Artículo de opinión de Rafael Cid
Su tuviéramos que glosar el “veredicto catalán” del 27-S con el instrumental convencional de la ciencia política, lo que ahora tocaría es saber si nos encontramos entrando en el túnel de una reforma o ante el umbral de una ruptura. Lo primero supondría una flagrante recomposición del actual sistema político “cambiando lo que haya que cambiar”. Lo segundo implicaría la madurez de una alianza de clases dispuesta a dar la espalda al régimen del 78 con todas las consecuencias.
Su tuviéramos que glosar el “veredicto catalán” del 27-S con el instrumental convencional de la ciencia política, lo que ahora tocaría es saber si nos encontramos entrando en el túnel de una reforma o ante el umbral de una ruptura. Lo primero supondría una flagrante recomposición del actual sistema político “cambiando lo que haya que cambiar”. Lo segundo implicaría la madurez de una alianza de clases dispuesta a dar la espalda al régimen del 78 con todas las consecuencias. Sería, según y cómo, una suerte de “sí se puede” expandido socialmente que desandaría el escenario frustrante de una transición que casó con indignidad el “atado y bien atado” de la dictadura. Evento aquel que se produjo cuando otra confluencia de clases conducida por los tardofranquistas y asumida por los sedicentes demócratas descorchó la Segunda Restauración borbónica. Por tanto, la cuestión reside en conocer quién llevará la iniciativa del proceso abierto en Catalunya. Con otras palabras: qué sector implicado en el conflicto dispondrá de la minoría más activa, resuelta, organizada y consecuente para liderar la desconexión.
Y en esto como en todas las cuestiones de la vida, siempre hay que contar con la ayuda providencial del adversario. La reciente imputación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Artur Mas y varios miembros de su gobierno por la consulta del 9-N es de esa guisa sobrevenida. Habida cuenta de que en la referida ocasión una mayoría activa de catalanes manifestó públicamente su opinión sobre la independencia, burlando la mordaza constitucional que solo autoriza el referéndum placebo, la citación judicial supone una postrera aportación de Moncloa a la causa soberanista. Personalizándola, eso también, en el muy poco honorable president en funciones de la Generalitat.
Hasta tal punto puede representar un acicate la imputación, que cuando el ministro de Justicia alega inocencia por haberse formalizado la providencia tras las elecciones se intuye que de comunicarse antes el resultado podría haber sido de sendas goleadas en escaños y votos. Otra derivada maliciosa de esta coyuntura sería maquinar que los dirigentes de Convergencia conocían lo que se avecinaba y lograron posponer el impacto para comprometer a favor de la investidura de Mas a las bases de la reticente CUP (que no quiso integrarse en Junts pel Si) y a una opinión pública propicia a somatizar la notica como un misil más del arsenal de miedo con que la Marca España trató de hundir la campaña electoral.
Pero precisamente porque la radical renuencia de la Candidatura d´Unitat Popular frente a JPS reside en que estima que el número 4 de su lista es más un problema que una solución, no parece que el escollo urdido por el TSJ doblegue su hoja de ruta. Además la CUP está dando un ejemplo de honestidad política al reconocer que el refrendo en votos del bloque autodeterminacionista no legitima una declaración unilateral de independencia, en contraste con el buenismo del triunvirato Romeva-Junquera-Mas. No obstante, la interpretación más jocosa de todas es la esgrimida por aquellos que, juntando churras con merinas para fidelizar voluntades, pretenden que el triunfo fue del sector españolista. Ignoran que con esa política contrafáctica, validan la misma consigna utilizada hace poco para desmerecer a los gobiernos surgidos de las últimas autonómicas: el pacto de perdedores.
No menos errática ha sido la reacción de otro de los damnificados, la cúpula de Podemos que desde su cuartel general en la capital analizó las causas de la debacle de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), la coalición compuesta por ICV, EUA, EQUO y el partido morado. Sin más autocrítica que el victimismo de cifrar la derrota en “la polarización que ha dominado la campaña”, Pablo Iglesias ha intentado hacer de la necesidad virtud proponiendo un pacto de las fuerzas progresistas catalanas (ERC, CUP y PSC) junta a un referéndum vinculante (en el que pediría el “no”) si gana las generales. Tal cual. Un referéndum en el que Podemos votaría “no” cuando su cabeza de lista en CSQP, Lluis Rabell, votó “si-si” el 9-N. Y encima una oferta para caminar juntos a partidos que representan el núcleo duro del independentismo, como ERC y la CUP, y a un PSC cuyos sus jefes en Ferraz se “cepillaron” el Estatut que luego terminó de devastar el Tribunal Constitucional (TC) a instancia del gobierno del Partido Popular (PP).
Es obvio que el auto de imputación intenta amedrentar a los más de 2 millones de ciudadanos movilizados el 9-N por el derecho a decidir. Pero no menos cierto es que el 27-S plebiscitario ha sido utilizado por Mas y CDC para burlar la colosal derrota que les esperaba si hubieran concurrido solos a las autonómicas con su bagaje de corrupción, nepotismo y austericidio a cuestas. En este sentido la función de ERC se parece bastante al papel jugado en su día por Izquierda Unida (IU) en Andalucía al apadrinar sin demasiados escrúpulos al gobierno de los EREs. Con lo que el desenlace, que sea auto-de-terminación o autodeterminación, queda una vez más en manos de los emergentes. Solo queda por saber si la CUP mantendrá la palabra empeñada o se diluirá en la centralidad del tablero político como Podemos.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
