Artículo de opinión de Rafael Cid
“La libertad de palabra es el
derecho civil que más aprecio”
(Ibsen)
“La libertad de palabra es el
derecho civil que más aprecio”
(Ibsen)
El desvergonzado linchamiento público de los titiriteros no hubiera sido posible sin la “deleznable” complicidad política de los responsables de la empresa municipal que los contrató y la embestida inquisitorial de la caverna mediática unida en una nueva cruzada contra la “funesta manía de pensar”. Una extraña alianza que sorprende menos cuando se conoce que el último juez del siniestro TOP fue hasta su muerte el jefe de la asesoría jurídica del periódico El País, el intelectual orgánico de la Transición.
Amparado en la miseria mediática circundante, el diario de Juan Luis Cebrián siempre se ha prevalido de ser informativamente el tuerto en el país de los ciegos. Pero como con la edad toda arrogancia resulta estéril, El País se encamina hacia el ocaso con indignidad y alevosía. Hoy en manos de los grandes tahúres de la banca y los fondos buitres que incubaron el austericidio, los últimos movimientos del periódico en favor del statu quo han dinamitado los escasos vestigios de credibilidad que aún adornaban su borbónica senilidad.
Aunque la cosa viene de atrás, quizás de cuando en pleno felipismo ocultó el terrorismo de Estado de los Gal hasta que estalló en clamor, sus estertores se están manifestando ahora. El autotitulado periódico global se ha convertido en el florero de la prensa amarilla de alta alcurnia. Sin poder ya marcar la política nacional con sus tronantes editoriales (la triple petición de un rescate-país fue desoída olímpicamente por Rajoy) y exclusivas al dente (como la que segó con la carrera política de Josep Borrell, el primer candidato socialista a la presidencia del gobierno elegido por las bases frente al secretario general del partido Joaquín Almunia), parece ahora empeñado en desestabilizar al equipo municipal de Ahora Madrid que gobierna en la capital liderado por la ex juez Manuela Carmena.
Dos acontecimientos recientes, el caso-bulo de los titiriteros y la trola del callejero franquista, han sido los últimos jalones de esa calculada manipulación que le hace ya merecedor al galardón del mejor bribón mediático de la Corte. Seguramente rememorando su etapa como jefe de los servicios informativos de TVE durante el gobierno de Carlos Arias (alias carnicerito de Málaga en honor a sus criminales fechorías), el académico Cebrián ha optado porque sus accionistas de referencia le agradezcan los servicios prestados en lugar de hacer honor al artículo 20 de la Constitución y su exigencia de veracidad informativa. Eso sí, con la cínica pericia que caracteriza a los paisanos. Como si sus atropellos fueran la quintaesencia de la probidad.
Así, el pasado 6 de febrero, en la sección Madrid, se alineaba con la caverna mediática en el asunto de los “dos titiriteros detenidos por apología del terrorismo” con un desprecio total por contrastar una información policial que ni a hostias se compadecía con su Libro de Estilo. “Invitación a okupar viviendas, un juez ahorcado, una embarazada apuñalada y un muñeco exhibiendo una pancarta en la que se leía Gora Alka-ETA. Son escenas de La bruja y don Cristóbal, una representación callejera de títeres, dentro de la programación del Carnaval de Madrid, que ayer acabó con los padres enfurecidos y dos detenidos por la Policía Municipal por enaltecimiento del terrorismo”, podía leerse en una entradilla ad hoc sin que en ningún momento se ponderara el texto con el lógico y preceptivo “presunto” o “acusados de”. Para El País no cabía duda: los dos jóvenes habían sido “detenidos por hacer apología del terrorismo” (en el encabezamiento de la noticia) y “por enaltecimiento del terrorismo” (en la introducción).
En posteriores ediciones el periódico utilizaría la misma asepsia delictiva en los titulares de sus noticias. “Prisión provisional para los dos titiriteros detenidos en Tetuán” (7 de febrero, pág.1 Madrid); “Colau pide libertad para los titiriteros que ensalzaron a ETA” (8 de febrero, portada y pág.20) y “Carmena pide perdón por la deleznable función de los títeres” (9 de febrero, pág. 22). Una cobertura de linchamiento que solo aflojó al cuarto día con el melifluo titular “Carmena investiga quién sabía que la obra de los títeres no era para niños”, cuando la denuncia ciudadana por lo sucedido subió a trending topic en las redes sociales. Hasta entonces el sentido de la prudencia del rotativo se disciplinó en todo momento junto al disparate perpetrado por el magistrado-policía de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En este punto, quien conozca los arcanos de esa “escuela de periodistas”, podría pensar que de casta le viene al galgo. Porque por mucho que Cebrián y su séquito lo disfracen con el botafumeiro de su Cuarenta Aniversario, nadie podrá derogar de su palmarés el hecho de que el último juez del Tribunal de Orden Público (TOP), Diego Córdoba, fuera desde la fundación del periódico el jefe de su asesoría jurídica. Ahí es nada. De meter en la cárcel a periodistas combativos durante el franquismo a defender la libertad de expresión a las órdenes del “joven Maura”, profesional curtido en el diario Pueblo, portavoz del sindicato vertical de la dictadura. ¿No es eso enaltecimiento del terrorismo?
Pero aún quedaba otro expediente equis que añadir a la truculenta hemeroteca de El País. Como si se tratara de una saga, a la vez que el diario cedía la presa de los titiriteros se cobraba otra igualmente suculenta en su particular peregrinaje contra la biodiversidad de Ahora Madrid. En esta ocasión la especie clamaba: “La cátedra contratada por Carmena elabora un listado con 256 calles franquista” (10 de febrero, pág.1 sección Madrid). Y nuevamente con los rigores de la deontología en ignorado paradero. Valga la muestra: “La Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense, formada por cinco historiadores y presidida por Mirta Núñez, ha elaborado ya, a petición de Ayuntamiento de Madrid, el primer borrador de las 256 calles franquistas, cuyo nombre podría cambiarse. La lista, que no es definitiva y que aún podría tener algún matiz, está integrada por más de dos centenares de personas relacionadas con el bando nacional o la dictadura e incluye nombres de la cultura y el pensamiento como Josep Pla, Gerardo Diego o Salvador Dalí”. Con semejante desenfado informativo (“ha elaborado ya”; “lista que no es definitiva”, etc.), el medio adoquinaba el nuevo conflicto municipal.
Porque si ese era el tenor literal de la entradilla, la noticia se completaba con otros elementos en conflicto salpicados a lo largo del texto. En un sutil “donde dije digo, digo Diego”, que solo puede permitírselo un negocio a cuyo frente esté un académico de la Lengua, El País expandía su mensaje de cabecera asegurando que, fuentes sin concretar de la Cátedra de Memoria Histórica, afirmaban que había “cobrado 17.999 euros por realizar el informe” y que “El listado que adelanta EL PAIS no ha sido enviado aún al Ayuntamiento ya que está a la espera de las últimas comprobaciones”. O sea, que en su particular empeño por “limpiar, fijar y dar esplendor” a sus exclusivas el diario era capaz de conjugar estructuras incompatibles sin inmutarse. Igual daba afirmar lo uno y su contrario, a gusto de todos los públicos, de un cuerno se hace una percha. Y para rematar, los redactores atribuían la autoría del listado al historiador Antonio Ortiz, aunque sin aclarar qué papel jugaba este súbito investigador en el panel de la Cátedra de la Memoria Histórica de la UCM. Otra verdad a medias. Es decir, una falsedad.
Incluso así, El País optó por el socorrido “sostenella y no enmendalla”, y en días sucesivos alternó la arremetida por tierra, mar y aire con una retirada ordenada. El 11 de febrero empleó tres páginas del cuadernillo Madrid, portada (“La Complutense revisará la cátedra que hizo la lista de calles franquistas”) y dos más abundando en su exclusiva, añadiendo además sendos artículos de opinión (“El potaje madrileño”, de Andrés Trapiello, y “La lista”, de Marcos Ordoñez) contra el supuesto “informe elaborado por la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense”. Curiosamente este alarde informativo incluyó un texto (“La Complutense nunca financió la Cátedra de la memoria”) que, por reducción al absurdo, evidenciaba que el susodicho “historiador Ortiz” nunca formó parte de los órganos dirección de la Cátedra (presidenta, coordinador general y consejo ejecutivo). Otra pieza magistral de aquel periodismo grouchista de Primera Plana que hiciera famoso el dicho “nunca dejes que la realidad te estropee una buena historia”.
Pero no fue hasta el viernes 12 de febrero cuando El País, a hurtadillas como los malhechores, admitía que el famoso informe en el que el buque insignia del grupo Prisa había basado sus revelaciones era un camelo. Lo hizo con una breve nota (“La entidad niega la autoría del informe”) empotrada en el texto principal (“El listado de las calles franquistas fulmina la Cátedra de la Memoria”) para hacer cohabitar a su fuente con el entorno de la entidad certeramente vapuleada. En él venía a reconocerse que la propuesta sobre el callejero franquista divulgada era en realidad solo un trabajo colgado en el blog personal de Ortiz: <<Lo mío era una base de datos sobre la que trabajar”, se justificaba el aludido. Al mismo tiempo, según carta que recogía El País, el consejo ejecutivo de la Cátedra tildaba de falsa la información publicada negando <<la autoría del listado de 256 calles vinculadas al franquismo>> y rechazando <<de plano que pueda incluirse entre los nombres ligados a la dictadura los de los creadores Manuel Machado, Salvador Dalí o Josep Pla>>. Después de la publicación de la falsa foto de la muerte de Hugo Chávez, este ha sido uno de los ridículos más espectaculares del periódico global.
Con este ejemplo de intrusismo en la verdad, concluía el enredo fabricado contra la coalición popular que democráticamente ostenta el gobierno de Madrid por el diario que ahora celebra su cuadragésimo aniversario. Aunque resulta difícil comprender qué motivos han llevado a El País a calumniar a dos humildes titiriteros y denigrar a un equipo de historiadores que trabajan a favor de la Ley de Memoria Histórica. Cosa más sorprendente, si cabe, si se tiene en cuenta que uno de sus periodistas más veteranos, Jesús Duva, es en la actualidad el jefe de prensa de la alcaldesa, Manuela Carmena, y que en la lista de “calles franquistas” nunca ha figurado el padre de su editor, Vicente Cebrián Carabias, ex director de Arriba y de Pyresa (Prensa y Radio del Movimiento), el bunker informativo de la dictadura.
Lo que sí parece claro es que el barullo eficazmente propalado ha servido para solapar los primeros testimonios del “caso Nóos”, paradigma de la corrupción Marca España, donde se juzga a una hermana del Rey, de cuya real casa fue responsable de comunicación Jesús Ayuso, ahora adjunto a la dirección de El País. Será que, como dice el conocido tango, cuarenta años no es nada.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
