Artículo publicado en RyN nº 379 de junio.
Asistimos a un nuevo pacto salarial firmado por UGT y CC.OO. con la Patronal que nos seguirá haciendo perder poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras durante los próximos años y que, además, no permite recuperar absolutamente nada de lo que perdimos en los ejercicios anteriores. También hemos sido testigos de una Ley de Vivienda que no cubre, ni de lejos, las necesidades de miles de familias que ven, año tras año, cómo se hace insostenible el pago de un alquiler o de una hipoteca, con el beneplácito de los diferentes Gobiernos, la Banca y los grandes inversores del ladrillo. Un nuevo acuerdo de pensiones que abre más la brecha salarial entre clases y entre géneros. Una “reforma” laboral que no ha servido, ni por aproximación, para solucionar el gran problema del mercado laboral, la precariedad. La lentitud de la justicia, a la que se recurre con mínimas esperanzas debido a su politización. La sumisión al Sistema capitalista, el avance de la extrema derecha, la corrupción política a todos los niveles, la aplicación diaria de la ley mordaza para reprimir a aquellas personas que luchan día a día, aumentos desorbitados de los precios de los productos básicos, la factura energética por las nubes… ¡y la calle no arde! Mejor dicho, no arde por lo que debería de arder.
La calle arde debido al impacto generado por la sobreexplotación a la que sometemos al planeta y que se transforma en un cambio climático cada vez más notorio: nos encontramos con nuevas olas de calor con la aproximación de las fechas veraniegas, un calor cada vez más asfixiante que cada vez afecta más a nuestra vida. El verano pasado fue devastador. Durante las fuertes olas de calor fueron varias las personas que perdieron la vida mientras realizaban su trabajo bajo el impacto directo de las elevadas temperaturas que se llegaron a alcanzar. Algunos de estos accidentes podían haberse evitado si se hubiesen aplicado las medidas de protección adecuadas, pero, de nuevo, patronal y Gobiernos se dedicaron más a culparse entre ellos que a hacer cumplir las medidas necesarias para intentar impedir esos desgraciados accidentes.
Otro de los escenarios catastróficos que vivimos, durante el verano pasado, fueron los numerosos incendios que afectaron a prácticamente todos los territorios del Estado español. Muchos de ellos fueron provocados, pero todos ellos se expandieron de forma masiva debido a los pocos efectivos existentes para su extinción y debido, también, al prácticamente nulo trabajo preventivo que se realiza durante todo el año para evitar tanto los incendios como la expansión de los mismos. No llevar a cabo medidas preventivas pone directamente en peligro tanto a la población como a las propias plantillas de bomberos en las cuales se produjeron varias víctimas mortales durante las tareas de extinción.
Para estos nuevos meses de calor, el Gobierno central se ha sacado de la chistera medidas en materia de prevención que, supuestamente, tratarán de que las olas de calor no afecten directamente a las personas que por motivos de su trabajo estén directamente expuestas a altas temperaturas. Como todo lo que se hace deprisa y corriendo, con un afán electoralista y sin tener una visión de la realidad laboral que se vive día a día, dichas medidas hacen que de nuevo seamos los trabajadores y trabajadoras quienes tenemos que pagar las consecuencias —esta vez de las altas temperaturas— dejando a merced del empresario de turno la forma de recuperación de las horas de trabajo que se dejen de trabajar por alcanzar ciertas temperaturas, es decir que, tal y como ya hicieron en la pandemia con el famoso paro industrial recuperable, se deja en manos de los empresarios la recuperación de millones de horas de trabajo que, viendo en primera persona cómo funciona la Inspección de Trabajo en todas y cada una de las provincias, se recuperarán como al empresario de turno se le antoje.
Frente a esto, es importante que el conjunto de la clase trabajadora sepa que hay leyes que le protegen directamente de situaciones como las que se pueden vivir en ciertos trabajos durante las horas de calor, que hay leyes que permiten que sea el propio trabajador o trabajadora quien tome la primera medida preventiva sin que tenga que estar pendiente de las decisiones del jefe inmediato aplicando el sentido común que les falta a quienes sólo miran por el negocio o la productividad. La primera obligación y el primer deber que tiene toda persona trabajadora es conocer sus derechos y, sobre todo, tiene la obligación de proteger su vida. Parte de la sociedad se pasa media vida leyendo libros de autoayuda con los que busca solucionar los problemas y situaciones que se les plantean mientras que la mejor autoayuda posible para uno mismo es defender sus propios derechos, conocer a fondo su convenio colectivo o la ley de prevención de riesgos laborales y hacer que se cumplan.
Miguel Fadrique Sanz
Secretario General de la CGT
Fuente: Rojo y Negro
