El presente de justicia y verdad para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura militar, se encuentra amenazado por una nefasta decisión de la Cámara de Casación Penal de la Nación. La misma, a través de una resolución inexplicable, quiere volver al pasado y brindarle cobertura de impunidad a los genocidas, liberándolos hasta que comiencen los juicios orales y públicos.

El presente de justicia y verdad
para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas
en la última dictadura militar, se encuentra amenazado por una nefasta
decisión de la Cámara de Casación Penal de la Nación. La misma, a través de
una resolución inexplicable, quiere volver al pasado y brindarle cobertura
de impunidad a los genocidas, liberándolos hasta que comiencen los juicios
orales y públicos.

El martes pasado, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación dispuso que
los represores Oreste Valentín Padován y Ricardo Lardone, esperen el juicio
oral y público gozando de su libertad. Actualmente ambos están procesados
con prisión preventiva en diferentes causas por violaciones a los derechos
humanos, causas que se tramitan en el juzgado federal Nº 3 de Córdoba. Si
esto prosperara, es decir si estos dos torturadores se fueran tranquilos a
sus casas, todos los demás represores procesados harían uso de esta medida
para salir en libertad. Y si esto sucede, ¿quién garantizará la integridad
física de los cordobeses con los genocidas de nuevo sueltos por las calles ?

Los argumentos esgrimidos por Casación, serían que estos imputados, que han
cometido delitos contra la humanidad, que son peligrosos para la humanidad
entera, no presentan “peligrosidad procesal”. Es decir, que estando libres
mientras se desarrolla el proceso judicial, ni ocultarían pruebas, ni se
fugarían, ni intimidarían a los testigos. Argumentos que suenan a cínicos,
mientras seguimos identificando los más de cien cuerpos encontrados en las
fosas comunes ; mientras hay genocidas prófugos de la justicia ; mientras
arrecian diariamente las amenazas a testigos, damnificados y abogados sin
que ninguno de estos casos sea esclarecido, cuando se agrede a una abuela de
plaza de mayo y, sobre todo, mientras sigue desaparecido Julio López,
testigo clave contra los genocidas.

Con esta resolución, la Sala 3 de la Cámara de Casación Nacional, dispuso
revocar la medida solicitada por la fiscal Graciela López de Filoñuk,
avalada por la Jueza Cristina Garzón de Lazcano y la Cámara Federal de
Apelaciones, donde se resolvió que los imputados en las causas por
violaciones a los derechos humanos, por la gravedad de esos crímenes, deben
cumplir prisión preventiva durante la tramitación del proceso judicial.

En esa oportunidad, los diferentes tribunales negaron la libertad de los
represores considerando : “la seriedad de las pruebas reunidas en la causa ;
la naturaleza y gravedad de los hechos investigados y la desaparición de
toda restricción legal en orden a la persecución penal de los delitos de
lesa humanidad, considerados imprescriptibles por nuestro Más Alto Tribunal ;
la elevada escala penal que correspondería eventualmente aplicar en el
supuesto que los encartados resulten condenados ; la “personalidad moral” de
los imputados, quienes habrían actuado con absoluto desprecio por la vida y
la libertad de distintos seres humanos que se hallaban en total estado de
indefensión y a entera disposición de las autoridades militares
circunstancia que resulta reveladora de una personalidad que no deviene
merecedora de confianza”, respecto de su respeto a la Ley. Algo obvio en
quienes violaron todas las leyes. Algo obvio que la Cámara de Casación no
tuvo en cuenta.

Así, lamentablemente, la Cámara de Casación Penal de la Nación, una vez más
se ha convertido en el refugio para albergar la impunidad de los genocidas.
La medida dispuesta por este tribunal significa un retroceso para la
búsqueda de verdad y justicia.

Pero nada nos sorprende a los organismos de derechos humanos de Argentina.
Conocemos de impunidades y complicidades. Sabemos de leyes de olvidos y de
indultos, y sobre todo, hemos aprendido que el camino de la justicia es una
lucha que implica esfuerzos y perseverancia. Es una lucha contra la
resignación y contra los poderes que quieren que la impunidad perdure en
nuestro país. Una lucha que no abandonaremos hasta que el último de los
genocidas tenga una condena firme y que la cumpla en cárceles comunes. Algo
que ellos nunca respetaron a nadie en los tiempos de la dictadura, cuando
violaron todas las leyes a las que ahora tan desesperadamente acuden.

JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS Y SUS COMPLICES
AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA YA
BASTA DE DILACIONES
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS


Fuente: H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) Regional Córdoba en la Red Nacional / Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de Córdoba