Artículo de opinión de Rafael Cid
“Más que bajo una tiranía de los mercados, vivimos bajo una tiranía corporativa” (José Manuel Naredo)
La película As Bestas de Rodrigo Sorogoyen no es solo la trágica crónica de un microcosmos que reduce a las personas al dilema caníbal de elegir entre ser víctima o verdugo para sobrevivir. Es el retrato del tipo de relaciones de poder en defensa del territorio que impone un sistema deshumanizador como inapelable marco de convivencia. La última fase conocida de un proceso de brutalización donde cada individuo actúa como su propio explotador. La exención de la declaración de impacto ambiental para facilitar la transición a las energías renovables, aprobada el pasado diciembre por el Ejecutivo de coalición de izquierdas PSOE-UP y sus socios parlamentarios, se inscribe en esas coordenadas de estirpe hobbesiana en el que el hombre es lobo para el hombre inmerso en un gran engranaje que le resulta ajeno. Otra vez aquel socializar las pérdidas y privatizar las ganancias de la anterior crisis (los fondos Next Generation los pagamos todos vía derramas), solo que ahora con la excusa de la guerra de Ucrania y por nuestro propio bien, a decir de sus promotores.
La diferencia radica en que si ayer el austericidio, con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución y la liquidación de las Cajas de Ahorro (y con ellas sus fundaciones sociales) para dejar todo ese mercado a los grandes de la banca, cebaron la espoleta que hizo saltar las protestas del 15M, hoy cualquier disidencia contra los dueños del BOE se tilda olímpicamente de ataque facha. Se denuncia justamente la gestión sanitaria en el Madrid de Díaz Ayuso (calificada de <<barbarie>> por el Almodovar de los Papeles de Panamá en los Premio Feroz de Zaragoza, provincia y comunidad que, con datos del propio ministerio, ostenta el triple de retrasos en atención médica que la CAM), mientras se solapa impunemente la huelga disidente de los inspectores de Trabajo, la de los antiguos secretarios de Juzgados o la del personal laboral de Comisiones Obreras en Galiza. De esta manera, faltos de espíritu crítico y coherencia ética, vamos de victoria en victoria hasta el esperpento final. Veamos.
Durante la gran recesión de 2008, la doctrina oficial pretendía que había que salvar al gotha financiero para que no pagaran justos por pecadores. Si no acudíamos en su socorro, sostenía el mantra oficial, el riesgo en que incurriríamos sería devastador. El mundo tal como lo conocíamos se desmoronaría sobre nuestras cabezas, con el resultado de enormes tasas de desempleo y la ingente pérdida de los depósitos ciudadanos. A la fuerza ahorcan, y entramos por el aro para que los culpables pudieran seguir jugando a los dados con nuestras vidas. De aquellos vientos llegamos a este 2023, con la diana centrada en el ultimátum ecocida. Acelerado más si cabe por la necesidad geoestratégica de abrir yacimientos alternativos al suministro de energías convencionales en el entorno de las renovables (eólica y solar, principalmente). Un camino que exige nuevamente sacrificar bienes públicos para el negocio privado. Eso es lo que significa que el <<gobierno más progresista de la democracia>> haya eliminado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para plantas de <<energías limpias>> de más de 50 megawatios (MW). Una desamortización al revés. Ganan las multinacionales del sector y pierde el común del entorno natural. Extraña forma de hacer de la necesidad virtud (crematística). Una vuelta de tuerca más a la España vaciada, esta vez esquilmada con la excusa de luchar contra la emergencia climática. As Bestas con el <<gobierno de la gente>> como ogro filantrópico.
El borrado del impacto medioambiental, por razones de fuerza mayor como los ERTE, supone una amenaza cierta a la salud de la biodiversidad. Porque el Real Decreto-Ley 20/2022 se lleva por delante la DIA y con ella la posibilidad de participación ciudadana en un tema de su absoluta incumbencia. Votó a favor de la desregulación el bloque del <<sí se puede>> y su cortejo parlamentario (ERC se abstuvo), enmascarando la norma en un paquete ómnibus de <<medidas de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania>>. La Declaración de Impacto Ambiental decae pues por iniciativa de PSOE-UP y en su lugar se implementa un procedimiento casi antónimo por placebo de <<determinación de afección ambiental>>, que en lo sucesivo correrá a cargo de las propias corporaciones interesadas (la zorra en el gallinero como perversión <<ecologista>> de la mano invisible del mercado).Y serán las zonas más deshabitadas la que en mayor medida sufran la invasión de la renovables de flamante predicación.
A falta de centros de salud, farmacias, sucursales bancarias y cajeros automáticos, colegios, guarderías y oficinas de correos, esos pueblos verán crecer sin apenas freno legal parques de aerogeneradores y granjas solares a mansalva. Pero como no hay causa sin efecto, con ellos aparecerán innumerables perjuicios para el hábitat del ecosistema, algunos darán la cara inmediatamente y otros lo harán a futuros soterradamente. Hablamos de una nueva polución salvaje: la barrera que suponen los <<molinillos>> en acción para las aves endémicas o en tránsito (los postes aspados tienen 200 metros de altura, 2,5 veces más que la catedral de Santiago), a sumar a los veinte millones de aves muertas al año atrapadas en los tendidos eléctricos; el monótono zumbido del rotar de las palas; o el corte de la luz del sol en intervalos de 3 a 5 segundos que provoca el efecto estroboscópico (discoteca). Estos y otros riesgos arraigados (la deforestación, los vertidos y residuos incontrolados, el desarrollismo anticonservacionista o las hordas turísticas que devastan el patrimonio paisajista y monumental) fueron expuestos por los representantes de las 451 entidades ciudadanas que se concentraron frente a la puerta del Congreso de los Diputados el día en que se perpetró el atropello.
Este desastre, que no parece movilizar la protesta popular como cuando el chapapote anegó la Costa de la Muerte gallega, es una muesca más en el rosario de percances y anomalías, presentes y futuros, que jalonan el devenir de la publicitada transición ecológica. En el plano nacional, anotamos la pendiente demolición del Algarrobico, el colosal adefesio de la costa almeriense, que ninguna autoridad pública o privada quiere asumir; o la continuidad ad calendas graecas de la fábrica de celulosa de Ence en la ría de Pontevedra, tras revocar el Supremo el fallo adverso de la Audiencia Nacional por vulnerar la Ley de Costas. Mientras, desde Bruselas no dejan de llegar nuevas amenazas para el movimiento conservacionista. Primero fue catalogar como energías verdes al gas y la nuclear; luego el compromiso público de desregulación realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, para establecer <<un marco legal adecuado, más sencillo, más rápido y más predecible, acelerando la concesión de permisos>>; y últimamente la noticia de que las instituciones comunitarias permitirán que parte del hidrógeno producido por las centrales atómicas francesas sea homologado con el obtenido con fuentes renovables.
Le anulación del requisito de Declaración de Impacto Ambiental se perpetró de matute. Dentro de un tercer paquete anticrisis con impuestos temporales a la banca y las electrónicas, que solo fue rechazado por JxCat, la CUP y Teruel Existe. Una maniobra kamikaze que al mismo tiempo perjudicaba y ayudada a idéntico entorno económico. De hecho, el ocaso de la DIA favorecerá especialmente a la multinacional eléctrica Iberdrola, la segunda compañía privada más grande del mundo por capitalización bursátil, y líder sin par en renovables. Curiosamente, su presidente, Ignacio Galán, sería uno de esos desalmados empresarios (<<los del puro>>), a que Pedro Sánchez se refirió tronante cuando el pasado 24 de enero el decreto logró convalidación parlamentaria por la vía rápida. Iberdrola, implicada en el caso Villarejo por presuntamente haber contratado al ex comisario para espiar a organizaciones ecologistas opuestas a la instalación de aerogeneradores, tuvo como vicepresidente al ex dirigente del PSOE Antonio Miguel Carmona, candidato socialista a la Alcaldía de Madrid. Como el corazón tiene razones que la razón ignora, pocos días antes de cargarse la DIA, el presidente Sánchez había aprovechado su estancia en la cumbre de Davos para reunirse con Larry Fink, CEO del fondo de inversión BlackRock, segundo accionista estratégico de Iberdrola tras Qatar Holding.
<<La verdad está en la ficción>> (Martín Amis dixit) y As Bestas en el Gobierno de coalición de izquierda progresista.
(Nota. Este artículo se ha publicado en el número de marzo de Rojo y Negro)
Fuente: Rafael Cid
