Desde la anulación las Leyes de Impunidad, unos 20 represores han sido juzgados en forma parcializada. En tanto, los organismos de Derechos Humanos denuncian un posible punto final en el enjuiciamiento. La desaparición de Julio López y el asesinato de un represor son signos elocuentes de la construcción de impunidad.
No fueron muchos los genocidas que pasaron por los tribunales desde 2003 a esta fecha. Julio Simón, nueve militares por la desaparición y asesinato de militantes en lo que se conoció como la Contraofensiva, tres policías por la Masacre de Fátima y los apropiadores de la joven María Eugenia Barragán Sampayo. Sólo en la sentencia contra el ex comisario Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian Von Wernich se reconoció que los crímenes por los que se los juzgaba fueron cometidos en el «marco de un genocidio».
El torturador de la ESMA Héctor Antonio Febres fue elevado a juicio a fines del año pasado. Pero no llegó a escuchar la sentencia. Fue envenenado el 10 de diciembre último en su celda vip de Prefectura, arma a la que pertenecía y que los jueces habían destinado para su alojamiento. La abogada Myriam Bregman denunció que la investigación por el homicidio tampoco ha avanzado en los últimos meses. En marzo, los prefectos acusados de haber participado en el homicidio del represor Héctor Febres fueron beneficiados por la «duda» de la Cámara de San Martín.
El mismo Tribunal Oral Federal 5, que tuvo a su cargo el proceso contra Febres, está juzgando actualmente a tres jefes de subzona del Primer Cuerpo de Ejército. Los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes sólo están imputados por una decena de secuestros y aplicación de tormentos, cuando comandaron la represión en la zona oeste del conurbano bonaerense. Por su parte, el ex teniente coronel Alberto Barda está siendo juzgado por un caso de secuestro y tormentos y dos homicidios, a pesar de haber sido responsable de más de 20 centros clandestinos de detención y muerte. Como remarcaron desde la querella de Justicia YA !, este es otro juicio parcializado que atenta contra la percepción del plan genocida diseñado por la dictadura militar, que impide que se reconozcan los circuitos represivos y que todos los genocidas sean condenados por todos los detenidos- desaparecidos que pasaron por los centros clandestinos en que ellos actuaron.
En medio de este paso lento de la justicia, hay una ausencia que acusa desde hace casi dos años. Jorge Julio López desapareció cuando debía ir a presenciar los alegatos contra Etchecolatz. Ni el gobierno ni el poder judicial han avanzado en la investigación por su secuestro. López es el ejemplo más aberrante de las condiciones de seguridad precarias a que se los expone a los testigos que participan en los juicios contra los genocidas.
Otro dato que dejó de ser anecdótico y que deja en evidencia una clara connivencia entre jueces, fuerzas de seguridad y represores es la cantidad de prófugos que existe. De 400 genocidas procesados, hay 50 fugitivos. Para muestra basta la fuga del torturador Julián Corres, a quien la INTERPOL- en un claro acto de astucia- lo halló escondido en el ropero de la casa de su madre.
De un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se desprende que el 30 por ciento de los procesados goza de arresto domicilario, como el genocida Antonio Domingo Bussi en el country Yerba Buena ; un 36 por ciento está alojado en unidades militares, o sea, con sus compañeros de armas y sólo un 20 por ciento en unidades penitenciarias.
En tanto, desde el Poder Ejecutivo Nacional se escucha hablar del final de los juicios a los genocidas. Cristina Fernández sostiene que sólo 942 represores actuaron en la dictadura, cifra irrisoria si se tiene en cuenta que funcionaron más de 600 centros clandestinos de detención. Desde algunos organismos de Derechos Humanos se denuncia el intento de llevar a cabo unos pocos juicios emblemáticos como un nuevo punto final y un futuro intento de reconciliación . «El plan de conjunto son unos pocos juicios paradigmáticos, emblemáticos y con eso dar por cerrado el problema de la impunidad en la Argentina y tratar de buscar una reconciliación que, como ellos mismos reconocen, es con las mismas Fuerzas Armadas genocidas», resumió Bregman.
Próximos juicios
Existen varias elevaciones a juicio aunque aún no tienen fecha para que se inicie el proceso. Por Campo de Mayo, se elevará la causa por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda. O sea, un juicio por un solo caso de todos los crímenes cometidos en ese centro por el que pasaron más de 5000 detenidos- desaparecidos.
También están elevados algunos tramos de la denominada megacausa ESMA. Los próximos en ser juzgados serían Adolfo Donda Tigel, el médico Carlos Capdevilla y Oscar Montes por no más de una docena de casos, aún cuando por ese campo pasaron 5000 personas. Justicia YA !, que representa a víctimas directas de estos tres represores, fue separada de la cabeza de querella en este proceso. «Nos están castigando por haber pedido el enjuiciamiento del TOF 5 por el caso Febres», denunció Andrea Bello, sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). También, se espera el juicio por el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh y por las desapariciones del 8 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz.
Otras de las causas en el tintero es la de la comisaría quinta de La Plata, que llevaría a juicio a menos de una decena de represores aún cuando hay identificados 145 que operaron en ese campo de concentración. «La causa de Comisaría quinta está prácticamente para ser elevada con una oposición de las organizaciones de Justicia YA !. Reclamamos que no haya esta falacia de causa cerrada sino que a todos los que se derivó a una causa residual, que serían los subordinados, también vayan en conjunto. En caso contrario, ya sabemos cuál es el destino de esa causa residual», sintetizó la abogada Guadalupe Godoy.
También, podría comenzar el proceso contra Jorge Olivera Rovere, responsable todos los centros clandestinos de Capital Federal.
En todos los casos, desde Justicia YA ! denuncian la resurrección de no sólo el punto final sino también de la obediencia debida, instrumentos de impunidad legados de la etapa alfonsinista. «En definitiva, los jueces hacen una selectividad de imputados que son exclusivamente las cadenas de mando y omiten el enjuiciamiento de los cuadros inferiores. Es una obediencia debida de hecho que se está aplicando en todos lados y que los fiscales también la acatan al aceptar que sólo puede acusarse en el caso de que haya un reconocimiento expreso de participación, sin tener en cuenta la cuestión objetiva de dónde revistaban esas personas entre los años 76-83.», denunció Godoy.
Fuente: ANRed
