El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley integral contra la violencia de género, que ahora se llamará Ley Integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
Un paso adelante contra la violencia machista aunque tiene algunas lagunas importantes y habrá que ver cómo se desarrollará y qué financiación tendrá según la la Secretaría de la Mujer de CGT
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley integral contra la violencia de género, que ahora se llamará Ley Integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
El objetivo de este texto es potenciar la prevención de los malos tratos y mejorar la protección y la asistencia a las víctimas.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció que esta futura ley creará nuevos juzgados y una Fiscalía especial, endurecerá las penas contra el agresor y constituirá un fondo para reforzar los servicios sociales destinados a la víctima.
El texto legal, cuyos pilares se asientan en la prevención, la protección y el apoyo a la víctima, también prevé reformar el ámbito penitenciario para que los agresores puedan acogerse a cursos de rehabilitación ; la creación de unidades especializadas dentro de la Policía Nacional, y programas de inserción laboral para las víctimas.
El anteproyecto será enviado al Consejo Económico y Social, al Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Escolar para analizarla antes de su aprobación definitiva por el Ejecutivo y de su tramitación parlamentaria.
La norma favorecerá también el acceso de las víctimas a las viviendas de protección oficial y mejorará el modelo que bonifica a las empresas que las contratan ; también prevé la creación de una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que la futura ley «tipificará singularmente todas las formas de amenazas, coacciones, lesiones y violencia contra la mujer».
Carácter Integral
El ministro subrayó el carácter integral de esta norma, con la que «formamos una panoplia de frentes a acometer de manera consistente, congruente, con unidad de sentido y con un mensaje de compromiso rotundo del Gobierno, del Parlamento y del conjunto de la sociedad» para combatir lo que López Aguilar calificó como un «mal absoluto» con el que «no podemos convivir».
Preguntado sobre la mala utilización de la orden de protección de la que han advertido algunos jueces, López Aguilar quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, porque «es posible desactivar las denuncias falsas y corregir los abusos de la ley», pero insistió en que el «compromiso prioritario» del Gobierno es proteger a las mujeres.
El problema «mayúsculo» de la violencia de género hay que combatirlo, según el ministro, con la misma energía que el terrorismo, desde todos los frentes y con «la ley en la mano de forma implacable».
El PP ha calificado de «decepcionante» el anteproyecto de ley. La Popular Sandra Moneo ha anunciado que su grupo pedirá, «con rango legal», que se adopten mecanismos de protección individualizada a las víctimas y ha advertido que posee «lagunas importantes» en lo referido a la protección física de las víctimas.
Por su parte, la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género ha valorado de forma positiva la aprobación del anteproyecto de ley contra la violencia ejercida sobre las mujeres, pero ha cuestionado la reforma que permite a los agresores condenados seguir cursos de rehabilitación.
A expensas de estudiar en profundidad la iniciativa legal, que será enviada antes del 30 de junio a las Cortes para su tramitación, Ángeles Álvarez ha considerado muy positiva la implicación de las policías locales en la protección de las víctimas, lo que «da proximidad y permite una reacción más rápida en situaciones de riesgo» y ha pedido que a partir de ahora exista una relación más intensa para que las asociaciones de mujeres puedan hacer sus aportaciones.
También ha valorado las medidas relativas a la utilización de la imagen de la mujer en la publicidad -«caldo de cultivo del desprecio hacia las mujeres-» ; así como la creación del Observatorio Nacional sobre Violencia Doméstica y de una Delegación del Gobierno encargada de coordinar todas las actuaciones en esta área.
Sobre la reforma que permitirá al condenado por este tipo de violencia acceder a programas de rehabilitación, ha señalado que habrá que esperar a cómo se desarrolla, «pero experiencias como la de los Juzgados de Alicante no sólo no dan resultado, porque no son programas terapéuticos -no se les puede rehabilitar con cuatro charlas-, sino que además ponen en más riesgo a las víctimas».
Endurecimiento de las penas
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Angela Alemany, ha valorado también las medidas del anteproyecto, en particular el endurecimiento de las penas contra los agresores, las referidas al ámbito laboral, que ha calificado de «muy novedosas y adecuadas».
El anteproyecto reconoce a la víctima el derecho a la reducción del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de relación laboral con reserva del puesto de trabajo y a la extinción del contrato, en estos dos últimos casos con derecho a la prestación por desempleo.
En el lado opuesto, Alemany ha criticado la ausencia de un fondo que garantice a la mujer la percepción de las pensiones alimenticias, y el hecho de que la futura ley no aborde «otras violencias contra la mujer, como la sexual y el tráfico de mujeres».
Por último ha considerado necesaria la formación de los jueces que se vayan a adscribir a los nuevos juzgados encargados de abordar la violencia de género, «deben estar especializados y formados no sólo en cuanto a las medidas jurídicas sino también en la formación de lo que significa este problema social».
Par : Secretaría de la Mujer