«¿Por qué tengo que ir a un albergue si en la calle no molesto a nadie ?», se pregunta Antonio, un indigente de 37 años que, desde hace seis, habita en las calles de Madrid. Se queja de los planes de su Ayuntamiento para sacar a indigentes, prostitutas o toxicómanos de las calles, incluso por la fuerza, y asegura que prefiere «la dureza de la calle» antes que ir a un albergue «obligado».
Antonio llegó a Madrid huyendo de su Plasencia natal por la mala relación con sus padres y algunas deudas que no podía pagar. «Tuve que salir de allí pitando porque algunas de mis amistades intentaron deshacerse de mí». Las cosas no salieron exactamente como él esperaba. Nada más llegar intentó conseguir trabajo, pero fracasó. «Incluso para currar de camarero pedían experiencia y yo no la tengo. En Plasencia, me ganaba la vida con negocietes, pero aquí… Ya no». Hoy, Antonio forma parte de las 21.900 personas sin hogar (PSH) que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), viven en España. En Madrid, los datos municipales cifran el número de sin techo en unos 6.000.
Precisamente las autoridades madrileñas se han propuesto abrir un debate sobre las posibles soluciones a la convivencia con indigentes, prostitutas y toxicómanos en las «zonas más degradadas», ante las quejas de algunos vecinos de la capital. Tras el asesinato en junio de una prostituta en una céntrica plaza, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, propuso atajar el problema de raíz. Antes de que acabe el año, estará listo un informe jurídico, cuya finalidad es ser elevado al Congreso de los Diputados para su debate nacional. Se trata de dar a la policía competencias para trasladar a albergues, si lo considera oportuno, a las personas que, según Calvo, «hacen un uso privativo de la vía», incluso contra su voluntad.
Varios grupos y asociaciones que trabajan con PSH ya han manifestado su oposición a la medida. El sociólogo Pedro Cabrera, representante español del Observatorio Europeo de los Sin Hogar, califica el anuncio de Calvo de «disparatado e innecesario». «Ya hay mecanismos jurídicos para temas delictivos». Y lanza una reflexión : «Una vez que retiremos a los sin hogar, ¿dónde los metemos y en qué condiciones ?».
Antonio desconoce el número total de plazas que hay en Madrid, pero sabe lo difícil que puede resultar conseguir una. «O espabilas o te quedas a dormir a la fresca». Los datos municipales cifran en 1.900 las plazas de los albergues, por lo que algo más de 4.000 personas duermen en la calle. En Barcelona viven, según la Fundación Arrels que trabaja con PSH en Cataluña, unos 800 sin techo. Sin embargo, sólo existen 500 plazas en albergues, así que todavía quedan 300 al raso.
Más que una propuesta, la legislación contra la mendicidad en Barcelona es un hecho desde principios de 2006. Con el objetivo de «mejorar el uso del espacio público», el Ayuntamiento emitió la ordenanza de civismo y convivencia, que incluye un capítulo sobre la mendicidad. La idea era perseguir la mendicidad organizada que «supone cierta coacción al ciudadano», mediante la imposición de multas, pero también se sancionan otras conductas incívicas como ensuciar la calle.
Cabrera encuentra contradicciones : «¿Cómo vas a prohibir orinar en la vía a alguien que vive en ella, si no hay baños públicos ? ¿Y cómo piensan cobrarles ?». Ambas medidas hacen reír a Antonio. «Aunque pueda parecerlo, los principales enemigos de los indigentes no son los ayuntamientos, sino el frío». En verano, Antonio pasa la noche en los bancos de la madrileña plaza de España o un paso de peatones subterráneo cercano. Pero, resignado añade : «En invierno tengo que rendirme e ir a los albergues».
El presidente de Faciam, la red de centros de apoyo a PSH, Antonio Rodríguez, se declara objetor de conciencia respecto a la propuesta de Madrid. Rodríguez, quien además es responsable del madrileño albergue San Martín de Porres, amenaza con «no acoger a las personas que lleguen obligadas si la ley sale adelante».
España cuenta, según el INE, con 619 centros de atención a personas necesitadas. En ellos, las PSH pueden dormir, asearse e incluso guardar sus enseres, aunque existen algunas limitaciones. «Los albergues exigen demasiado», explica Antonio. «A mí me gusta la libertad, y tener que entrar a las ocho de la tarde me revienta». Aunque no se considera «racista», Antonio recela, al igual que otros sin techo españoles, del aumento creciente de la inmigración que también se refleja en la ocupación de los albergues. Casi la mitad de las PSH (el 48,2%) son extranjeros, la mayoría de ellos africanos.
Patrick, un camerunés de 25 años, tampoco tiene hogar. Después de una odisea de dos años de viaje, llegó a Madrid, donde lleva cuatro meses. No se arrepiente, aunque esperaba mejor suerte. Sobrevive como aparcacoches junto a la muralla árabe de Madrid. Sabe de la existencia de centros de acogida y comedores y, al igual que Antonio, suele recurrir a ellas. Patrick confirma que los indigentes españoles «miran mal» a los extranjeros. «Pero yo no le quito la cama ni la comida a nadie, sólo intento salir adelante», explica. Mantiene la esperanza de encontrar trabajo como albañil, aunque es consciente de que sin papeles lo tendrá difícil.
El punto de esperanza lo pone Pedro Pablo. A sus 42 años es el ejemplo de que se puede salir de la calle. «Pero con ayuda», matiza. «Es muy difícil salir y hay que apoyar al que lo intenta». Pedro Pablo lo logró y hoy tiene un negocio en Madrid. Problemas económicos y una ruptura matrimonial le arrastraron a la depresión y se vio abocado a la calle. Agradece el apoyo de los que le ayudaron. «Aunque para eso también tienes que dejarte ayudar», apunta. «Desde luego la leña de los ayuntamientos no va a salvar a la gente de la calle, sino una atención integral que ayude a salir al que lo necesita».
«Balizas de la miseria»
El fenómeno de la indigencia no es exclusivo de España, sino que está muy presente en otros países de nuestro entorno. Con el objetivo de reflejar lo más posible la exclusión de los sin techo de París, la organización no gubernamental Médicos del Mundo distribuyó el pasado invierno 300 tiendas de campaña.
Los campamentos de PSH aparecieron por toda la ciudad, lo que provocó que los particulares se sumaran a la iniciativa ofreciendo sus tiendas a los que, todavía, carecían de ellas. Ahora hay en París en torno a 500 «balizas de la miseria, destinadas a llamar la atención», como las denomina Graziela Robert, responsable de la misión Sin Domicilio Fijo de la ONG.
Un informe del Observatorio Francés de la Pobreza sobre la situación revelada por el fenómeno de las tiendas ha puesto de manifiesto los límites de los centros de acogida galos, generalmente saturados. Y ha obligado al Gobierno a replantearse las políticas públicas en esta materia. De hecho, la ministra responsable de la Cohesión Social, Catherine Vautrin, anunció la semana pasada que destinará siete millones de euros para financiar la creación de 1.000 plazas en albergues, las cuales servirán para acoger a los sin hogar las 24 horas del día con un acompañamiento social adaptado.
Fuente: AITOR ORDAX /EL PAÍS
