Las secciones sindicales Autonomía Obrera y CGT responsabilizaron ayer a la Dirección del Hospital Puerta del Mar del aborto sufrido por una trabajadora del Servicio de Rayos del centro ante las “presiones y amenazas ejercidas sobre ella”, lo que fue calificado como una “gravísima agresión”.
Según explicó a Cádiz Información la propia afectada, Auxiliadora F., el pasado 28 de marzo, tras concluir un contrato en el Hospital de Puerto Real y ya sabiendo que se encontraba embarazada, la llamaron del centro gaditano para que se incorporara al Servicio de Rayos. Ella se mostró dispuesta a ocupar el puesto, aunque les informó de su estado. “Cuando me llamaron de Cádiz, yo les dije que iba a trabajar sin problema, pero que como estaba embarazada, no iba a estar con radiación. Yo quería trabajar por supuesto, pero me negaba a hacerlo con radiaciones”, explicó la trabajadora, bastante afectada.
Las secciones sindicales Autonomía Obrera y CGT responsabilizaron ayer a la Dirección del Hospital Puerta del Mar del aborto sufrido por una trabajadora del Servicio de Rayos del centro ante las “presiones y amenazas ejercidas sobre ella”, lo que fue calificado como una “gravísima agresión”.
Según explicó a Cádiz Información la propia afectada, Auxiliadora F., el pasado 28 de marzo, tras concluir un contrato en el Hospital de Puerto Real y ya sabiendo que se encontraba embarazada, la llamaron del centro gaditano para que se incorporara al Servicio de Rayos. Ella se mostró dispuesta a ocupar el puesto, aunque les informó de su estado. “Cuando me llamaron de Cádiz, yo les dije que iba a trabajar sin problema, pero que como estaba embarazada, no iba a estar con radiación. Yo quería trabajar por supuesto, pero me negaba a hacerlo con radiaciones”, explicó la trabajadora, bastante afectada.
“No soy la primera técnico de rayos que se queda embarazada -continuó- y en esos casos, nos ponen en el ecógrafo o nos ubican en el mostrador de atención al público o en otros lugares”.
Desde el Hospital no le pusieron ningún inconveniente, por lo que el 29 de marzo, Auxiliadora se incorporó al puesto, informando nuevamente de su estado a la supervisora de su unidad y solicitando que, por tal motivo, no le asignaran ningún aparato donde pudiera recibir radiaciones ionizantes, petición que los sindicatos consideraron “absolutamente lógica”, recordando otros casos de trabajadoras en gestación que han sido ubicadas en otras salas.
Tras informar a sus superiores, “me dijeron que me quedara en el mostrador” -agregó la trabajadora-, mientras que la supervisora de la unidad preguntaba a la Dirección de Enfermería sobre el cambio de ubicación. Según los sindicatos, “la supervisora rechazó de forma tajante la petición de la técnico, le exigió que permaneciera en su puesto habitual con un dosímetro en el abdomen y le advirtió que, si no lo hacía, le abriría un expediente disciplinario”. Estos hechos fueron ratificados por la trabajadora, que afirmó que la supervisora “me dijo que lo sentía mucho, pero que me tenía que poner a trabajar en un aparato de radiación y que si al día siguiente no estaba en mi puesto, me abría un expediente por abandono de trabajo. Yo le pregunte si no tenía otro puesto, que yo quería trabajar, pero no quería perjudicar a mi hijo en ningún momento”.
Esta conversación entre la supervisora y la técnico afectada sucedió en una escalera del centro, cuando la segunda se dirigía a desayunar. Ya entonces, sintió que estaba sangrando, algo que verificó cuando posteriormente fue al servicio y la hemorragia era mayor.
Otro puesto
Los sindicatos afirman que “es totalmente incierto” que se le ofreciera cualquier otro puesto alternativo y consideran que “el trato recibido fue tan indigno y la tensión emocional sufrida tan enorme que, tras la conversación, la trabajadora comenzó a presentar los primeros síntomas de posible aborto, viéndose obligada a acudir a Urgencias y solicitar la baja laboral”.
Desde Autonomía Obrera y CGT argumentan que “la trabajadora permaneció en esas condiciones una semana hasta que en otra revisión con su ginecólogo, el día 5 de abril, le confirmaron el diagnóstico de aborto completo”, lo que achacan a que “a la Dirección de Enfermería no le dio la gana de evaluar la totalidad de los riesgos -incluidos los psíquicos- que el trabajo con radiaciones puede conllevar para cualquier mujer embarazada”.
Los sindicatos califican lo ocurrido de “totalmente intolerable y criminal” y consideran que “constituye un claro ejemplo del grado de sadismo e inhumanidad al que es capaz de llegar esta Dirección con tal de explotar al máximo los recursos humanos de que disponen”. Así, agregan que este caso constituye “la expresión extrema de toda una política de personal caracterizada por el recorte constante de nuestros derechos y el deterioro creciente de la salud laboral del personal del centro”, lo que es demostrable con “el desproporcionado y creciente número de bajas laborales que se producen por patologías de naturaleza psíquica -depresiones, estrés, ansiedad-”.
Los sindicatos inciden en los riesgos psíquicos
Las secciones sindicales Autonomía Obrera y CGT consideraron a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales como la “única instancia legal que debe y puede realizar una valoración global de los riesgos físicos y psíquicos que un determinado puesto de trabajo conlleva”. En este sentido, explican que el informe de la Unidad de Radiofísica, en el que “se ha intentado justificar la postura de la Dirección de Enfermería”, recoge que “no existe riesgo físico para las trabajadoras embarazadas que trabajen con radiaciones siempre y cuando se adopten las medidas de protección pertinentes”. No obstante, inciden en que este informe resulta “absolutamente insuficiente”, ya que además de antiguo -data de 1993-, “no tiene en cuenta los factores de riesgo psíquicos que se producen también en cualquier persona en gestación que trabaje con radiaciones por el miedo a posible exposición imprevisible que pueda afectar al feto”. Por ello, insisten en que la única instancia legal que pueda realizar una valoración global es la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, unidad que “desgraciadamente, sólo actúa a iniciativa de la Dirección y que en ningún momento fue consultada por la Dirección de Enfermería en este caso”, afirman los sindicatos. Desde Autonomía Obrera y CGT exigen a la Delegación Provincial de Salud que “deje de mentir en este triste y lamentable asunto y tenga la dignidad de llamar y preguntar directamente a la trabajadora afectada por todo lo sucedido, ya que nadie del SAS ni de la Dirección del centro se ha interesado”.
Salud estudia ejercer acciones legales
El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz está estudiando ejercer acciones judiciales contra las secciones sindicales CGT y Autonomía Obrera tras la denuncia de que la Dirección de este centro fue la causante del aborto de una trabajadora del Servicio de Rayos, argumentado que dicha acusación sindical “carece de fundamento y pruebas”, además de que “está plagada de mentiras”. Según fuentes hospitalarias, “y ante la gravedad de las acusaciones”, la Dirección del Puerta del Mar se está planteando elevar a la Fiscalía toda la documentación relacionada con el caso, “para que determine si las actuaciones emprendidas y las denuncias realizadas pueden ser constitutivas de delito”. Así, en opinión de la Dirección, estas acusaciones “son inaceptables”, ya que el centro sanitario “cuenta con un programa de evaluación y control de las dosis de radiación que pueda recibir el embrión de una trabajadora gestante”, un protocolo que se aplica “siempre que se comunica un embarazo a los responsables de las instalaciones”.
maría eugenia medina Cádiz
