Durante las últimas semanas el caso Bankia ha monopolizado las tribunas económicas de los medios de comunicación convencionales. Este debate ha reavivado las discusiones sobre la insolvencia de la economía española que tanto parece preocupar a los mercados. Paul Krugman, el economista vedette premiado con el Nobel, añadió gasolina al fuego anunciando que se produciría un corralito en España.
Por si fuera poco, el programa Singulares de TV3 invitó a dos asesores de fondos de inversiones para explicar un plan de salida de la crisis catastrofista y lamentable que nos condenaría a la miseria. Todo ello una cortina de humo que no nos deja ver la raíz del problema. Intentaremos separar el grano de la paja y de paso explicar la última reforma financiera.
Por si fuera poco, el programa Singulares de TV3 invitó a dos asesores de fondos de inversiones para explicar un plan de salida de la crisis catastrofista y lamentable que nos condenaría a la miseria. Todo ello una cortina de humo que no nos deja ver la raíz del problema. Intentaremos separar el grano de la paja y de paso explicar la última reforma financiera.
El pasado 11 de mayo se aprobaba el Real Decreto-ley sobre saneamiento y venta de los ACTIVOS inmobiliarios del sector Financiero, la segunda reforma financiera en tres meses, la cuarta en los últimos tres años. Todas ellas tenían que acabar con las dudas sobre el valor de los activos del sector financiero pero parece que las tres ministros de economía que se han sucedido en el cargo han errado. Esta reforma exigirá a las entidades financieras contabilizar nuevas provisiones respecto a los activos inmobiliarios que poseen, llegando en algunos casos hasta el 52% de su valor. Se obliga así a las entidades a guardar dinero en previsión de que el negocio inmobiliario provoque pérdidas, algo más que probable viendo como este mercado ha caído fuertemente en los últimos años y que el valor de los inmuebles están inflados tras la burbuja de los años 2000. Se calcula que el valor total de las provisiones ascenderá a 28.000 millones de euros por el conjunto del sector financiero. Por otra parte, cada entidad deberá crear una sociedad paralela, lo que se ha popularizado con el nombre de «banco malo», donde destinará todos los «activos tóxicos», es decir, aquellos que no se pueden vender y , por tanto, su valor de mercado es prácticamente cero. El propio Banco de España calcula que estos activos pueden ascender a 184.000 millones de euros, ¡un 18% del PIB!
Estas operaciones deberán estar terminadas antes del 30 de junio. Si alguna entidad tuviera problemas de solvencia y no pudiera contabilizar para que entraría en situación de quiebra, el gobierno prevé apoyar la operación con dinero público a cargo del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), prestados al 10% a 5 años, periodo al final del cual, en caso de no devolverse el préstamo, algo más que probable, pasaría a convertirse en acciones para el Estado (bonos convertibles en acciones como se ha hecho en el caso de BFA-Bankia cargando así la inversión fallida a las arcas públicas). Otro punto que no han comentado los medios a pesar de la importancia que merecía, son las nuevas ventajas fiscales que se dan a las entidades financieras en el negocio inmobiliario.
Una vez más se hace patente la prioridad del gobierno con tantas facilidades y ayudas al sector financiero, algo que seguro hará aumentar el déficit público, aquel indicador que dicen querer reducir a costa de recortar en sanidad y educación destruyendo el escaso estado del bienestar que nos queda. Nadie con sentido común invertiría esa cantidad de dinero en unas entidades que hace tiempo que están en quiebra técnica y que deberían haber sido intervenidas, requisando el patrimonio personal de los responsables de la negligencia y juzgando los mismos por mala praxis.
El ministro De Guindos, ex de Lehman Brothers, apéndice de los intereses financieros dentro del sector público, declara que «las arcas públicas saldrán beneficiadas» y que «sólo hará falta destinar 15.000 millones». Además, se han asignado dos auditorías independientes para valorar el stock inmobiliario a empresas extranjeras vinculadas a los mercados financieros internacionales, como es el caso de Goldman Sachs. Todo ello es un auténtico despropósito, donde queda en evidencia que se premia a los negligentes y se desprecia los contribuyentes y las personas que están sufriendo la crisis. A la cleptocracia hay que sumarle dosis de cinismo.
Dos días antes, el 9 de mayo, el Banco de España publicaba una nota informativa anunciando la nacionalización de Bankia. El anuncio comunicaba que el FROB hacía efectiva la convertibilidad en acciones de los 4.465 millones de euros en bonos que la matriz de Bankia, BFA, pidió hace 14 meses. Al no ser devueltos, el Estado se hacía con la propiedad del 45% de la entidad, pasando, de facto, a controlarla. Este hecho acabaría acelerando la segunda «reforma de Guindos» explicada más arriba.
Rodrigo Rato, ex ministro de economía y antiguo presidente del FMI (Fondo Monetario Internacional), era cedido del cargo de presidente de Bankia. El gobierno del PP aprovechaba la oportunidad de hacerle pagar la negativa a la fusión de Bankia con La Caixa el pasado mes de enero, operación que obstaculizó al no ver clara su posición dentro del pelotón controlado por Isidre Fainé. El enlace idílico entre la burguesía madrileña vinculada al PP y la entidad catalana de La Caixa y el grupo industrial que controla (la antigua Criteria), brazo empresarial de las 400 familias de la burguesía catalana representadas en el seno de CiU, quedaba en nada. Lo que hubiera sido un auténtico puñetazo de clase se iba a pique por culpa de uno de los suyos. Rato sin embargo, no marcha con las manos vacías, a pesar de dejar en situación de insolvencia la tercera entidad bancaria más grande del Estado español. Como diría Gregorio Morán, incluso la mafia se tiene más respeto.
El árbol no nos deja ver el bosque, decía. Sólo con un enfoque desde la economía productiva, lo que popularmente se llama economía real, se puede llegar a un buen diagnóstico. Seguimos empeñados en analizar el enfermo con gafas monetarias. La crisis financiera no se arreglará con más finanzas. El agujero del capital financiero se está traspasando al sector público, ya hace tiempo que lo denunciamos, pero en este tránsito el agujero no se hace más pequeño. Hasta que no se repare la maquinaria que genera, en primera instancia, la riqueza real y de la que se aprovecha el sistema financiero, no saldremos de la crisis. Al fin y al cabo, los 4.465 millones de euros de Bankia son una parte pequeña de los más de 115.000 millones de euros que el Estado ha destinado a rescatar el sector financiero. El problema central, del que Bankia es una de las consecuencias, es el derrumbe del sistema productivo. La repercusión importante es, y será si no se pone freno, los despidos y los desahucios. Este continuo goteo de destrucción de capital industrial está empeorando los balances de los bancos a través del aumento de la morosidad, tanto del ladrillo como los créditos al consumo, las hipotecas o las líneas de crédito de las empresas.
La lucha económica imprescindible para salir de la crisis debe centrarse en detener la destrucción del sistema productivo. La primera medida por la recuperación de la actividad económica y los puestos de trabajo, pasa por un finiquito de la deuda. El capital financiero succiona parasitariamente una proporción muy importante de la riqueza creada en el ámbito productivo. Este endeudamiento es un gran peso que no permite reanimar la actividad productiva. En segundo término, habría que plantearse una serie de políticas abandonadas por los primeros gobiernos del PSOE en los años 80. Hay un control de la inversión y una genuina planificación, empezando por el sector energético y el conjunto de las importaciones que generan un importante déficit comercial.
Hay que dirigir la inversión hacia sectores intensivos en fuerza de trabajo. De poco serviría ponerse a hacer infraestructuras que, aparte del impacto ecológico indeseable y la poca urgencia social y económica que tienen, son intensivas en capital y no generarían los puestos de trabajo necesarios. Hay un modelo industrial adaptado al siglo XXI, que en el caso de nuestra sociedad, más allá de las nuevas tecnologías y el conocimiento, debería potenciar los sectores sociales, especialmente el referente a los cuidados, la sanidad y la educación, los servicios a la población, ámbitos donde la inversión pública ha sido insuficiente, dejados a expensas de la creciente mercantilización.
Por otra parte, la reforma constitucional que anteponía el pago de la deuda a cualquier otra necesidad, las reformas laborales que han puesto fin a derechos históricos, los recortes en la sanidad y la educación que han sido el paradigma de la venta del estado de bienestar y la expulsión sistemática de familias de sus viviendas son cuatro frentes irrenunciables. Mientras no actuemos también de urgencia en el ámbito público y político corrigiendo el expolio social de los últimos años, seguiremos estancados en medio de una crisis que no hace más que agravarse.
Parece que estos días, como en los últimos años, el ámbito financiero sea el más importante. Tanto, que son capaces de provocar miedo a un corralito que haga peligrar los ahorros. Este árbol no nos deja ver el bosque de lo más esencial, como si ya estuviera perdido y no mereces luchar para defender el patrimonio de todos los sectores de la economía, el patrimonio que se ha construido con el trabajo de todas aquellas que no tienen nada más para vivir que vender su fuerza de trabajo. Nos pertenece. No podemos renunciar.
* Ivan Gordillo es miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa. Artículo publicado en el semanario Directa
http://www.directa.cat/noticia/bankia-quan-l% E2% 80% 99arbre-no-nos-deja-ver-bosque
Fuente: Iván Gordillo
