempla la demolición la próxima primavera de este centro penitenciario para hacer un parque público, dotado de una zona de equipamientos (como biblioteca, centro cultural o centro cívico).
La organización sindical también ha solicitado una reunión con el concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo, para demandarle que se intente «salvar» de la demolición la Tercera Galería del centro, por su vinculación a la «lucha social», con el propósito de convertirla en un «espacio de memoria de la historia social».
En declaraciones a Europa Press, el coordinador de ’Recuperando la memoria de la historia social de Andalucía’, Cecilio Gordillo, reclamó al Gobierno municipal que estudie la propuesta de dedicar este espacio a «mantener los archivos históricos del centro», que, según aseveró, son muy demandados por los familiares de los presos.
El acuerdo entre el Consistorio hispalense y la Sociedad Estatal de Establecimientos Penitenciarios contempla la demolición la próxima primavera del centro penitenciario Sevilla I y la construcción en la capital de un nuevo Centro de Inserción Social en una parcela de 29.000 metros cuadrados en las inmediaciones de Sevilla II.
En concreto, el Gobierno cederá gratuitamente al Consistorio una superficie de 33.743 metros cuadrados en La Ranilla para destinarla a parque público, dotado de una zona de equipamientos, mientras que se reserva dos parcelas de suelo residencial de 2.750 metros cada una. Además, la Sociedad Estatal de Establecimientos Penitenciarios se compromete a aportar en este proyecto 1,3 millones de euros.
Por su parte, la Gerencia de Urbanismo, que se reserva el derecho de excluir de la demolición algunas edificaciones para rehabilitarlas, se compromete a financiar el coste de adquisición de la parcela donde se ubicará el nuevo centro de inserción social, para lo que iniciará de modo urgente un expediente de expropiación forzosa. Según afirmaron tanto el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, como el concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo, se iniciará un proceso de participación ciudadana para abordar estas cuestiones.
Fuente: EP
