Sorprendidos los grupos de poder por la inagotable frescura y pujanza de los movimientos sociales (15M, PAH, mareas ciudadanas), no han tardado en dar instrucciones al gobierno de la derecha neoliberal para que endurezca las leyes que garantizan las libertades imprescindibles para que un sistema entre, aunque sea con calzador, en la lista de democracias.
Lo primero que se les ha ocurrido, tras la huelga de la limpieza de Madrid y el éxito de las movilizaciones sociales de carácter asambleario, ha sido lanzar a sus tertulianos a exigir una pronta y dura regularización de los derechos de huelga y manifestación. Oyéndoles predicar el apocalipsis podría pensarse que esas expresiones ciudadanas no están ya acotadas por la ley.
Lo primero que se les ha ocurrido, tras la huelga de la limpieza de Madrid y el éxito de las movilizaciones sociales de carácter asambleario, ha sido lanzar a sus tertulianos a exigir una pronta y dura regularización de los derechos de huelga y manifestación. Oyéndoles predicar el apocalipsis podría pensarse que esas expresiones ciudadanas no están ya acotadas por la ley. El derecho de huelga tiene tantas restricciones que los trabajadores dudamos de su utilidad: preavisos de 5/10 días, servicios mínimos de hasta el 80 %, piquetes meramente informativos, prohibición de huelgas de solidaridad…
En cuanto a las manifestaciones, la legislación también estipula una serie de requisitos, plazos y responsabilidades para los organizadores, sin dejar de marcar sanciones económicas o incluso la prohibición en cuanto a la autoridad se le antoje entorpecer esos sagrados derechos ciudadanos, sobre todo si sus promotores son críticos con los poderes establecidos.
La iniciativa del gobierno del Partido Popular para poner nuevas trabas al derecho de huelga y fijar desorbitadas multas por manifestarse ante instituciones públicas, hacer escraches a políticos, increpar a la policía, etc. no tiene otro objetivo que intentar frenar, por la vía de las abultadas sanciones económicas (hasta 600.000 euros) o incluso la petición de penas de cárcel, toda la indignación social que empieza a organizarse y reclamar sus derechos.
También puede parecer casualidad la insistencia del poder en lanzar burdas campañas para atemorizar al personal con peligrosos grupos anarquistas, dispuestos a acabar con esta democracia tan modélica, por los medios más violentos que la atónita audiencia televisiva se pueda imaginar si „y ahí viene el mensaje toscamente disimulado„ la sociedad no se dota de las normas autoritarias y los medios represivos que el Estado y quienes lo tripulan nos ofrecen.
El embrollo que se ha montado con la detención de varios jóvenes, acusados de pertenecer a un comando ácrata tan inexperto como desconocido, al que se acusa de colocar rudimentarios explosivos en algunos templos, parece más un montaje de la desaparecida (?) Brigada Político Social franquista que un caso claro y documentado de terrorismo merecedor de tal nombre.
En momentos de crisis y dramas sociales como los que se están viviendo, no es mala solución (ya que para el paro o la corrupción no se quieren buscar) echar mano de viejos fantasmas, como el terrorismo o la inseguridad ciudadana, para que el personal no hable de los problemas que nos aquejan y se distraiga pensando que alguien puede robarle la cartera? vaciada antes por banqueros y políticos. ¿Habrá más inseguridad que no saber si vas a comer o te vas a quedar en la calle al día siguiente? ¿Acaso no es violencia que te quiten la casa, el trabajo y los servicios públicos?
Antonio Pérez Collado
CGT-PV
http://www.levante-emv.com/opinion/2013/12/11/excepcion-permanente/1059230.html
http://www.cgtpv.org/Antonio-Perez-Collado-Contra-el.html
Fuente: Levante-EMV
