"Cada guerra que los estadounidenses libraron o podrían librar en el futuro fuera de sus límites continentales, fue o será un latrocinio. Un mezquino, cruel y asqueroso latrocinio."

Así decía en 1935 el Mayor Smedley Butler.

Esta afirmación, «la guerra es un latrocinio», que es
además el título de su breve libro sobre el negocio de la guerra, suena
igual de cierta hoy en día. Recientemente, una valiente empleada civil
del ejército ganó una batalla para hacer que los que lucran con la
guerra sean responsabilizados por sus actos. Su nombre es Bunnatine
«Bunny» Greenhouse.

Esta afirmación, «la guerra es un latrocinio», que es
además el título de su breve libro sobre el negocio de la guerra, suena
igual de cierta hoy en día. Recientemente, una valiente empleada civil
del ejército ganó una batalla para hacer que los que lucran con la
guerra sean responsabilizados por sus actos. Su nombre es Bunnatine
«Bunny» Greenhouse. Cuando su empleador, el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Estados Unidos, concedió, sin llamado a licitación, un
contrato de siete mil millones de dólares a la filial de Halliburton
Kellogg, Brown and Root, más conocida como KBR,
poco antes de que Estados Unidos invadiera Irak, Bunny hizo la
denuncia. Era parte de su trabajo: intentaba garantizar que
procedimientos de licitación competitivos ahorraran dinero al gobierno
de Estados Unidos. Por hacer su trabajo fue obligada a abandonar su
cargo, fue degradada y hostigada.

Esta semana, luego de librar una batalla legal de más de media
década, Bunny Greenhouse finalmente ganó. El Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Greenhouse por
novecientos setenta mil dólares, que incluye restitución completa por
lucro cesante, compensación por daños y perjuicios y costas legales.

Su «falta» fue objetar un contrato otorgado sin previa licitación a KBR
por siete mil millones de dólares. La invasión a Irak de 2003 estaba
prevista para algunas semanas después, y los asesores militares de Bush
habían pronosticado que Saddam Hussein haría explotar los yacimientos
petrolíferos como sucedió en ocasión de la invasión estadounidense de
1991. El proyecto se denominó «Restablecer el Petróleo Iraquí» o RIO, por sus siglas en inglés, y fue creado para extinguir el fuego en los yacimientos petrolíferos. KBR
pertenecía en ese momento a Halliburton, cuyo presidente hasta el año
2000 había sido nada menos que el entonces Vicepresidente Dick Cheney. KBR fue la única compañía a quien se invitó a ofertar.

Bunny Greenhouse dijo a sus superiores que el procedimiento era
ilegal. La ignoraron. Greenhouse dice que la decisión de otorgar el
contrato a KBR provino de la Oficina del Secretario de Defensa, dirigida por el buen amigo del Vicepresidente Cheney, Donald Rumsfeld.

Como dijo Bunny Greenhouse a un comité del Congreso: «Podría afirmar
sin equivocación que la corrupción vinculada a los contratos otorgados a
KBR representa el más descarado y deshonesto
uso indebido de contratos que he visto durante el transcurso de mi
carrera profesional.»

Los yacimientos petrolíferos no ardieron en llamas. No obstante, se autorizó a KBR
a rediseñar su contrato no licitado de siete mil millones de dólares a
fin de proveer combustible y otro tipo de apoyo logístico a las fuerzas
de ocupación. El contrato fue categorizado como un «contrato de costos
reembolsables», lo que significa que KBR no
estaba en condiciones de proveer los servicios a un precio fijo y
establecido. En su lugar, cobraría los costos más un porcentaje fijo
como ganancia. Cuantos más costos incluyera KBR, más ganancias obtendría.

Como jefa de la oficina de compras, la firma de Greenhouse debía
figurar en todos los contratos por montos superiores a diez millones de
dólares. Poco después de denunciar el atroz contrato RIO,
Greenhouse fue rebajada de rango, se le quitó el acceso a información
clasificada de máximo secreto y comenzó a obtener las calificaciones de
desempeño más bajas. Antes de hacer la denuncia, había recibido siempre
las calificaciones más altas. Finalmente, renunció a su puesto al verse
enfrentada a un insoportablemente hostil ambiente de trabajo.

Luego de años de litigio, su abogado, Michael Kohn, presidente del
Centro Nacional de Informantes, logró que el caso llegara a un acuerdo.
Kohn declaró: «Bunny Greenhouse arriesgó su puesto de trabajo y su
carrera cuando objetó el enorme desperdicio de dólares de los
contribuyentes federales y las prácticas de contratación ilícitas que
tenían lugar en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tuvo la valentía
de ponerse de pie y desafiar a poderosos intereses especiales. Dejó al
descubierto un ambiente de contrataciones corrupto en el que las
prácticas informales y entre amigos eran la norma en lo que refiere a la
aprobación de contratos. Su valentía llevó a que se hicieran
modificaciones legales que detendrán para siempre los groseros abusos de
poder que ella tuvo el coraje de exponer.»

Por su parte, el director ejecutivo del Centro Nacional de
Informantes, Stephen Kohn (hermano de Michael Kohn) me dijo: «Los
empleados federales que denuncian prácticas ilegales la pasan muy mal.
Por lo que cada vez que el gobierno se ve obligado a pagar daños y
perjuicios por remuneraciones adeudadas, compensación por daños y costas
legales, es una gran victoria. Espero que esto constituya un punto de
inflexión. El caso fue muy peleado y nunca se debería haber tenido que
presentar una demanda ya que Bunny hizo lo correcto.»

Según el economista ganador del Premio Nobel Joe Stiglitz, los costos
de las guerras en Irak y Afganistán superarán los cinco mil millones de
dólares. Con costos así, ¿por qué la guerra no se encuentra en el
centro del debate sobre la deuda nacional?

El dos veces ganador de la Medalla de Honor del Congreso Mayor
Smedley Butler tenía razón hace setenta y cinco años cuando dijo sobre
la guerra: «Probablemente, es la estafa más vieja, de lejos, la que deja
más ganancia y seguramente, la más despiadada. Es la única cuyas
ganancias se cuentan en dólares y sus pérdidas en vidas y que se lleva a
cabo para beneficio de unos pocos, a expensas de muchos.»

Mientras el Presidente Obama y el Congreso argumentan que la Salud
Pública y la Seguridad Social son los dos factores que desestabilizan el
presupuesto, el pueblo debería exigirles a ellos que dejen de solventar
la guerra.


Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman

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Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español. Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org