Mientras la Justicia y el Ministerio de Trabajo permiten que el empresario Jorge Curi siga incumpliendo la conciliación obligatoria dictaminada por el juez Luis Federico Arias –que obliga a reincorporar a los obreros despedidos, volviendo el conflicto a fojas cero-, por otro lado han dispuesto caer con rigor sobre las protestas de los trabajadores. Luego de varias horas de tensión, finalmente el viernes a la madrugada los obreros fueron desalojados de la fábrica, encarcelando a dieciocho de ellos, acusándolos de graves delitos. En la tarde de ayer los trabajadores fueron liberados y hoy se movilizarán repudiando la represión y exigiendo que la empresa acate la conciliación. Los medios de prensa comerciales, ausentes en esta noticia.
El conflicto no es nuevo, y esta última etapa tiene su origen en la decisión de la patronal de despedir 103 trabajadores y suspender otros cuatrocientos –la totalidad del personal-, en noviembre del año pasado. Después de diversas acciones de reclamo, los trabajadores lograron que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, lo que implicaría la reincorporación de los despedidos y el pago de los salarios adeudados. Pero la patronal incumplió esta resolución, por lo que el 18 de febrero los trabajadores resolvieron permanecer en la planta ubicada en 44 y 184 con el objetivo de resguardar la fuente de trabajo. Desde ese momento la tensión se agudizó, ante una patronal inflexible y un ministerio de Trabajo poco dispuesto a hacer cumplir sus resoluciones. Los obreros afirman que esta desidia, así como la celeridad en el desalojo, tienen que ver con que Curi habría hecho un importante aporte monetario –se habla de un millón de pesos- a la campaña del gobernador Daniel Scioli, recientemente electo como vicepresidente primero del PJ, en esta etapa de refundación kirchnerista.
Después de diversas amenazas de desalojo, el jueves pasado se dio una situación curiosa y a la vez ilustrativa. Por un lado el juez en lo Contencioso Administrativo Nº1, Luis Federico Arias, intimó a la empresa al inmediato cumplimiento de la conciliación obligatoria. Pero dos horas después César Melazo, titular del Juzgado en lo Penal Nº 2, ordenó el desalojo de la fábrica, que se intentó llevar a cabo desde las 17 hs. con un impresionante despliegue policial, en el que participaron unos 500 efectivos de Infantería, Caballería, División de Motos, Policía Científica y el Grupo Especial de Operaciones «Halcón», entre otros destacamentos, fuertemente armados y equipados con carros de asalto y helicópteros.
Los trabajadores que estaban de guardia resistieron la agresión y se refugiaron en el sexto piso de la planta. Allí se mantuvieron durante diez horas, mientras unas doscientas personas llegaban al lugar a manifestar su apoyo y otro centenar cortaba la esquina de 7 y 50, en el centro de la ciudad. El operativo -de características inusuales y realizado en la principal fábrica de La Plata- no fue cubierto por ningún medio de prensa, en una suerte de zona liberada que contó por parte de la policía con diversos mecanismos de acción psicológica, como reiterados cortes de luz mientras se encerraba a quienes se acercaban a expresar solidaridad. Hasta que a las 3 de la mañana del viernes los operarios decidieron entregarse, luego de una negociación que inmediatamente quedó en el olvido para los funcionarios judiciales, porque los detenidos fueron imputados por coacción agravada en concurso real con daño calificado, una carátula que podría significar penas de 10 años de cárcel, según informaron sus abogados. Esta decisión no recayó en Melazo, que ya se había alejado de la causa, sino en el juez de Garantías Guillermo Atencio, que el domingo por la tarde dispuso la liberación.
Durante esos dos días los obreros fueron separados y trasladados a diferentes comisarías, algunas a varios kilómetros de La Plata, mientras familiares, compañeros y una gran cantidad de organizaciones sociales y políticas mantenían cortes de calle y un acampe frente a los Tribunales de la Plata. También en Capital Federal se realizó una concentración concentración frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires y en Neuquén los obreros de Zanón –que enviaron a La Plata a 5 delegados- se movilizaban junto a otras organizaciones.
Mientras tanto, fuentes de la empresa anunció que «la guardia ya fue ocupada pero todavía no se pudo ingresar hasta que la policía cumpla con todas sus diligencias». Aliado a la dirigencia de la Asociación Obrera Textil (AOT), el propietario de la fábrica especula con volver a reabrirla con un plantel de 250 operarios, la mitad del personal.
Al momento de ser liberados, los trabajadores se mostraron con fuerzas para continuar la lucha, mientras eran recibidos entre abrazos y ovaciones. Posteriormente los trabajadores se reunieron en asamblea y decidieron concentrarse en el día de hoy en la fábrica, exigiendo que se cumpla la medida cautelar dictada por Arias.
«No nos han quebrado la moral, eso es lo más importante», expresaron en un improvisado acto, todos abrazados y con muestras de emoción. «Ahora se vienen otras cuestiones, que tienen que ver con la reincorporación, con todas las cosas que nos deben, con tirar abajo este procesamiento que nos hicieron, que el poder político lo quiso utilizar para crear jurisprudencia en todo el movimiento obrero, para después partir a todos los trabajadores que se organicen. Le vamos a dar pelea con todo, como venimos hasta ahora, con los 150 días de lucha que venimos hasta ahora, hasta la reincorporación. Necesitamos entrar a laburar».
«La lucha sigue, mañana a las 10 de la mañana en la puerta de Mafissa nos vamos a presentar con un escribano para entrar a trabajar», anunciaron en la oportunidad. Después se reunieron con las organizaciones en la Multisectorial La Plata, y también decidieron movilizar el miércoles 23, para lo que convocaron a las 17.30 hs. en la plaza San Martín, frente a la gobernación bonaerense.
«Esta es una política del gobierno» expresó en una entrevista Jorge Rodríguez (link a fotogalería), uno de los trabajadores. «Vos no podés sacar los pies del plato, como se dice. Nosotros vamos contra el sindicato, contra la patronal, contra los topes salariales del gobierno, contra los contratos basura. Hasta que estuvo funcionando la planta, de 600 trabajadores teníamos nada más que 16 contratos basura. Nosotros obligamos a la empresa que a los seis meses dejen a todo el mundo efectivo, y eso se logró con lucha. Y todo eso molesta. ¿Por qué ? Porque el mayor negrero es el gobierno, vos vas y del plantel de trabajadores que tiene, tenés trabajadores que tienen 15 años contratados. Bueno, eso nosotros lo hemos erradicado y somos un mal ejemplo. Y los malos ejemplos, en un gobierno como este, lo tienen que pagar. Así ha pasado en todas las luchas obreras que no se han metido bajo el ala del sindicato, del gobierno, fueron reprimidas y extinguidas. Nosotros no, nosotros vamos a seguir luchando. Tenemos medidas que la justicia ha tomado a favor, entre comillas, de nosotros y bueno, vamos a exigir que esas medidas se cumplan, vamos a salir a la calle con un plan de lucha a exigir que se cumplan».
Fuente: Boletín quincenal
